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5 Lineamientos Programáticos para una Convergencia Opositor Hacia la Superación de la Desigualdad

Por Patricio Palma (*)

Los enclaves autoritarios, la baja participación ciudadana en la política, la desigualdad social y la carencia de derechos laborales básicos, son los principales obstáculos para el desarrollo del país.

Buscamos conformar una amplia unidad de la oposición, que permita desplazar a la derecha del gobierno y abrir el camino a un gobierno diferente, que profundice la insuficiente democracia actual en la perspectiva de transformaciones más profundas.

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PRIMERA DEMANDA: Declaración Publica PC

DECLARACIÓN PUBLICA

 

La propuesta de reforma electoral que ha entregado Renovación Nacional al gobierno, independientemente de que contenga algunos aspectos a considerar y que incluso se pueden suscribir, en lo principal pretende establecer un sistema electoral más antidemocrático que el existente.

 

Renovación Nacional está usando el mismo método engañoso que uso para evitar la aprobación del derecho a voto de los chilenos en el exterior, dice que SI a los cuatro vientos, pero pone alguna exigencia absurda, para, al final, votar NO.

 

Resulta particularmente ridícula su propuesta de exigir un 7% de umbral para que los partidos que no elijan por el sistema binominal obtengan 2 diputados. Las normas existentes hoy establecen un 5% para mantener la legalidad de todo partido, es lo que se debe establecer como umbral.

 

Renovación Nacional propone de hecho elevar el umbral de exclusión, negando con ello lo que Carlos Larraín firmó, junto a dirigentes de la concertación y el PC, la decisión de terminar con la exclusión.

 

Además, con esa fórmula de un umbral de 7% para la elección de 2 diputados, de aplicarse a todos los partidos, Renovación Nacional, que tiene un 14% de la votación debiera elegir sólo 4 diputados.

 

Entre otras formulaciones, la propuesta de RN deja prácticamente sin  derechos ciudadanos a los empleados públicos.

 

En cuanto al financiamiento de las campañas, propone que las empresas privadas que hagan aportes a las candidaturas, puedan obtener franquicias tributarias. En otras palabras, sería el Estado el que pagaría la cuenta de los privados.

 

Su anuncio de otorgar los votos para borrar el guarismo 120 de la Constitución, lo que permitiría modificar el número de diputados a elegir, está sujeto a tantas exigencias, algunas de ellas del tenor ya señalado, que en el fondo dejan todo en nada.

 

El Presidente de RN ha dicho que se han dado 30 días con el gobierno para negociar la reforma. Es preciso que esta negociación se traslade al Congreso. De no haber cambios en los puntos esenciales no respaldaremos esta propuesta.

   PARTIDO COMUNISTA DE CHILE.   

Santiago, 7 de julio de 2007

 

CUARTA DEMANDA: Propuesta sobre Medio Ambiente del PC

Propuesta de Discusión de la Política Ambiental del Partido Comunista de Chile  

A diario somos espectadores de los cambios que en nuestro medio se producen. Desde la basura en las calles al calentamiento global, los patrones de consumo y los modos de producción, sin duda permiten explicar en gran parte, la actual situación relacionada con la depredación de la que ha sido objeto el medio ambiente global. Si bien el ser humano desde milenios ha hecho uso de los recursos naturales que su medio le posibilitó, lo cierto es que a partir de la revolución industrial se intensificaron los procesos de extracción de materia prima y se industrializó la producción apoyada en el uso de energía inanimada.

No obstante, el aporte para la humanidad de los avances en el conocimiento y desarrollo de tecnologías que significó la revolución industrial, es preciso reconocer que también los modelos capitalistas se nutrieron de la producción en serie, bajando los costos de ésta, aumentando dicha producción, y masificando el consumo de bienes.

a acumulación de riquezas es entonces articulada con la progresiva generación de nuevas necesidades de consumo. Los importantes requerimientos de recursos naturales que generan dichos patrones de consumo junto con medios de producción que generan contaminación de toda clase, son directamente responsables de la deforestación de parte importante de la Amazonía, de la sobreexplotación de los suelos para monocultivos, de la contaminación por sedimentación o riles de los cursos de agua, y de las emanaciones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, entre otros. En esta dirección, el último informe del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) es decidor, pues señala una clara incidencia de origen antrópica en el calentamiento global que se ha registrado en estas últimas décadas, y precisa que las emanaciones de gases de efecto invernadero serían entonces un factor determinante en la explicación del cambio climático del planeta. También sostiene que las latitudes medias del hemisferio Norte ha sido donde se han evidenciado mayormente los impactos del cambio climático. 

Otro elemento importante en estas consideraciones, lo constituye la dependencia del primer mundo con los países subdesarrollados cuya función dentro de la globalización hegemónica del capitalismo es precisamente la de abastecer de materias primas junto con la disminución de los costos de producción a costa de indignas condiciones laborales para los trabajadoras y trabajadores. Asimismo, ya han acabado con gran parte de sus recursos y ven en nuestros países la posibilidad de extraerlos, no importando cuales sean los costos sociales, económicos y ambientales para el tercer mundo. Ya los impactos generados por la sobreexplotación de los recursos naturales y la contaminación del aire, se pueden observar en la pérdida de masa glaciar, pérdida de suelos para cultivo, pérdida de biodiversidad, que en un mediano plazo pueden acentuar el problema de la disponibilidad del recurso hídrico para todo uso, del avance de los procesos de desertificación, de la disponibilidad alimentaria, entre otros. En este orden de cosas, el tema medio ambiental es un elemento más que se incorpora a la lógica del mercado como un elemento transable, así como la mano de obra, la educación, la salud, etc., respondiendo al modelo neoliberal que antepone el beneficio económico por sobre la armonía social, natural y de los equilibrios ecológicos. En tal sentido, la crisis medioambiental que amenaza la vida de la especie humana, es una manifestación inequívoca de la irracionalidad del modelo neoliberal, lo que deja en evidencia las profundas contradicciones de éste en relación con el medio. En Chile los impactos en el medio ambiente responden también a la lógica del modelo económico imperante. Asimismo, la derecha dejó amarrado un marco jurídico que favorece las inversiones extranjeras, y de los grandes grupos económicos nacionales, que consecuentemente, encuentran excelentes condiciones para sus negocios puesto que las normas ambientales, junto con condiciones laborales, ambas flexibles a las necesidades del gran empresariado, permite hacerlos ampliamente rentables, bajando costos de producción y mejorando la misma, situación que en países desarrollados no podrían reproducir.

Ahora bien, la concertación es también quién ha administrado el modelo neoliberal y legitimado dicho marco jurídico heredado de la dictadura militar. Dicho marco jurídico nacional es el que permite el deterioro ambiental, expresado en estos días a través de la legislación e institución ambiental, las que responden a los intereses del gran empresariado nacional y trasnacional, entregando todas las posibilidades para que operen y abusen de los recursos naturales de todos los chilenos, bajo el amparo legal del “que contamina, paga”. La política ambiental de Chile provoca perjudiciales efectos en la biodiversidad y en el funcionamiento de los sistemas naturales. Por ejemplo, un falso impuesto específico a la minería que se presenta como royalty aún cuando no lo es, permite que el cobre sea sobre-explotado; la reducción de la biomasa marina producto de una ley de pesca pro-industrial; la tala ilegal de bosques endémicos y el exponencial crecimiento de la producción de monocultivos que acrecienta al desertificación y degradación de suelos; la contaminación de reservas naturales protegidas; los efectos de las industrias químicas y de celulosas; plantas de tratamiento de aguas en medio de poblaciones; desarrollo de proyectos mineros a los que no se establecen regulaciones finitas en su planificación y proyección; la falta de planificación urbana y la desafectación de suelos agrícolas; la contaminación radioeléctrica en zonas urbanas, producto de antenas (celulares y/o transmisión); la entrega de los derechos de agua a empresas privadas, perdiendo con esto la soberanía sobre este recurso estratégico; las consecuencias del monocultivo marino y las salmoneras en el sur de nuestro país, entre otros. 

Parte importante de la crisis ambiental, social, cultural y económica que enfrenta Chile, es la Constitución Política de 1980, que cambia su carácter social por el de subsidiario, abriéndole camino al lucro y a la desregulación nacional. Por ejemplo, en el tema del agua, más allá del mercado del agua y sus respectivos derechos, el Código de Agua que nace luego de dicha Constitución, define este recurso como un “bien nacional de uso público” y como “bien económico”, por lo tanto, transable en el mercado y adjudicable a los poderes económicos nacionales y transnacionales, situación que nos obliga a exigir la Renacionalización de este elemento vital, ya que es un recurso estratégico en la perspectiva ambiental y energética nacional. Estos problemas, que entre otros tantos se desencadenan a escala nacional, dejan de manifiesto y en evidencia la pérdida del patrimonio ambiental y el fracaso de la institucionalidad ambiental chilena, lo que nos insta a establecer el debate sobre una nueva institución ambiental que realmente funcione y opere de manera científico-técnica, y que tenga atribuciones fiscalizadoras y sancionadoras, dándole un carácter distinto a lo que actualmente es la CONAMA, acabando con el fuerte choque de intereses que existe al tratar el tema medioambiental y el crecimiento económico, ya que ésta es funcionalmente política y condescendiente con los intereses empresariales y del gobierno de turno. El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), por su parte, es "el principal instrumento de gestión ambiental de carácter preventivo", este sistema que rige bajo la Ley Nº 19.300 Sobre Bases para el Medio Ambiente, se ha visto relativizado, transformándose en un instrumento permisivo para la inversión privada (principalmente), donde los empresarios han incorporado las multas por daños al medio ambiente, como costos de producción, lo que explica las aberraciones ambientales ocurridas bajo esta ley. Además, encontramos que ministerios y servicios sectoriales, que en la práctica diseñan e implementan la política ambiental, tienen incentivos de promoción y fomento: por ejemplo, el Ministro de Vivienda es evaluado por el número de viviendas que construye y no hay incentivo para el urbanismo; al Ministerio de Agricultura se le califica por las mayores exportaciones agrícolas y no hay estímulos para limitar la degradación de suelos; la Subsecretaría de Pesca es evaluada por las exportaciones pesqueras y no por la conservación de los recursos marinos, etc.

Situación que agrava aún más el desempeño de la legislación y de la institucionalidad ambiental existente. Debemos estar conscientes de la urgencia de generar plataformas políticas y técnicas en el orden ambiental y energético, en tanto se trata de un tema preponderante. Lo anterior, en virtud de que, principalmente, nuestra calidad de vida se ve mermada por las políticas neoliberales aplicadas por los sucesivos gobiernos de la concertación y quienes administran el poder, entregándoles todas las posibilidades de obrar por sobre medio ambiente a los grupos económicos. Lo anterior se condice con un parlamento que en su totalidad, representa éstos intereses e impide que las políticas ambientales sean más agudas y eficientes en torno a la protección y conservación del patrimonio natural chileno. Lo anterior, nos exige establecer parámetros distintos para avanzar hacía un desarrollo social, económico, científico, técnico y cultural alternativo en función de las necesidades de nuestro pueblo, ya que decididamente, la política ambiental de un gobierno alternativo y popular, debe estar supeditada a un modelo de desarrollo distinto, que reconozca el real aporte del capital natural a los procesos productivos, siendo acorde a las dinámicas regionales y locales, enfrentando el asunto ambiental desde enfoques ecosistémicos integrales muy relacionados a la economía nacional. 

Chile debe entonces hacerse de elementos que le permita avanzar hacia una sociedad de nuevo tipo, acorde a las necesidades de la mayoría de los habitantes de nuestro país, donde el Estado asume un rol superior al garantizar el resguardo de las necesidades básicas, del patrimonio natural nacional, y un medio ambiente libre de contaminación. Podríamos acordar la siguiente contradicción en este ámbito, Desarrollo Sustentable v/s Neoliberalismo, donde los patrones de consumo definidos por el modelo, impiden que exista sustentabilidad ambiental y económica, y agudizan cada vez más el deterioro del medio ambiente, en función de producir mayores bienes de consumo transables. Dicha contradicción, nos obliga a avanzar en resolver la contradicción del período definida en el XXIII Congreso del Partido Comunista de Chile de Democracia v/s Neoliberalismo, ya que un Estado verdaderamente democrático es el único que puede establecer una nueva forma de relación entre el hombre y la naturaleza. 

De tal manera, es imperioso centrar la discusión en función de la conservación de un  medio ambiente que permita un desarrollo acorde con la sociedad que queremos construir, sin que esta discusión sea sesgada y fundamentalista en lo ecológico, ya que como materialistas, debemos tener claro que si optamos a ser poder con plena autonomía política y económica, necesitaremos intervenir y utilizar las riquezas naturales y materiales para el sostenimiento de éste, pero la intervención que impulsemos debe ser de forma sostenida, racional y generando bajo impacto a los equilibrios naturales. Por otra parte, debemos definir una posición respecto a la nueva institucionalidad ambiental chilena, además de exigir el debate público, abierto y con el conjunto de la ciudadanía, ya que hasta el momento, y como es usual en esta sociedad, la discusión se ha dado a puertas cerradas.

Debemos debatir sobre la propuesta de un Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con una Contraloría o Superintendencia de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Dicho debate, debemos desarrollarlo a la brevedad, ya que de nada sirve nominar a aun ministro de medio ambiente, si no existen definidas las funciones y el marco regulatorio de la institución ambiental. De tal modo, y asumiendo que el agua es un elemento estratégico para la vida cotidiana de nuestro país y la humanidad, no sería inútil plantearse la creación de un Ministerio de los Recursos Hídricos u otro nombre que se estime, pero que apunte en esa dirección.

Así como el cobre es estratégico para la economía y desarrollo nacional, el agua es estratégica para la economía, la vida y la relación de las especies. Debemos profundizar la discusión sobre una legislación ambiental alternativa, definida por una política acorde a los intereses de las mayorías. Por ejemplo, considerar la incorporación de la defensa del medio ambiente como parte del currículo en la enseñanza básica y media; hacer obligatorio los plebiscitos comunales en esta materia; proponer la figura de un defensor público del medio ambiente; crear una institucionalidad que reúna los recursos estatales de los servicios públicos de salud, agricultura, pesca, universidades, etc. Por otra parte, debemos terminar con el estigma que se tiene de la izquierda y los comunistas, de que nos oponemos al “progreso” y “crecimiento”, para ello, establecemos en esta primera etapa táctica de transformación, cuatro elementos centrales para el establecimiento de un Desarrollo Sustentable Ambiental, Económico y Social:

·         Primero, cada inversión debe asegurar la creación de puestos de trabajos dignos, estables, y con sueldos justos.

·         Segundo, debe ser sustentable ambientalmente causando la menor cantidad de impactos posible sobre los ecosistemas.

·         Tercero, debe necesariamente producirse transferencia tecnológica, cosa de avanzar como sociedad hacia un desarrollo técnico que nos permita conquistar la industrialización nacional y acabar con la dependencia tecnológica (se debe fomentar la investigación, para asegurar un buen manejo  en la explotación de los recursos, además de avanzar a la tercera fase exportadora dándole valor agregado a los productos).

·         Cuarto, cada empresa que explote cualquier recurso natural chileno, debe pagar adecuados impuestos y royalty. Entre los elementos que debemos apostar como comunistas para el mejoramiento de la calidad ambiental son:

1.- Exigir una nueva política energética. Para ello debe establecerse un programa eficaz de investigación, desarrollo y aplicación de todo tipo de energías alternativas, estableciendo los conceptos de ahorro y eficiencia energética, y avanzando así, hacía la “Autodeterminación Energética Nacional”, lo que exige al país diversificar su matriz energética relacionando formas convencionales con alternativas.

2.- Recuperar soberanía plena sobre su territorio, sus recursos naturales, tierra, subsuelo, aguas, mar, etc., explotándolos sustentablemente, como una apuesta nacional.

3.- Debemos discutir sobre temas como, la producción forestal, el modelo del mono cultivo y la restauración de suelos degradados; la soberanía alimentaria y el desarrollo de la agroecología; la restauración ecológica nacional; el manejo integrado de cuencas, derechos de aguas y el negocio de la hidroelectricidad; derechos sobre la tierra y el manejo de los recursos naturales; planificación, desarrollo y sustentabilidad urbana, entre otros elementos que el partido junto a la comunidad debe definir. Reconocer los límites en la capacidad de carga de los ecosistemas nacionales y orientar las políticas sobre la base de ese criterio. Cobrar impuestos por la explotación de los recursos naturales (Royalties).

4.- Un órgano ambiental autónomo como una Contraloría del Medio Ambiente con mayores atribuciones, especialmente en la protección y conservación ambiental. Entregar las funciones de fiscalización de los servicios sectoriales hacia este órgano técnico y autónomo. Establecer el Delito Ambiental con responsabilidad penal.

5.- La  utilización de cabildos comunales tendientes a aportar a una propuesta  desde la población de una política medio ambiental.6.- Por último, hay que asumir desde ya, ciertas batallas en las cuales, el partido se debe involucrar con aporte técnico, y contribuyendo con esto a la organización de los grupos ambientalistas -en su mayoría diversamente alternativos- y otros que asumen luchas  incipientes contra los monstruos transnacionales, agregándoles el elemento político de fondo que ellos olvidan.

Cada estructura de partido, debe ser capaz de identificar las problemáticas ambientales que atañen particularmente a su sector, comuna, provincia y región, y al calor de ello organizar y educar a la comunidad afectada. Se necesitan atenuar las inconsistencias en los incentivos de la institucionalidad vigente, tanto en administración ambiental como en los ministerios sectoriales. 

Si Chile sigue destruyendo sus ecosistemas de los cuales depende, seguirá fortaleciéndose la inseguridad social y económica nacional, debemos comprender que los conflictos ambientales establecen problemas político – sociales, dificultades que se reconocen en nuestro país a través de la desigualdad, injusticia y falta de espacios de participación. Por lo tanto, la lucha ambiental es finalmente una lucha política que implica una profunda trasformación a nuestros patrones sociales, culturales, económicos, tecnológicos, de producción y consumo.  P

or último, el trabajo de los militantes en esta área, debiese apuntar entre otras cosas en:

·         Acercar a la comunidad,  los problemas ambientales que se presentan en nuestro país y su entorno más cercano. Es decir, “cotidianizar” la problemática ambiental.

·         Generar un espacio de expresión, enfocado a informar sobre los diferentes efectos adversos producidos en el ambiente por la explotación económica.

·         Como trabajo de masas directo en la población, involucrar a las Juntas de Vecinos, Clubes Deportivos y Centros Culturales en la limpieza de sus entornos más cercanos, a partir de los elementos del reciclaje y la reutilización. Esto permite organizar y captar recursos para el desempeño de la organización (también es importante generar educación ambiental, para un mejor desempeño de lo anterior, para comprender el fin).

·         Integrar a la comunidad, a intervenir sobre la realidad del país, para aportar en la preservación del medio ambiente, a través de las juntas de vecinos, universidades, colegios, grupos sociales, políticos, etc.

·         Hacer uso de la “participación ciudadana” y todos los espacios formales neoliberales como Juventud y Partido, en conjunto con las organizaciones sociales, de manera crítica-técnica y activa (CONAMA, CNE, SEC, SS, ETC). 

Comisión Nacional de Medio Ambiente y Energía 

PRIMERA DEMANDA: Opinión del PC sobre Reforma electoral

NUESTRA POSICION RESPECTO DE LA REFORMA DEL SISTEMA ELECTORAL 

1. Un sistema electoral democrático debe garantizar una correcta representación de la soberanía popular. En el parlamento, cada fuerza política, incluyendo aquellas de carácter independiente, debe estar representada por un número de parlamentarios equivalente al porcentaje de votos obtenidos en el proceso electoral. 

 2. En marzo pasado entregamos nuestra propuesta de reformas, que conoce todo el país. Esa propuesta se funda en tres pilares que avanzan en la dirección de ese principio fundamental:  

a) El sistema electoral debe poner fin a las odiosas exclusiones que impiden que los ciudadanos chilenos sean efectivamente iguales ante la ley. Entre las exclusiones que deben terminar están las siguientes:  – aquella que impide a un importante porcentaje de ciudadanos estar representado en el parlamento por la discriminación que, en los hechos, establece el actual binominalismo.  – aquella que impide a dirigentes sindicales y sociales ser candidatos a Parlamentarios;   aquella que obliga a tener 4º medio rendido a los candidatos a Parlamentarios;  – aquella que exige tener 21 años cumplidos a los ciudadanos que quieran ser candidatos a Diputados, en tanto sólo exige 18 años para tener derecho a voto;  – aquella que impide la inscripción automática de los ciudadanos en los registros electorales;  – aquella que no reconoce el derecho a sufragio a los chilenos que residen en el exterior;  – aquellas que impidan una mayor representación de la mujer.  

b) El sistema electoral debe garantizar la efectiva representación de los ciudadanos respetando que, independientemente del lugar del territorio en donde residan, su voto tenga el mismo valor. Esto conlleva:  – Hacer lo más efectivo posible el principio democrático de “un ciudadano, un voto”.  – Generar un sistema de representación territorial (distritos electorales) que asegure presencia de toda la diversidad geográfica y cultural del país en el Parlamento.  c) El sistema electoral debe ser garantía de no exclusión, representatividad y proporcionalidad lo que se logra de forma más eficiente con un modelo plurinominal. 

 3. En esa perspectiva, los comunistas  no renunciamos a la unidad y la movilización para abrir paso a un sistema no excluyente, representativo,  proporcional, plurinominal.  

4. En relación a una reforma electoral que haga posible el acceso al Parlamento a todas las fuerzas organizadas que tengan apoyo ciudadano, la movilización social que se ha expresado en los pasados meses ha permitido conocer las posiciones de los distintos partidos políticos representados hoy en el Parlamento.   De la síntesis que se puede hacer de esas posiciones políticas, se constata que nuestro planteamiento de un sistema plurinominal, basado en un rediseño de los distritos electorales, encuentra fuerte rechazo en los partidos de derecha y crea inquietud en muchos de los actuales parlamentarios, que ven “amenazadas sus posibilidades de reelección”, motivo por el que la Concertación retiró la propuesta Boenninger, a fin de facilitar, como se ha dicho, el inicio de tratativas con RN.  

5. Por su parte, RN ha manifestado públicamente que el mayor impedimento para cambiar el sistema electoral ha sido la Concertación de partidos de gobierno, por falta de voluntad, ya que RN estaría en disposición de terminar con la exclusión.  

6. Hoy día, por la invitación de RN, podremos saber en concreto que piensa y propone cada conglomerado, especialmente RN y la Concertación, que son los que tienen la llave en el parlamento para producir la reforma electoral. El país también debe conocer los planteamientos de cada partido de forma concreta, clara y transparente. 

 7. Para nosotros la pregunta clave es si tanto RN como la Concertación están en la disposición, tienen la voluntad política, como para plantearse un sistema mixto, que permita a los partidos o pactos, sin exclusiones, elegir un número de parlamentarios porcentualmente similar a su votación. Ello es lo esencial de una reforma, que el país mayoritariamente apoya. 

 8. En caso de que esta sea la voluntad y a partir de ello pueda funcionar un equipo técnico que de forma a un proyecto, aparece como recomendable elevar el número de diputados a 150 y los senadores a 50, sin que ello obligatoriamente signifique elevar el presupuesto del Congreso.  

9. Estamos también porque los Consejeros Regionales sean elegidos por votación popular.  

10. Estamos porque se transparente al  máximo el proceso electoral, a su financiamiento, a la equidad comunicativa, al control sobre el uso de los medios del estado.  

11. Estamos porque se establezca el plebiscito nacional.  

Partido Comunista de Chile 

CUARTA DEMANDA: Resoluciones de la reunión zonal para discutir el tema mapuche.

RESOLUCIONES DE ZONAL PARA DISCUTIR EL TEMA MAPUCHE  

En esta reunión participaron los Comités Regionales Octava Arauco, Novena Región, Región de los Ríos (Valdivia) y Llanquihue, además de los compañeros de la Comisión Mapuche del Comité Central y por la Dirección Central del Partido estuvieron los compañeros Oscar Azocar y Manuel Hernández.

 

  1. Se aprueba el informe presentado.

 

De este se destaca que el Partido tiene una orientación política clara, con una batería de argumentos que nos permite relacionarnos de manera natural con el pueblo y el movimiento mapuche, como lo dice el informe “…  nos sentimos plenamente parte de las aspiraciones del pueblo mapuche, las hacemos nuestras, son parte de nuestra concepción democrática y socialista que imaginamos.  No nos sentimos colaborando solamente desde fuera, debemos considerarnos parte de esta lucha”

Como una forma de que esta política comience a ser aplicada, es necesario que el informe y estas resoluciones sean socializadas en el conjunto del Partido de manera rápida.

 

  1. Vincular lo general con lo particular.

 

En la aplicación de nuestras definiciones políticas, se hace necesario tener capacidad de vincular las definiciones más gruesas con los problemas concretos que día a día se presentan.  De allí que se hace hincapié en el conocimientos, difusión y enriquecimiento de la plataforma propuesta en el informe.  De la misma manera hay que desarrollar formas concretas de coordinación entre los diversos conflictos que hay en el territorio mapuche. En particular debemos levantar la bandera de la libertad a los presos políticos mapuche.

 

  1. Gira para difundir estos acuerdos.

 

Como una manera de ayudar a producir esta socialización, hay que hacer una gira del compañero Israel Aillapan por los Comités Regionales involucrados.  También se deberá realzar una Gira de la Asamblea de Izquierda.

 

  1. Asamblea Nacional de la Izquierda Mapuche.

 

Se acordó realizar una Asamblea Nacional de la Izquierda Mapuche una semana antes del wexipantu, vale decir, se realizará en la fecha comprendida entre el 15 al 17 de junio. En el éxito de esta asamblea están comprometidos los Comités Regionales desde la región del Bio Bio, de la Novena, de la región de los Ríos, de Osorno, de Llanquihue, Chiloé y representantes de los peñi y lamgen que viven en Santiago y otras principales ciudades.  En el proceso de preparación de esta asamblea se deberán desarrollar asambleas comunales, sectoriales y/o provinciales, que tengan el carácter de preparatorias. Además, los dirigentes de la Asamblea Mapuche de izquierda de las provincias y comunas deben desarrollar capacidad de hacer opinión pública, a nombre de la Asamblea, sobre los conflictos y problemas que sufre el pueblo mapuche.

 

  1. Candidatura al Consejo de la CONADI.

 

Se acordó seguir trabajando y discutiendo la propuesta de levantar una candidatura a la consejería de la CONADI. Este es un tema en el que debemos recoger la opinión de muchos compañeros, un buen momento será la Asamblea Nacional Mapuche de Izquierda.  Por cierto esta cuestión debe ser refrendada por la Dirección del Partido.

 

  1. La lucha del pueblo mapuche y las tareas democratizadoras.

 

Nuestro esfuerzo será por hacer converger las distintas expresiones de lucha del pueblo mapuche en dirección del Parlamento Social y Político y las tareas democratizadoras que este se plantea, en particular lo referente al cambio del sistema binominal electoral. Esto forma parte de la lucha por terminar con la exclusión que el propio pueblo mapuche sufre.

 

  1. Una coordinación que debe permanecer en el tiempo.

 

Se concluye que esta instancia de coordinación de los regionales ubicados en el territorio mapuche, es útil y necesaria de seguir desarrollando con periodicidad.  En esto el compañero Israel Aillapan, por su vinculación con la CNO debe jugar un papel importante.

   

Temuco 31 de marzo de 2007

   

CUARTA DEMANDA: Informe a la reunión zonal para discutir el tema mapuche

 INFORME AL ENCUENTRO ZONAL PARA DISCUTIR EL TEMA MAPUCHE.

 

Compañeras y compañeros:

 

Esta reunión tiene como objetivo central lograr  avanzar en una visión más común acerca del conflicto existente en el territorio mapuche, establecer pautas en cuanto a nuestra relación con el movimiento mapuche y ser capaces de ser factor de coordinación de acciones.  En definitiva, debemos precisar nuestra política respecto de la lucha liberadora del pueblo mapuche.

 

Es necesario destacar que esta reunión se hace cuando estamos a un día, según antecedentes históricos, del nacimiento del gran jefe del pueblo mapuche: Lefxaru.  Eso es un aliciente para abordar esta discusión y buscar las mejores conclusiones.

   ¿CONFLICTO MAPUCHE? 

La sola definición de “Conflicto mapuche”, inducida desde el sistema y repetida de manera mecánica por muchos,   da una visión sesgada de lo que ocurre en relación a la lucha del pueblo mapuche por sus reivindicaciones históricas.  En efecto ¿son los mapuche los que generan el conflicto?; mas bien todo indica que, primero la corona española y después el estado chileno son los que invadieron, usurparon y arrebataron el territorio a sus ocupantes ancestrales.  Hoy día, en plena “transición”, se mantiene esta invasión con carreteras privadas, centrales hidroeléctricas,  plantas de celulosas, apropiación de los caudales y espejos de agua y de las riquezas del subsuelo y, por cierto, con las plantaciones forestales.

 

Entonces el conflicto no es mapuche. Lo que existe es un conflicto en el territorio mapuche provocado por quienes quieren terminar de apropiarse de este.

 

La definición del carácter de este conflicto es un punto de partida para el desarrollo de nuestra política.  Es una toma de posición necesaria.

  LOS EJES PARA LA TOMA DE UNA POSICIÓN POLÍTICA. 

a)        El partido Comunista y su relación histórica con el pueblo mapuche:

 

En términos históricos, el Partido Comunista ha tenido una política de solidaridad con la lucha del pueblo mapuche. En el Partido Comunista han militado grandes líderes del pueblo mapuche, El partido comunista estuvo en la gesta heroica donde mapuche y no mapuche enfrentaron a la policía en Ranquil; Rosendo Huenuman fue diputado por el Partido Comunista. Es difícil encontrar a alguien que no afirme que durante el gobierno de la U. P., de la mano del proceso de Reforma Agraria, fue cuando mejores condiciones se crearon para abordar algunos de los problemas del pueblo mapuche; de hecho la Ley Indígena dictada en ese tiempo consideraba la devolución de las tierras usurpadas, única vez que, a nivel de Ley, se ha utilizado el concepto de usurpación.  Durante la dictadura el P.C. fue parte muy importante en la creación de una de las organizaciones más poderosas que ha tenido el pueblo mapuche en el último tiempo: ADMAPU, el que independientemente de lo que ocurrió y ocurre con el, fue un tremendo aporte al salto en la elaboración de la propuesta del movimiento mapuche.

 

Esta política de los comunistas de clara solidaridad y cercanía con los intereses del pueblo mapuche tenía, sin embargo, vacíos de concepción o una visión incompleta del fondo del problema: No se asumía que estamos frente a la lucha de un pueblo, lo entendíamos solamente bajo el prisma de campesinos pobres, lo que sin duda imponía una visión sesgada del asunto, limitaba la propuesta e impedía que tuviéramos una relación más completa con el naciente movimiento mapuche.

 

Esta insuficiencia de concepción no era un problema sólo del P.C., sino que atravesaba a toda la propuesta de izquierda, incluido el proceso de la Unidad Popular. El propio movimiento mapuche tampoco había logrado madurez en sus propuestas.

 

Hay que decir que la experiencia de lucha durante la dictadura, la influencia lograda por el partido fue un aporte a la maduración de un movimiento mapuche que hoy levanta una plataforma con contenidos muy de fondo, históricos.  Cierto, por varias razones, tuvimos una fuerte pérdida de influencia, proceso que hoy estamos en condiciones de revertir.

 

b)        La lucha de un pueblo.

 

Entonces una adquisición fundamental de nuestra política es la comprensión de que estamos frente a la lucha de un pueblo. Esto ordena nuestra concepción al respecto: no es lo mismo operar frente a un sector más de la sociedad y sus reivindicaciones, que asumir las reivindicaciones liberadoras de un pueblo.

 

c)        El territorio.

 

La condición de existencia de un pueblo es la relación con un territorio.  Esta es, por ejemplo, una de las cuestiones centrales en la lucha del pueblo palestino.  Así también sucede con vascos, catalanes, montenegrinos, chechenos etc. Esto incluso va más allá del estatuto jurídico en el que se considera al territorio: independiente, parte de otro estado, ocupado, etc. En el caso del territorio mapuche, la sociedad chilena se niega a la sola idea de plantearse la existencia de un territorio.

 

Sin embargo, en la larga lucha contra la Corona española, el pueblo mapuche logró fijar los límites de este territorio.  En el pacto de Killin (enero de 1641) la corona española reconoció que desde el río Bio Bio al sur se consideraba territorio del pueblo mapuche.  Pacto que funcionó de tal manera que incluso existió un estatuto especial que normaba las relaciones entre súbditos de la corona con el pueblo mapuche dentro de esos límites y se establecieron formas muy activas de comercios entre naciones soberanas.  El pacto de Killin, fue ratificado en los parlamentos de negrete del años 1883  y del parlamento de Tapihue del años de 1825 y no ha sido superado por ningún otro instrumento internacional. Solo el Estado chileno, mediante el uso de la fuerza militar, en la segunda mitad del siglo XIX, inmediatamente después de la guerra del salitre, rompió esta frontera y asimiló el territorio a la república permitiendo así el desarrollo de un naciente capitalismo criollo.

 

Entonces, nuestra propuesta es que el territorio mapuche, independientemente del estatuto jurídico en el que se exprese, es desde el río Bio Bio al sur. Tal es una definición que debemos madurar en el Partido, convencernos de ella y ser educadores de la sociedad chilena, partiendo del mundo democrático y progresista.

 

d)        La autonomía y autodeterminación.

 

En consecuencia con las definiciones anteriores, si consideramos que estamos hablando de un pueblo, que este solo se entiende en un territorio, entonces, de acuerdo a nuestras concepciones, un pueblo tiene derecho a su autonomía y autodeterminación.

 

El debate entre asimilación y autonomía tiene carácter histórico.  Enemigos y amigos, detractores y defensores de la causa mapuche se han dividido y se dividen y toman partido frente a esto.  Lo mismo ha ocurrido y ocurre en el movimiento mapuche; han existido y existen organizaciones y dirigentes del movimiento mapuche que, en realidad, han estado o están por la asimilación.

 

En este debate, de larga data, los comunistas, por el tipo de sociedad a la que aspiramos, estamos por la autodeterminación de los pueblos.  Por lo tanto consideramos que la autonomía y la autodeterminación es una aspiración legítima del movimiento mapuche.

 

Esto tiene expresión en que aspiramos a que en una nueva constitución democrática,  que nazca de una asamblea constituyente, se defina a Chile como un país plurinacional.

 

Sin duda este es un tema que en la sociedad chilena, más aún cuando la conciencia democrática y progresista está aún debilitada, la sola mención de los conceptos de autonomía y autodeterminación para el pueblo mapuche, genera un debate fuerte y marcado por varios prejuicios. Incluso en la izquierda y el propio partido esto presenta más de un rechazo a priori. Para que hablar del aparato de poder. 

 

Preguntas como ¿Se trata de dividir el territorio nacional? ¿De un estado dentro de otro estado? ¿De que manera se va a expresar la autodeterminación?  Lo cierto es que este es un debate necesario del cual debemos participar a partir de una toma de posición y esta toma de posición no debería ser otro que nuestra actitud de respaldo a la autonomía y autodeterminación de los pueblos.

 

e)        El Partido Comunista, es y se debe ser parte de las demandas del pueblo mapuche.

 

En sectores del movimiento mapuche hay quienes incorporan al P.C. como un aliado, agregando en algunos casos el concepto de estratégico.  Ya eso, frente a los rasgos de apoliticismo y anticomunismo existentes, es un buen avance.  Sin embargo desde nuestra percepción, nos sentimos plenamente parte de las aspiraciones del pueblo mapuche, las hacemos nuestras, son parte de nuestra concepción democrática y socialista que imaginamos.  No nos sentimos colaborando solamente desde fuera, debemos considerarnos parte de esta lucha.

 

Hoy día nuestro deber es el de hacer crecer la influencia y la presencia del Partido en el Pueblo mapuche. Estamos dotados de mayores y, creemos, mejores definiciones políticas e ideológicas, pero esto debe convertirse en presencia orgánica extendida en las comunidades y entre los mapuche que viven en las ciudades.  El partido debe basificarse en el territorio mapuche, asegurando su crecimiento.

 

f)          Nuestra relación con el movimiento mapuche.

 

Entendemos que el movimiento mapuche es diverso, incluso por características históricas y culturales. Es común que sectores de la sociedad chilena, que apoyan las reivindicaciones del pueblo mapuche, se abandericen con un sector del movimiento y asuman que este es expresión de todo el pueblo; también hay organizaciones y dirigentes mapuche que tienen la tendencia a presentarse como los únicos y verdaderos representantes de las aspiraciones de su pueblo.  Ciertamente eso forma parte de la necesaria lucha por la hegemonía, pero para quienes tenemos la obligación de entender los fenómenos, debemos conocer el papel que cada actor juega, desde el punto de vista político e ideológico y desde el punto de vista del proyecto que impulsa; no en un sentido sectario y auto referente, sino que, precisamente, para impulsar políticas de alianza útiles.    

 

Nuestro aporte debe ser, más que lograr la unidad orgánica, contribuir a la unidad de acción del movimiento mapuche.

 

En el actual cuadro hay varios sectores con los cuales podemos coincidir en plataformas, realizar acciones comunes e incluso llegar a acuerdos políticos de alguna envergadura.  Nos referimos a organizaciones que han ido agrupando comunidades en determinados sectores como el Consejo de lonko del Pikun Huilli Mapu o el consejo territorial lafkenche del lago Budi que es parte de la Identidad Lafkenche con quienes también podemos avanzar en acuerdos.

 

Después hay algunas organizaciones que, tal como la Identidad Lafkenche, tienen carácter más nacional. En eso ya existen buenos contactos con la Meli Wixan Mapu, que, en lo principal, agrupa a mapuche urbanos de Santiago. También se deben mantener los vínculos y contactos con organizaciones como Xeng Xeng.

 

Otro punto de encuentro natural es el que establezcamos con las comunidades y organizaciones que enfrentan conflictos concretos, sin pasar por la aduana de quienes pretenden adueñarse de los conflictos en curso. Está la situación de los presos políticos mapuche donde debemos desarrollar más iniciativa, lo que ocurre en el Lago Lleu Lleu que incluso motiva la presencia de la armada en el territorio, el aeropuerto en Quepe, la situación de Lican Ray y cientos de otros conflictos en desarrollo.  El rol nuestro es coordinar la acción de estos conflictos, potenciarlos desde el punto de vista de acciones comunes.  En ello está la posibilidad de generar convergencia.

 

En cuanto a la Coordinadora Arauco Malleco, más que establecer una política de alianzas con ellos, debemos avanzar en contactar a sectores que aparecen bajo su influencia (comunidades y dirigentes).  La CAM es una estructura muy marcada por el anticomunismo y por una propuesta de acción que no siempre termina fortaleciendo al movimiento mapuche.

 

Este último tiempo apareció en escena el Partido Político Mapuche.  Queremos decir que, de partida, no concordamos con este concepto. En el pueblo mapuche, como es lógico en cualquier pueblo, hay distintas tomas de posición política e ideológica, no existe una homogeneidad,  lo que si hay es acuerdo en algunas reivindicaciones históricas comunes, pero cada sector político mapuche tiene una visión particular de que tipo de sociedad pretenden para su pueblo.  Esta diversidad es natural y propia de cada pueblo y es positiva.  Pero esta misma diversidad descarta el concepto de un “Partido Político Mapuche”.  De hecho, en el recién formado “Partido Mapuche”, hay definiciones políticas que van desde posturas cercanas a la D.C. hasta la Socialdemocracia.  Más allá de este necesario análisis, hay que decir que, con quienes componen este partido, se puede y se debe mantener una muy buena relación política y lograr distintos tipos de acuerdo.

 

g)        Chile País Plurinacional.

 

Por un largo tiempo la consigna del reconocimiento constitucional, ha  sido asumida por importantes sectores del movimiento mapuche.  Sin embargo necesitamos precisar qué entendemos por reconocimiento constitucional. Lo que se está planteando a nivel de gobierno es un reconocimiento reducido, formal, a lo mas culturalista, donde se omiten las cuestiones centrales como los derechos básicos de autonomía y autodeterminación y territorio.

 

En efecto, la actual constitución pinochetista, es un pilar casi inamovible del actual modelo de desarrollo capitalista.  En marcos de esta constitución, pudiera llegar a darse algún tipo de reconocimiento constitucional que sería, en último término, una formalidad que en nada cambiaría la situación de los pueblos originarios.

 

Nosotros consideramos que el reconocimiento constitucional está ligado a una cuestión de fondo la cual debe pasar por una nueva constitución democrática que declare a Chile como un país plurinacional.

 

h)        La Asamblea Nacional Mapuche de Izquierda: Una propuesta de construcción política del pueblo mapuche.

 

La diversidad de organizaciones que cruzan el movimiento mapuche, tienen que ver, en última instancia, con diversas propuestas políticas respecto de la lucha liberadora.  Algunas de estas expresiones, manifiestan abiertamente su posición política, en tanto otras las ocultan y se protegen con un reaccionario apoliticismo.

 

Después de perder toda nuestra influencia en ADMAPU y que este quedara en manos de un Santos Millao que abandona la política del partido y se suma a la posición de la concertación, surgió la necesidad de comenzar a dar cuerpo a un organismo de carácter político social que fuera capaz  de expresar y contener una propuesta progresista y de izquierda capaz de interpretar a muchos sectores y de ser un aporte a la unidad de acción del movimiento mapuche.

 

Así surgió la Asamblea Mapuche de Izquierda, la que hoy ha logrado convertirse en un referente político cada vez más escuchado, pero que necesita basificarse y extenderse con mayor presencia orgánica y política y con mayor influencia en el desarrollo de la lucha.

 

En la Izquierda Mapuche se incorporan todos aquellos mapuche que estén por luchar contra el sistema desde una organización con una definición política clara.  En la izquierda Mapuche pueden participar peñi y lamgen de distintas organizaciones sin que sea obligatorio renunciar a ellas.

 

La construcción de estos elementos políticos ha sido fruto de reiterados esfuerzos por ir avanzando en un terreno nada fácil.  Sin embargo es necesario que el Partido realice un debate que permita ponernos de acuerdo en estos u otros elementos políticos que nos permitan desarrollar una sola concepción política para permitir operar con los criterios básicos de un partido como el nuestro: La unidad de acción y la dirección única.  La falta de intercambio y cierta ausencia de mecanismos de dirección, han sido y son freno para un mejor desempeño del Partido en el plano de la lucha del pueblo mapuche.

 

Esta formulación política, particularmente lo que tiene que ver con la comprensión de que estamos frente a la lucha de un pueblo, la autonomía y autodeterminación y el tema de territorio han venido madurando en el Partido.  Un punto de salto fue la campaña presidencial de Gladys Marín en 1999, que es cuando por primera vez se expresan públicamente y se hacen parte evidente de una propuesta programática de la izquierda y el Partido.  Además es primera vez que  una candidatura presidencial, cualquiera sea su orientación política, expresa, así de claro, una posición respecto del pueblo mapuche. Más tarde, en la última elección presidencial, en la propuesta programática del Juntos Podemos Más se puso en el centro la idea de que Chile debe ser un país plurinacional.

 

También es necesario decir que estas aspiraciones del pueblo mapuche es muy difícil, tremendamente difícil, que tengan solución en marcos de esta etapa del capitalismo. El neoliberalismo necesita estados nacionales débiles frente a su propia expansión pero fuertes para controlar y someter cualquier expresión popular y/o democrática que pretenda oponérsele.  Por eso entendemos la lucha del pueblo mapuche ligada a los grandes objetivos de la revolución democrática.  Hay que decir que en muchos sectores del movimiento mapuche se hace más clara la necesidad de vincular su lucha con los objetivos antineoliberales.

  

LA ACTUALIDAD: UNA REAFIRMACIÓN DE LAS POLITICAS DE DOMINACION.

 

Hoy día, después de 17 años de gobierno de la concertación, no se ve ningún signo  o voluntad de solución a las demandas del pueblo mapuche. Más bien estamos frente a una reafirmación y desarrollo de las políticas de dominación, de usurpación, de agresión y de ocupación del territorio mapuche.

 

El acuerdo de Nueva Imperial, logrado entre casi todas las organizaciones mapuche relevantes (menos el Consejo de Todas las Tierras) y el entonces candidato Patricio Aylwin, no pasó de ser una maniobra de campaña para asegurar una cierta adhesión electoral e intentar controlar al movimiento mapuche e impedir que este continuara con su actitud de movilización por sus reivindicaciones.  Ciertamente los términos del acuerdo tienen aspectos rescatables, el asunto radica en como este fue utilizado para la cooptación de una parte, importante, del movimiento mapuche, para buscar la neutralización momentánea de este.

 

La Ley Indígena 19.253, fue resultado de un debate amplio con mucha participación de los pueblos originarios; de allí resultó una propuesta  de cuerpo legal muy interesante.  Sin embargo la aprobación en el Parlamento de la Ley significó modificaciones de fondo que le quitaron elementos esenciales como el tema de reconocimiento de territorio y derechos políticos; además de la Ley no tiene rango constitucional y se ve en desmedro respecto de las regulaciones sobre derecho a la propiedad privada, la leyes sobre energía y otras.

 

La constante de la concertación ha sido el desconocimiento de los tratados y obligaciones internacionales.  Es así como Chile aún no ratifica el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. Tampoco Chile se ha hecho parte de la Declaración de la Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de Junio de 2006, la que, entre otras cosas plantea:

 

“… todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o personas o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas…”

 

Esta declaración reconoce “… la urgente necesidad de  respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas afirmados en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos con los Estado…”

 

La declaración, en su artículo 3 plantea que:

 “Los pueblos indígenas, al ejercer su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como los medios para financiar sus funciones autónomas” 

El desconocimiento de estos tratados y acuerdos internacionales, tienen que ver con el compromiso del estado y el gobierno chileno que favorece la instalación de las empresas forestales en el territorio mapuche.  El movimiento mapuche, sus reivindicaciones y movilizaciones ponen en riesgo el desarrollo acelerado del modelo en este espacio.  De allí es que se busca acallar estas reivindicaciones y para eso se recurre a la criminalización de las demandas, movilizaciones y organizaciones; se lleva el conflicto al terreno judicial.  En este sentido es bueno tener a la vista la declaración que la dirección del Partido emitió ante las reiterativas acciones represivas en contra de de comunidades y dirigentes mapuches en el último tiempo:

 “Todo indica que nos encontramos ante una nueva y fuerte ofensiva de represión contra el movimiento mapuche, que levanta sus legítimas demandas, por parte de del Estado chileno que privilegia la dinámica de la confrontación en vez de abrir espacios reales de diálogo y de una vez por todas hacerse parte de los tratados internacionales que obliga al Estado a hacer prevalecer el reconocimiento de los pueblos indígenas y el respeto a sus derechos humanos.Llama la atención que las fiscalías y los fiscales se conviertan en una especie de poder sin control dedicado a perseguir, de manera sistemática, cualquier expresión de movilización del pueblo mapuche, vinculándolas con actos violentistas, cuando no terroristas.  Las fiscalías y los fiscales son, hoy por hoy, la punta de lanza contra el movimiento mapuche.            En contrapartida, consideramos que la Defensoría Pública se limita a realizar trámites formales; los que en honrosas y contadas ocasiones terminan protegiendo a los imputados mapuches.  Es abismante la desproporción de medios entre las fiscalías y los defensores, lo que, para especialistas en el tema, hace que en estos casos no se preserve el concepto de ‘igualdad de armas’, característica propia de un juicio justo.Este accionar represivo e incluso violento de parte de de las fiscalías y, debemos agregar, de carabineros, se contrapone a lo manifestado por la presidenta Bachelet cuando, en plena campaña de segunda vuelta, manifestó su disposición a dar pasos que resuelvan la situación de conflicto en el territorio mapuche.  Tenemos derecho a pensar que estamos frente a un flagrante intento de imponer una determinada política desde ciertos poderes.Es necesario que de manera inmediata se termine con la situación de cerco policial de las comunidades de Ercilla y otros lugares.  Desde la autoridad política debe haber una disposición real de diálogo y terminar con la dinámica de la confrontación, de la criminalización y judicialización del conflicto que se vive en territorio mapuche, a la que contribuye la subsecretaría de gobierno, en particular el señor Felipe Harboe, quien con sus expresiones exacerba las expresiones racistas de quienes atentan contra los legítimos derechos de los pueblo mapuche.

Expresamos nuestra solidaridad con los dirigentes detenidos, quienes más allá de los caminos escogidos, se deben considerar como prisioneros políticos de un Estado que se niega a escuchar las demandas de fondo de un pueblo. (Declaración del P.C. “El Siglo Nº 9401 del 23 al 29 de marzo. Pag.15)

 

En síntesis,  desde el Estado y el gobierno chileno, el enfoque apunta a resolver el conflicto en el territorio mapuche mediante el aplastamiento de cualquier resistencia.  En términos gruesos, tal es el camino escogido.

  

UNA PLATAFORMA PARA LA UNIDAD DE ACCION

 

Todas las definiciones anteriores deben expresarse en el desarrollo de una plataforma de lucha que ponga en acción las ideas, las definiciones y políticas resueltas.  Es necesario que esta reunión ponga mucha atención en la implementación, en la puesta en práctica real de esta plataforma.  Las ideas centrales para esta plataforma son las siguientes:

 

a)      Fuera las forestales del territorio Mapuche.

b)      Libertad a los presos políticos mapuche.

c)      Fin a la aplicación de la Ley Antiterrorista en las causas que son parte del conflicto en el territorio mapuche.

d)      Terminar con el cerco policial a algunas comunidades y con la presencia de fuerzas militares en el lago Lleu Lleu.

e)      Exigir que el Gobierno de Chile ratifique os acuerdos y tratados internacionales, en particular el convenio 169 de la OIT, y que asuma las orientaciones y definiciones de estos instrumentos internacionales para su política respecto de los pueblos originarios.

f)        Defensa del territorio mapuche contra las agresiones medio ambientales: contaminación del borde costero, contaminación de las aguas, instalación de vertederos en comunidades mapuches, defensa del bosque nativo, etc.

g)      Solución a las demandas de tierras, considerando las peticiones de las comunidades.

h)      Establecer espacios reales  de dialogo con todos los actores del movimiento mapuche sobre los temas políticos que es necesario resolver.

   

LOS DESAFIOS MÁS URGENTES.

 

Es necesario concentrar nuestros esfuerzos en algunas direcciones comunes y que son más urgentes.

 

El fortalecimiento de la Asamblea Nacional de Izquierda Mapuche.  La idea es realizar una Asamblea Nacional de este organismo en la segunda semana de mayo.  En esta asamblea deben participar delegaciones de todas partes del país y allí se verán las tareas a desarrollar en el próximo periodo.

 

Es necesario avanzar en la coordinación de los conflictos que se desarrollan en muchos lugares del territorio mapuche simultáneamente.  Es posible desarrollar plataformas y petitorios comunes  uniendo todos los problemas que a diario se manifiestan.  Aquí es donde hay que ser capaces de unir las grandes demandas con aquellas que afectan la vida cotidiana de las comunidades, entendiendo que, en último término, todas tienen la misma raíz.

 

En esta ocasión queremos presentar al debate la propuesta de estudiar la posible candidatura de un compañero nuestro como consejero de CONADI.  Hasta ahora nuestra postura ha sido no favorable a esto por razones que tienen que ver con la necesidad de que la Izquierda Mapuche y el propio partido marcaran la diferencia y la independencia respecto de las políticas del sistema y de dejar claro que la CONADI es un organismo de gobierno para aplicar sus políticas y no un órgano donde esté representado el movimiento mapuche.

 

Tal realidad permanece.  Sin embargo, hoy día hay nuevas condiciones que nos permiten decir que podemos utilizar el espacio de la candidatura, primero, y la posible consejería después, para exponer desde una tribuna más amplia, la propuesta alternativa.  Sectores importantes del pueblo mapuche, quizá con menor desarrollo de su conciencia, pero por eso mismo en disputa, son presa de la acción interesada de consejeros pro sistema, la posibilidad de contar con un consejero contrario al sistema, nos permitirá contar con una herramienta más para la disputa de las conciencias. Además el contar con un posible consejero Ayudará conocer desde adentro el manejo fraudulento de recursos, especialmente del fondo de tierras y establecer una denuncia más precisa, además de canalizar y orientar las diversas soluciones a las peticiones de las comunidades. No podemos negarnos a la disputa de espacios en todos los ámbitos de la lucha útiles par el cumplimiento de nuestros objetivos, incluso en un espacio como este aparato estatal, tenemos definiciones políticas claras, un prestigio ganado en el movimiento mapuche y la necesidad de lograr mayores herramientas para la lucha.  Este es un asunto que debemos debatir de manera concienzuda y llegar a conclusiones pronto.  Hay que entender que el tener un consejero no es un asunto central de nuestra política, la movilización de masas sigue siendo lo fundamental, sin embargo la existencia de un probable consejero nuestro la vemos, precisamente, como un aporte a esto. Las elecciones de consejero son en Octubre de este año.

 

Otro asunto de mucha importancia y en el que estamos en deuda, es la necesidad de debatir sobre la propuesta económica del pueblo mapuche.  Tomamos lo acordado por el Primer Congreso de la Izquierda Mapuche como inicio de este debate que no puede seguir esperando:

 

Sobre la base de contar con la tierra necesaria, tenemos que desarrollar nuestra propuesta de desarrollo económico, basada en nuestra cosmovisión.  Tal propuesta debe partir de planes debidamente sustentados por un apoyo estatal no invasivo, sino respetuoso de nuestras decisiones que recupero cultivos tradicionales y necesarios para nuestra dieta alimenticia que nos permita participar de manera provechosa en los procesos comerciales del conjunto de nuestra sociedad.  Para nosotros el desarrollo de formas de asociatividad propia de nuestra cultura, es vital dentro de cualquier sistema económico que implementemos” (Informe al Primer Congreso Constituyente de los Mapuche de Izquierda)

 

Hay que tener capacidad de tomar contacto con distintos actores del movimiento mapuche.  La existencia de la Asamblea de Izquierda Mapuche no debe ser motivo de encerrarnos en nosotros mismos, por el contrario, debe servir para vincularnos e interactuar de manera fluida con todos aquellos con los que compartamos objetivos similares y también debe ser un instrumento para la disputa con aquellos sectores que plantean una propuesta asimilacionista.

 

Finalmente, es necesario que el conjunto del Partido asuma  esta política y orientaciones, la incorpore a la discusión y a su quehacer. La situación del pueblo mapuche, su lucha es un asunto que también compete a los no mapuche, especialmente a quienes compartimos sus demandas.

        

Temuco 31de marzo de 2007

 

CUARTA DEMANDA: Declaración de NU sobre los pueblos

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 

Argel, 4 de julio de 1976

 

  Preámbulo

Vivimos tiempos de grandes esperanzas, pero también de profundas inquietudes,

– tiempos llenos de conflictos y de contradicciones,

– tiempos en que las luchas de liberación han alzado a los pueblos del mundo contra las estructuras nacionales e internacionales del imperialismo, y han conseguido derribar sistemas coloniales,

– tiempos de luchas y de victorias en que las naciones se dan, entre ellas o en su interior, nuevos ideales de justicia,

– tiempos en que las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre hasta la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, han expresado la búsqueda de un nuevo orden político y económico internacional.

Pero son también tiempos de frustraciones y derrotas, en que aparecen nuevas formas de imperialismo para oprimir y explotar a los pueblos.

 

El imperialismo, con procedimientos pérfidos y brutales, con la complicidad de gobiernos que a menudo se han autodesignado, sigue dominando una parte del mundo. Interviniendo directa e indirectamente, por intermedio de las empresas multinacionales, utilizando a políticos locales corrompidos, ayudando a regímenes militares que se basan en la represión policial, la tortura y la exterminación física de los opositores; por un conjunto de prácticas a las que se les llama neo-colonialismo, el imperialismo extiende su dominación a numerosos pueblos.

 

Conscientes de interpretar las aspiraciones de nuestra época, nos hemos reunido en Argel para proclamar que todos los pueblos del mundo tienen el mismo derecho a la libertad, el derecho de liberarse de toda traba extranjera, y de darse el gobierno que elijan; el derecho, si están sojuzgados, de luchar por su liberación, y el derecho de contar en su lucha con el apoyo de otros pueblos.

 

Persuadidos de que el respeto efectivo de los derechos del hombre implica el respeto de los derechos de los pueblos, hemos adoptado la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos.

 

Que todos los que, a través del mundo, libran la gran lucha, a menudo con las armas en la mano, por la libertad de todos los pueblos, encuentren en la presente declaración la seguridad de que su lucha es legítima.

 

 

Sección I. Derecho a la existencia.

Artículo 1.

Todo pueblo tiene derecho a existir.

 

Artículo 2.

Todo pueblo tiene derecho al respeto de su identidad nacional y cultural.

 

Artículo 3.

Todo pueblo tiene el derecho de conservar en paz la posesión de su territorio y de retornar allí en caso de expulsión.

 

Artículo 4.

Nadie puede ser, debido a su identidad nacional o cultural, objeto de masacre, tortura, persecución, deportación, o expulsión, o ser sometido a condiciones de vida que puedan comprometer la identidad o la integridad del pueblo al que pertenece.

 

 

 

Sección II. Derecho a la autodeterminación política.

Artículo 5.

Todo pueblo tiene el derecho imprescriptible e inalienable a la autodeterminación. Él determina su status político con toda libertad y sin ninguna injerencia exterior.

 

Artículo 6.

Todo pueblo tiene el derecho de liberarse de toda dominación colonial o extranjera directa o indirecta y de todos los regímenes racistas.

 

Artículo 7.

Todo pueblo tiene derecho a un régimen democrático que represente al conjunto de los ciudadanos, sin distinción de raza, sexo, creencia o color, y capaz de asegurar el respeto efectivo de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales para todos.

 

 

 

Sección III. Derechos económicos de los pueblos.

Artículo 8.

Todo pueblo tiene un derecho exclusivo sobre sus riquezas y sus recursos naturales. Tiene derecho a recuperarlos si ha sido expoliado, y a cobrar las indemnizaciones injustamente pagadas.

 

Artículo 9.

Puesto que el progreso científico y técnico forma parte del patrimonio común de la humanidad, todo pueblo tiene el derecho de participar de él.

 

Artículo 10.

Todo pueblo tiene derecho a que su trabajo sea justamente evaluado, y a que los intercambios internacionales se hagan en condiciones de igualdad y equidad.

 

Artículo 11.

Todo pueblo tiene el derecho de darse el sistema económico y social que elija y de buscar su propia vía de desarrollo económico, con toda libertad y sin injerencia exterior.

 

Artículo 12.

Los derechos económicos antes enunciados deben ejercerse en un espíritu de solidaridad entre los pueblos del mundo y teniendo en cuenta sus respectivos intereses.

 

 

 

Sección IV. Derecho a la cultura.

Artículo 13.

Todo pueblo tiene el derecho de hablar su propia lengua, de preservar y desarrollar su propia cultura, contribuyendo así a enriquecer la cultura de la humanidad.

 

Artículo 14.

Todo pueblo tiene derecho a sus riquezas artísticas, históricas y culturales.

 

Artículo 15.

Todo pueblo tiene derecho a que no se le imponga una cultura extranjera.

 

 

 

Sección V. Derecho al medio ambiente y a los recursos comunes.

Artículo 16.

Todo pueblo tiene derecho a la conservación, la protección y el mejoramiento de su medio ambiente.

 

Artículo 17.

Todo pueblo tiene derecho a utilizar el patrimonio común de la humanidad, tal como la alta mar, el fondo de los mares, el espacio extra-atmosférico.

 

Artículo 18.

Al ejercer los derechos precedentes, todo pueblo debe tomar en cuenta la necesidad de coordinar las exigencias de su desarrollo económico con las de la solidaridad entre todos los pueblos del mundo.

 

 

 

Sección VI. Derechos de las minorías.

Artículo 19.

Cuando, en el seno de un Estado, un pueblo es una minoría, tiene derecho a que se respeten su identidad, sus tradiciones, su lengua y su patrimonio cultural.

 

Artículo 20.

Los miembros de la minoría deben gozar sin discriminación de los mismos derechos que los otros miembros del Estado, y participar en iguales condiciones que ellos en la vida pública.

 

Artículo 21.

Estos derechos deben ejercerse respetando los legítimos intereses de la comunidad en su conjunto, y no pueden servir de pretexto para atentar contra la integridad territorial y la unidad política del Estado, cuando éste actúa en conformidad con todos los principios enunciados en la presente declaración.

 

 

 

Sección VII. Garantías y sanciones.

Artículo 22.

Todo incumplimiento a las disposiciones de la presente declaración constituye una transgresión a las obligaciones para con toda la comunidad internacional.

 

Artículo 23.

Todo perjuicio que resulte de una transgresión a la presente declaración debe ser íntegramente reparado por el causante.

 

Artículo 24.

Todo enriquecimiento en detrimento de un pueblo, por violación de las disposiciones de la presente declaración, debe dar lugar a la restitución de los beneficios así obtenidos. Lo mismo se aplicará a todos los beneficios excesivos obtenidos por inversiones de origen extranjero.

 

Artículo 25.

Todos los tratados, acuerdos o contratos desiguales, suscritos despreciando derechos fundamentales de los pueblos, no podrán tener ningún efecto.

 

Artículo 26.

Las cargas financieras exteriores que han llegado a ser excesivas e insoportables para los pueblos dejan de ser exigibles.

 

Artículo 27.

Los atentados más graves a los derechos fundamentales de los pueblos, sobre todo a su derecho a la existencia, constituyen crímenes internacionales que entrañan la responsabilidad penal individual de sus autores.

 

Artículo 28.

Todo pueblo cuyos derechos fundamentales sean gravemente ignorados tiene el derecho de hacerlos valer especialmente por la lucha política o sindical, e incluso, como última instancia, por el recurso a la fuerza.

 

Artículo 29.

Los movimientos de liberación deben tener acceso a las organizaciones internacionales y sus combatientes tienen derecho a ser protegidos por el derecho humanitario de la guerra.

 

Artículo 30.

El restablecimiento de los derechos fundamentales de un pueblo, cuando son gravemente ignorados, es un deber que se impone a todos los miembros de la comunidad internacional.

 

  

SEGUNDA DEMANDA

ENTRO EN VIGENCIA LEY SOBRE SUBCONTRATACION.- 

Santiago, 14.1.2007.- Este domingo entró en vigencia la nueva ley de Subcontratación, que buscará terminar con las desigualdades que afectaban a los trabajadores que prestaban servicios a través de empresas contratistas. La normativa, que regirá desde el lunes 15 de enero, beneficia a 1,2 millones de personas en el país, que constituyen el 35 por ciento de la fuerza laboral. La norma llegó a ser efectiva tras cumplirse 90 días desde la publicación en el Diario Oficial de la ley 20.123 "Del Trabajo en Régimen de Subcontratación y del Trabajo en Empresas de Servicios Transitorios", que fija una serie de obligaciones a las empresas que requieran, de manera temporal, los servicios de trabajadores de una compañía externa.

El subcontrato está reconocido en el Código del Trabajo, pero no estaba definido en la legislación chilena. Ahora, la nueva ley cuenta con una clara definición, la que permite establecer los deberes de las empresas contratistas y los derechos de los trabajadores.
 
Según ha señalado el gobierno,  la nueva ley intenta poner fin a prácticas reñidas con la legislación laboral que atentan contra el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Lo que se busca es acabar con un sistema en que la empresa principal, es decir aquella que requería servicios de otra, "se lavaba las manos" respecto del cumplimiento de los derechos laborales y previsionales de los trabajadores contratistas, dejando también de lado muchas veces las condiciones adecuadas de higiene y seguridad.

Con el nuevo sistema, la empresa principal también será responsable de las obligaciones laborales y previsionales, por lo cual podrá ser demandada en tribunales por el trabajador afectado.

"Se establece una responsabilidad solidaria, por lo tanto este trabajador puede ir indistintamente a la empresa que lo contrató pero también puede ir a solicitar el cumplimiento de obligaciones laborales a la empresa principal" donde efectivamente presta los servicios, explicó el Subsecretario del Trabajo, Zarko Luksic.

La nueva normativa también contempla mecanismos que incentivan a la empresa principal a pedir regularmente a la compañía contratista que le demuestre el cumplimiento con las normas laborales.

La autoridad añadió que es "es clave la certificación" del cumplimiento de las normas laborales por parte de las empresas contratistas, proceso que será realizado por la Dirección del Trabajo, pero también por certificadoras privadas que se encuentran en proceso de autorización.

La nueva ley también garantizará adecuadas condiciones de higiene y seguridad para todos por igual, ya que desde ahora la responsabilidad por accidentes o cualquier tipo de infracción en materia sanitaria que afecte a contratistas o subcontratistas recaerá en la empresa principal. Hasta hoy no era así y por ello muchas compañías cumplían esas medidas sólo para sus trabajadores directos.

Luksic detalló que la nueva ley se aplicará tanto a trabajo de suministro como de subcontratación, las dos modalidades de trabajo tercerizado que existen. En la modalidad de suministro los trabajadores quedan bajo las órdenes de la empresa principal (ej: la construcción de un edificio) y en la de subcontración, el trabajador cumple funciones bajo supervisión de la empresa contratista (ej: un compañía de alimentación que presta servicios en una empresa principal).


Primeros frutos positivos de la normativa

La Directora del Trabajo, Patricia Silva, señaló que la normativa ya arroja efectos positivos, incluso antes de su entrada en vigor, ya que muchas empresas principales decidieron formalizar la relación laborales con trabajadores contratistas.

"Hay muchas empresas que han ido incorporando a los trabajadores como propios. Sin duda no van a ser todos, pero ya las empresas han incorporado trabajadores que los tenían en forma suministrada y eso implica una mejora sin duda de las condiciones laborales de esos trabajadores", sostuvo.

La Directora del Trabajo llamó al millón y medio de personas bajo esta modalidad de trabajo a informarse para aprovechar las garantías de la nueva normativa."Hay que informarse, hay que mirar cuál es el contrato, quién es mi empleador. Lo que hace esta ley es limpiar, en términos de dejar establecido quién es el verdadero empleador", explicó.