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QUIENES SON LOS DUEÑOS DE LAS U. PRIVADAS

 EL NEGOCIO DE LA EDUCACIÓN EN CHILE

 

Universidad Nacional Andrés Bello
Fecha reconocimieno oficial: 29 de diciembre de 1988
Rector: Pedro Uribe Jackson
Número de alumnos: 29.000 aprox

Fundadores:

Víctor Saleh, empresario inmobiliario y hombre vinculado a la hípica, y Francisco Luna. Luego ingresaron a la propiedad tres sociedades ligadas a Álvaro Saieh, Jorge Selume, Miguel Ángel Poduje, Juan Antonio Guzmán y Andrés Navarro. Actualmente, es controlada por el consorcio internacional Laureate Education -fondo que controla Kohlberg Kravis Roberts y que habría desembolsado US$ 250 millones en la compra- al igual que la Universidad de Las Américas y la de Viña del Mar.

Actual Junta Directiva:
Miguel Ángel Poduje: ex ministro de Vivienda y Urbanismo y de la Secretaría General de Gobierno durante el gobierno militar. Participación en directorios, entre ellos, el de Clínica Indisa.
Manuel Krauskopf: académico e investigador.
Raúl Rivera: presidente del Foro Innovación.
Jorge Selume: accionista de Corpbanca, ex dueño del Banco Osorno y antiguo socio de Álvaro Saieh, dueño de Copesa (La Tercera, Qué Pasa, La Hora, y La Cuarta) y propietario de SMU. También participa en la Junta Directiva de la Universidad de Las Américas.


Universidad de Las Américas
Fecha reconocimieno oficial: 29 de diciembre de 1988
Rector: José Pedro Undurraga Izquierdo
Número de alumnos: 27.000 aprox.

Fundadores:
Familia Antillo, antiguos dueños de supermercados Santa Isabel, Posteriormente la adquirió el consorcio internacional Sylvan International Universities, que luego pasó a llamarse Laureate Education Inc, que también controla las universidades Nacional Andrés Bello y de Viña del Mar.

Miembros destacados de la actual Junta Directiva
Herman Chadwick: actual presidente del Consejo Nacional de Televisión, y ex presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública A.G. (COPSA). Es primo del Presidente Sebastián Piñera.
José Pedro Undurraga Izquierdo: director de la Empresa Nacional de Minería (Enami), nombrado por el presidente Sebastián Piñera.
Pedro Covarrubias Besa: abogado, ex miembro del estudio Barros & Errázuriz Abogados.
Genaro Arriagada: Ex ministro Secretario General de la Presidencia (DC) durante el gobierno de Eduardo Frei y ex Embajador de Chile en Estados Unidos durante la administración.

Universidad Santo Tomás
Fecha reconocimieno oficial: 28 de diciembre de 1988
Rector: Jaime Vatter Gutiérrez
Número de alumnos: 20.000 aprox.

Fundadores:
Gerardo Rocha Vera, quien inició su incursión en la educación técnica de la salud. Formó Propam y Cidec, institutos exitosos entre los años 70 y 80, los que fusionó para formar el Centro de Formación Técnica Santo Tomás.
El año 2005, el fondo Econsult adquiere el 15% de la propiedad de la Corporación Santo Tomás, mientras que la participación restante sigue en manos de la familia Rocha. Después de la trágica muerte de su fundador en 2008, se vende el 57% de la corporación a la familia Hurtado Vicuña y al fondo Linzor Capital. Según revista Qué Pasa la operación ascendió a los US$ 70 millones.

Miembros destacados de la actual Junta Directiva
Juan Hurtado Vicuña: presidente del directorio de Entel y dueño de la Sociedad Minera Pucobre.
Tim Purcell: fundador de Linzor Capital, grupo que intentó comprar Chilevisión.
Rafael González Amaral: ex gerente general de Codelco, división Chuquicamata entre 1998 y 2000. Director de las sociedades Alto Cachapoal, Minera y Loma Negra.
Carlos Ingham: participó en los directorios de Cruz Blanca Salud, Isapre Cruz Blanca, y Copec S. A., entre otras.

Universidad San Sebastián
Fecha reconocimieno oficial: 9 de febrero de 1990
Rector: Ricardo Riesco Jaramillo
Número de alumnos: 14.500 aprox.

Fundadores:
Raúl Poblete Almendra, ingeniero comercial, y Javier Pivcevic Bayer, Licenciado en Ciencias de Administración de Empresas, Universidad Austral de Chile. Actualmente, los hombres detrás de la institución son Andrés Navarro (Sonda), Alejandro Pérez, ex hombre fuerte del grupo Angelini, Luis Cordero, fundador -hoy ex militante- de la UDI y Luis Ernesto Videla, ex gerente de LAN.

Miembros destacados de la actual Junta Directiva
Alejandro Pérez: ex gerente general de Celco. Actual vicepresidente de Clínica Indisa.
Pilar Zabala Meruane: presidenta del Holding Pie de Monte, que tiene inversiones en educación, entretenimiento, agroindustria e inmobiliaria. Su familia fue gestora del complejo Puerto Velero.
Pablo Longueira Montes: senador UDI, asume en representación de los herederos del fallecido socio Marcelo Ruiz.
Andrés Navarro: presidente de Sonda y del directorio de Clínica Las Condes. Es además director de SalfaCorp y participa como accionista en AFP Modelo.
Patricio Cordero Barrera: director ejecutivo de la Fundación Banigualdad, ex asesor de la Municipalidad de Las Condes, ex administrador de la Municipalidad de Santiago y asesor de Joaquín Lavín en sus candidaturas presidenciales.
Ernesto Videla Cifuentes: ex general de Ejército y subsecretario de Relaciones Exteriores durante la dictadura.

Universidad Autónoma de Chile
Fecha reconocimieno oficial: 31 de enero de 1990
Rector: Teodoro Ribera Neumann, ex miembro del Tribunal Constitucional, del comité asesor de Relaciones Exteriores designado por la Presidenta Michelle Bachelet y del consejo asesor de TVN. Además, fue diputado por RN entre 1994 y 1998.
Número de alumnos: 13.100 aprox.

Fundadores:
Teodoro Ribera Beneit y su hijo Teodoro Ribera Neumann junto a otras personalidades del mundo académico y político de Temuco, ciudad en que se originó esta universidad.

Miembros destacados de la actual Junta Directiva
Teodoro Ribera Beneít: Abogado.
José Rosenberg Villarroel: empresario y gerente general de empresas Rosen
Ernesto Schiefelbein Fuenzalida: ex ministro de Educación en el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Premio Nacional de Educación en 2007.

 
Universidad Mayor
Fecha reconocimieno oficial: 13 de mayo de 1988
Rector: Rubén Covarrubias
Número de alumnos: 12.300 aprox.

Fundadores:
La Corporación fue constituida en 1988 por Rubén Covarrubias -ex director de educación superior del Ministerio de Educación, Eric Villaseñor -ex asesor del Mineduc y René Salamé.

Miembros destacados de la actual Junta Directiva
Ricardo Garcia, ex ministro del Interior entre 1985 y 1987
Mario Arnello Romo: diputado en dos períodos (1973 – 1977 y 1969 – 1973) por el Partido Nacional.
Jorge Prado Aránguiz: ex ministro de Agricultura entre 1982 y 1988, ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y director de empresas.
Sergio Melnick Israel: gerente general y miembro del directorio de varias empresas. Entre ellas SQM, Chilectra, Banco Edwards y Chilefilms, entre otras.
Sergio Bitar Chacra: ex ministro de Minería (Gobierno de Salvador Allende), Educación (Ricardo Lagos) y Obras Públicas (Michelle Bachelet) y senador PPD entre 1994 y 2002.
Cristián Cortés Póo: socio del bufete “Espina, Zepeda & Acosta”, que asesora en varias causas al Gobierno.

Universidad Diego Portales
Fecha reconocimieno oficial: 21 de diciembre de 1982
Rector: Carlos Peña
Número de alumnos: 11.000 aprox.

Fundadores
Manuel Montt Balmaceda, a través del instituto Promoción y Ventas (Ipeve), que dio paso a la fundación Universidad Diego Portales, instancia que da origen a la institución.

Miembros destacados de la actual Junta Directiva
Roberto de Andraca: presidente de la Compañía de Acero del Pacífico (CAP).
Eduardo Rodríguez Guarachi: ex embajador de Chile en Argentina durante el gobierno de Eduardo Frei, militante DC. En la actualidad promueve el corredor bioceánico que uniría Los Andes con Mendoza.
Agustín Squella: abogado, ex rector de la Universidad de Valparaíso y ex miembro del directorio del Consejo de Rectores.
Jorge Desormeaux: ex consejero y vicepresidente del Banco Central. Participa en el directorio de Viña Concha y Toro, firma ligada a las familias Guilisasti y Larraín. Casado con la actual ministra del Trabajo, Evelyn Matthei.
José Joaquín Brunner: ex ministro Secretario General de Gobierno en la presidencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Militante PPD y ex presidente del Consejo Nacional de Televisión y ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación de Programas de Pregrado, entre otras.
Juan Pablo Illanes, el ex director responsable de El Mercurio es consejero asesor de la casa de estudios.

Universidad Central
Fecha reconocimieno oficial: 24 de febrero de 1983
Rector: Ignacio Larraechea Loeser (interino)
Número de alumnos: 8.900 aprox.

Fundadores
Gonzalo Hernández Uribe, Hugo Gálvez Gajardo, Luis Flores Vera, Pedro Cruzat Fuschlocher, Vicente Kovacevic Poklepovic, Carlos Blin Arriagada, Omar Mendoza Palominos, y Luis Castañeda Carrasco. La Corporación de la universidad está formada por académicos del plantel.

Miembros destacados de la actual Junta Directiva
Ernesto Livacic Rojas, ex superintendente de Bancos e Instituciones Financieras en el mandato de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Asesor del ministerio de Hacienda entre 2000 y 2004.

Universidad Adolfo Ibáñez
Fecha de reconocimiento oficial: 13 de enero de 1989
Rector: Andrés Benítez Pereira
Número de alumnos: 6.500 aprox.

Fundadores:
Fundación Adolfo Ibáñez, ligada a los descendientes del empresario Adolfo Ibáñez Boggiano.

Miembros destacados de la actual Junta Directiva
Cristóbal Lira Ibáñez: actual subsecretario de Prevención del Delito del Ministerio del Interior.
Sergio Undurraga Saavedra: ex presidente del Fondo de Inversiones Moneda Asset
Nicolás Ibáñez Scott: hijo de Manuel Ibáñez, empresario y controlador del holding D&S hasta su venta a Wal Mart.

Universidad del Desarrollo
Fecha reconocimieno oficial: 22 de febrero de 1990
Rector: Ernesto Silva Bafalluy.
Número de alumnos: 9.300 aprox.

Fundadores:
Joaquín Lavín, actual ministro de Educación y ex candidato presidencial de la UDI;
Carlos Alberto Délano, dueño del grupo Penta -controladora de empresas como AFP Cuprum y empresas Banmédica y que administra activos de acuerdo a valoración del mercado que alcanza los 20 mil millones de dólares- , es amigo personal de Sebastián Piñera y miembro del llamado “tercer piso” de asesores informales del mandatario;
Cristián Larroulet, actual ministro secretario general de la Presidencia y ex director ejecutivo de Libertad y Desarrollo;
Hernán Büchi, ex ministro de Hacienda de Augusto Pinochet y actual director de Falabella, y Soquimich, entre otras empresas;
Federico Valdés, actual presidente de Azul Azul, concesionaria del club Universidad de Chile.

Miembros destacados de la actual Junta Directiva
Hernán Buchi, Federico Valdés, Carlos Alberto Délano,
Carlos Eugenio Lavín: fundador de empresas Penta.
Dag Von Appen: responsable de la naviera Ultragas e hijo de Sven Von Appen, integrante del grupo Ultramar y uno de los socios del proyecto minero Isla Riesco.
Rolf Kühlenthal Ressler: director gerente de Merck S.A. y vicepresidente del directorio de Clínica Alemana de Santiago S.A.

UCINF /Universidad de Ciencias de la Informática
Fecha reconocimieno oficial: 9 de marzo de 1990
Rector: Karin Riedemann Hall
Número de alumnos: 5.480 aprox.

Fundadores:
Organizada por un grupo de empresarios y oficiales en retiro del ejército en 1990, entre ellos, el general ® José Fernándo Mutis Puccio y el coronel ® Víctor Manuel Molina Moscoso. Posteriormente, en 2009, tomó el control del 60 por ciento el grupo Cepech -cuyos socios son los empresarios Eduardo Avayú, Cristian Moreno, Carlos Schaerer y Fernando Camacho- mientras que el resto queda en manos de Rodrigo Rocha Vera.

Miembros destacados de la actual Junta Directiva
Cristian Moreno, director ejecutivo de Cepech y Rodrigo Rocha Vera.

Universidad de Los Andes
Fecha reconocimieno oficial: 9 de febrero de 1990
Rector: Orlando Poblete Iturrate
Número de alumnos: 4.800 aprox

Fundadores:
Vinculada al Opus Dei, sus fundadores fueron el sacerdote Juan Ignacio González, el médico Fernando Figueroa Elizalde, el ingeniero comercial Eduardo Guilisasti Gana, el filósofo Jorge Peña Vial, y el abogado Francisco Ruiz-Tagle, entre otros.

Miembros destacados de la actual Junta Directiva
Orlando Poblete Iturrate: asesor de la Presidencia entre 1979 y 1987 y ex ministro secretario general de Gobierno entre 1987 y 1988.
Eduardo Guilisasti Gana: gerente general de Empresas Concha y Toro
Raúl Bertelsen Repetto: abogado, actual miembro del Tribunal Constitucional
Eduardo Fernández León: dueño de Inmobiliaria FFV, Inmobiliaria Las Brisas y socio de Consorcio.
Canio Corbo: hermano del ex presidente del Banco Central, Vittorio Corbo. Ha tenido participación en los directorios de la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), y fue presidente del grupo belga Eles y de Pizarreño.

Universidad Pedro de Valdivia
Fecha reconocimieno oficial: 2007
Rector: Ángel Maulén Ríos
Número de alumnos: 10.300 aprox.


Fundadores: creada a partir de la compra de la Universidad Mariano Egaña, por el empresario hotelero Ángel Maulén en 2006.

Miembros destacados de la actual Junta Directiva
Alonso Morgado: director general del Preuniversitario Pedro de Valdivia.
Juan Carlos Latorre: diputado DC desde 1990

 Buenos estos son lo vinculos ,se ve el gobierno,el opus dei, y los masones, si leen el documento verán que varios del gabinete de Piñera están asociados a instituciones privadas (ganando mucho dinero)

EDUCACION

 “Hay que fijarles los aranceles a las universidades, tal como a las eléctricas se les fija un precio justo”

María José Lemaitre, ex secretaria ejecutiva del Consejo Superior de Educación (1990-1998) y secretaria técnica de la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado hasta 2007, dice que ha faltado voluntad para cumplir la ley que impide el lucro en la educación superior. Y explica cómo el sistema permite que las universidades “se manden solas”, que suban los aranceles a su gusto y muchas ofrezcan una educación de mala calidad, “sin que nadie les pueda decir nada porque son autónomas”. Lemaitre piensa que ha llegado el momento de poner fin a ciertos ejes de esa autonomía mal entendida y peor usada.

María José Lemaitre es una de las personas que más sabe sobre la calidad de la educación superior chilena. Fue secretaria ejecutiva del Consejo Superior de Educación (CSE) entre 1990 y 1998 y luego secretaria técnica de la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP) hasta 2007. Por su experiencia acumulada hoy es presidenta de la Red Internacional de Agencias de Acreditación (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE). Echando mano a toda esa experiencia Lemaitre hace un análisis descarnado sobre las universidades privadas. Cuenta cómo se argumentaba al interior del aparato del Estado para no fiscalizar el lucro en dichas instituciones, aunque a todos les constaba que eso ocurría. Y asegura que el actual sistema acredita universidades por un año, para no dejar sin crédito a los alumnos: es decir, el sistema permite que estudiantes vulnerables se endeuden en millones de pesos para que estudien en entidades que por su calidad, debieran ser cerradas. ¿A quién beneficia eso? ¿A los estudiantes?

En esta entrevista Lemaitre pone en cuestión un argumento que se ha dado en estos días para explicar que los universitarios deben pagar sus carreras. Se dice que el que estudia en una universidad aumenta sus ingresos considerablemente y es justo que pague por ese beneficio. Lemaitre matiza el aserto: hoy los estudiantes no pagan sólo sus carreras. Pagan la expansión inmobiliaria y el lucro de unas universidades y la investigación de otras. “El Estado le transfiere a las familias de los estudiantes el costo de financiar un montón de cosas a parte de su carrera de pregrado y eso es escandaloso” dice. Agrega que le gustaría ir a las marchas de los estudiantes, pero que no se siente en edad para esos trotes.

-Según su experiencia, ¿qué es lo que se compra en universidades como Las Américas (UDLA), la Andrés Bello (UNAB) o la de Viña del Mar (UVM) que cambiaron de dueño y que, sin embargo, por ley no se pueden comprar?

Se compran los flujos de estudiantes y los puestos en el directorio de las instituciones que controlan la universidad.

-¿Se compra la sociedad anónima fundadora de la universidad “X” y eso permite colocar directores en la junta directiva de esa universidad y así controlar el rumbo de sus recursos?

 Claro, por ejemplo en la UNAB no compraron los edificios.

La acreditación exige mirar los estados financieros y ahí debía salir claro como lucran. Yo creo que debe haber múltiples triquiñuelas que uno no conoce, o sea, resquicios legales hay muchísimos.

-Hemos tratado de hablar con gente de los fondos de inversión, pero se rehúsan a explicar cuáles son sus intereses al entrar a controlar las universidades.

Pero si este es un negocio redondo. ¡Porque es mucha plata! Saque una cuenta simple con una universidad chica que tiene 14 mil alumnos. Si pagan $3 millones al año cada uno, son $42 mil millones. Si tienes profesores a los que les pagas ocho meses en el año, porque los contratas por semestre y no les pagas las vacaciones (y como los tienes a honorarios, tampoco les pagas prestaciones); y tienen biblioteca más o menos y más encima te consigues unas cuantas donaciones… Más o menos te sobra la mitad.

-¿Qué pasa con la plata que sobra?

Empieza a salir por diversas partes: a través de servicios de externalización, de tercerización, editoriales, inmobiliarias, remuneraciones de directorios… Se paga un sueldo extremadamente alto para participar en los directorios.

-Reporteando este tema en CIPER, nos hemos dado cuenta que durante años la fiscalización del Ministerio de Educación ha sido cero en esta materia.

Sí, es cero. Porque la verdad es que todas las operaciones que he descrito son legales. Me acuerdo que cuando estaba en el Consejo Superior de Educación, los miembros del consejo tuvimos una reunión con el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Superintendencia de Valores (SVS) y otra gente que supervisa porque estábamos preocupados por este tema. Les dijimos: “qué hacemos con éstas instituciones que claramente están sacando plata”. Había una universidad, la Universidad de Temuco, que cerramos porque había pagado tres veces el edificio donde funcionaban y seguía sin ser suyo.

-¿Lo pagaba a una sociedad del mismo dueño que la universidad?

Claro. Bueno, tuvimos esta reunión y la respuesta de los fiscalizadores fue que todo lo que estaban haciendo era legal. Pero no sólo eso. Nos argumentaron que desde el punto de vista de las finanzas públicas nos convenía que la plata saliera de las universidades y se fuera a una inmobiliaria, porque la inmobiliaria paga impuestos y la universidad no. ¡Yo quedé sorprendida! Ese fue el argumento: no tiene sentido que nos pongamos parados en la hilacha cuando desde el punto de vista del fisco nos conviene que nos paguen impuestos. Luego, tras una de las compras que hizo el consorcio Laureate (que opera en Chile las universidades UDLA, UNAB, UVM y varios institutos), alguien del Consejo le preguntó a un representante de ellos cómo iban a recuperar la enorme inversión que habían hecho. Y el representante de Laureate dijo: “La inversión está recuperada porque al comprar una universidad como esta, que tiene una escuela de medicina, que tiene esto y lo otro y lo demás allá, las acciones de Laureate subieron en tantos puntos, y con eso ya se recuperó la inversión”. A partir de esa explicación se daba otro argumento para reafirmar que todo era legal: si el dueño de la universidad tenía una sociedad anónima con acciones que se tranzaban en la bolsa, eso no hacía que la universidad tuviera fines de lucro, porque se trataba de dos personas jurídicas distintas. Entonces tú dices “perdón, pero ¿si soy una dueña y tengo fines de lucro, cómo separo las aguas? La legalidad es complicada en ese sentido.

 -¿Le parece que hay falta de voluntad de hacer cumplir la ley?

La ley dice claramente que las universidades no tienen fines de lucro, pero hay una falta de voluntad política de entrarle al tema. Y esto no es un asunto de la Concertación o de la Alianza. Es un problema transversal porque hay gente de los dos lados. Y es un negocio redondo. Me acuerdo que el rector de una universidad privada, que es economista, me dijo hace unos 10 años: “este es un negocio tan espectacular, que no puede durar”. Hace como 15 días me vino a ver y le dije: “bueno y ¿cómo va el negocio?, tú dijiste que se iba a desinflar”. Me contestó: “sigue igual de bueno”.

-¿Qué pasa con las platas del Estado que entran a esas universidades como el Aporte Fiscal Indirecto (AFI)? ¿Es legal que esos dineros se transformen al final en utilidades?

Las platas fiscales, cuando pasan a una entidad privada, se convierten en platas privadas. Por lo menos ese era el argumento que se daba cuando yo trabajaba en el MINEDUC, para que no pudiéramos fiscalizar el uso de la subvención escolar de los colegios particulares subvencionados. No se puede fiscalizar en qué se usa la subvención porque una vez que el Estado la entrega esa plata pasa a ser privada. Me imagino que aquí pasa lo mismo.

Porque cuando una facultad, saca la cuenta de cuánto le cuesta educar a 300 alumnos, dice: “tengo estos profesores y estos laboratorios que hay que financiar…” Pero los profesores destinan un 10 o 15% a la docencia y el resto del tiempo investiga. ¿Y quien paga ese tiempo de investigación? El estudiante de pregrado.

-¿Y el Crédito con Aval del Estado (CAE)?

El CAE en realidad es plata de los alumnos. Todo el primer periodo del CAE el aval es la Universidad y a medida que pasa el tiempo, se va achicando el rol de la Universidad y va aumentando el rol del Estado. Pero mientras el alumno está en la universidad, hasta titularse, la responsabilidad fundamental es de la Universidad, no del Estado. Una vez que te titulas o que terminas o que tienes el grado, tienes que empezar a pagar. O sea hay un periodo de gracia pero de un año, después de eso hay que pagar. Entonces, si tienes que seguir estudiando –un post grado, por ejemplo- tienes que conseguir plata en otro lado. Hay que decir sí, que para las universidades el CAE fue el negocio del siglo.

-Eso se vincula con los aranceles, que es un tema que reclaman los estudiantes. Como el CAE no cubre todo lo que cobra la universidad, entonces los alumnos se tienen que endeudar con la banca para pagar la diferencia. ¿Por qué se hizo este sistema de “arancel de referencia”?

El problema es que antes del arancel de referencia los créditos fiscales cubrían un porcentaje de lo que cobraba la universidad. Y cada vez que aumentaban los montos de ayudas estudiantiles, aumentaban también los aranceles y el aumento de los fondos no tenían ningún efecto. Entonces se pensó en un arancel de referencia a pagar. El problema es que las instituciones siguen subiendo los aranceles y le cobran la diferencia al alumno. Yo creo que en este punto la autonomía de las universidades tendría que ser drásticamente reducida y fijarle los aranceles.

-Dice usted, ¿fijarles el precio que pueden cobrar por una carrera?

Sí. Tal como las empresas eléctricas no pueden cobrar a su pinta sino que hay una comisión que dice “esto es lo justo que se puede cobrar”. Porque además, todo lo pagan las familias. Si el Estado chileno es el Estado que menos plata pone en educación superior en el mundo. Y como las cosas gratis no existen, ¿quién pone la plata? Los alumnos. Pero los alumnos no solo ponen la plata para la educación que reciben, los alumnos pagan para las jornadas completas, para los laboratorios de investigación, para todas esas cosas. Porque cuando una facultad, la facultad de ingeniería de la Chile, por ejemplo, saca la cuenta de cuánto le cuesta educar a 300 alumnos de ingeniería, hace lo siguiente. Dice: “tengo todos estos profesores y todos estos laboratorios que financiar…” Pero todos estos profesores son gente que destina un 10 o 15% a la docencia y el resto del tiempo investiga. ¿Y quien paga ese tiempo de investigación? El alumno de pregrado. Entonces el Estado le transfiere a las familias, a los estudiantes, el costo de financiar un montón de cosas. Porque uno podría, por último decir, “obtener un título a la gente le significa un beneficio que le va permitir ganar más, entonces es justo que paguen”. Pero hoy no están financiando su carrera sino un montón de otras cosas. ¡Eso es escandaloso! Por otra parte, la educación superior hoy se manda sola. Entonces, por ejemplo, puede formar unos profesores que son un desastre, pero nadie les puede decir nada porque son autónomas. Ese tema es tremendamente importante también.

NOS OLVIDAMOS DE LA CALIDAD

María José Lemaitre recuerda que los primeros intentos por asegurar la calidad de la educación empezaron en 1990 con la Ley Orgánica Constitucional de la Educación (LOCE).

“Antes que eso, cuando se hizo la reforma del ’80, la idea era que la regulación no era necesaria, porque el mercado iba a producir autónomamente la calidad. Se pensaba que los estudiantes elegirían a las mejores universidades y así las instituciones tendrían muchos postulantes y las malas cerrarían por inanición”.

Me acuerdo que el rector de una universidad privada me dijo hace unos 10 años: “este es un negocio tan espectacular, que no puede durar”. Como hace 15 días me vino a ver de nuevo y le dije, “bueno y ¿cómo va el negocio?, tú dijiste que se iba a desinflar”. Me contestó: “sigue igual de bueno”.

-Eso no ocurrió.

Obviamente no, porque no importa cuán mala sea la universidad, o el Instituto o el Centro de Formación Técnica, siempre puede ser un poco más barata y llegar a estudiantes menos informados. Entonces prosperaron un montón de Instituciones que el año 90 eran conocidas como instituciones para “tontos ricos”, que eran los que no podían entrar a las universidades por su bajo puntaje en la prueba de selección (Prueba de Aptitud Académica), pero que si podían pagar. Y los mismos militares y sus asesores que desregularon todo el sistema educativo decidieron ordenar esta situación. A través de la LOCE se creó el Consejo Superior de Educación (CSE) cuya misión era ordenar este caos donde había instituciones que estaban operando sin reconocimiento oficial y muchas que daban títulos sin ninguna validez. Me acuerdo que lo primero que cerró el CSE fue un Instituto de computación que no tenía computadores. Y también otro en que las platas entraban directamente a la cuenta corriente del dueño y éste salía a pagar el supermercado, los sueldos de los profesores, los libros de la biblioteca y el colegio de sus niños con la misma chequera. Era un caos. Yo estuve a cargo del CSE desde 1990 a 1998 y cerramos un montón de instituciones y se les dio la autonomía a otras. A fines de los ’90, sin embargo, el gobierno decidió que era necesario tener un sistema de aseguramiento de la calidad que velara no sólo por la situación de las universidades privadas nuevas, que eran un problema, sino también por el resto del sistema, incluyendo las públicas, del Consejo de Rectores. Se llamó Consejo Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP), y entre 1999 hasta el 2006 se acreditaron alrededor de 500 carreras y unas 60 instituciones. Ese organismo ganó mucha experiencia. Luego fue reemplazado por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), pero por alguna razón misteriosa el nuevo gobierno se preocupó de que nadie de la CNAP llegara a esta nueva comisión. El equipo se desmanteló. Creo que en eso está la base de las críticas que hoy se le hacen al sistema, porque de alguna manera se perdió esa experiencia que se había construido con bastante esfuerzo, dedicación y muchos años de trabajo. Pero por una decisión política se decidió que no hubiera continuidad.

-¿A qué atribuye esa decisión política?

No tengo idea, la verdad es que no lo sé porque no tiene ninguna justificación. No sé qué pasó. Pero como consecuencia desaparecieron los manuales que se habían diseñado en la CNAP, el manual de autoevaluación, el manual de pares, los detalles de los criterios. Entonces hubo cuatro años, desde el 2006 al 2010, en que el sistema de acreditación perdió mucho de su desarrollo y de su credibilidad. Y los estudios muestran que hoy los procesos de acreditación tienen poca credibilidad.

-Tal vez esa falta de credibilidad se debe a que la CNA no parece estar buscando la calidad de la educación.

Yo creo que el tema de la calidad es crítico, pero el sistema de acreditación no la asegura por si sola. La acreditación es un instrumento de política, uno de muchos. Si se mira como la panacea universal va a ser un desastre porque la acreditación mira lo que hace una institución, le toma una foto a una institución en un momento determinado. Si eso no está acompañado de políticas de apoyo y de fomento, si no está apoyado de incentivos (y hay que tener cuidado porque a veces los incentivos tienen efectos perversos), si no está apoyado por políticas de financiamiento serias, si no hay una regulación más global, la acreditación cojea inevitablemente.

-De todos modos parece que no se es muy exhaustivo al momento de acreditar.

La acreditación en Chile es voluntaria, no es obligatoria, salvo medicina y pedagogía, todo lo demás es voluntario. La acreditación institucional, como es un requisito para el Crédito con Aval del Estado (CAE), es menos voluntaria, porque si quieres que los alumnos puedan pedir el CAE tienes que acreditarte. ¿Y qué ha pasado con eso? Algo perverso, que la CNA no resiste dejar a una universidad sin CAE, entonces la acreditas por un año, que es lo mismo que no acreditar. Creo que la única que no ha sido acreditada por la CNA es la UTEM, gracias a que se armó la pelotera con los criminalistas. Salvo eso, todo está acreditado, incluso unas cosas siniestras que hay. Porque la presión sobre la CNA es muy fuerte. Imagínate, llega el rector a decirte que si usted no me acredita no voy a tener alumnos, no van a tener acceso al crédito, qué va a pasar, drama, lloran y los acreditas por un año.

-¿Qué rol tienen en estos temas las Agencias Acreditadoras?

Esas agencias son para acreditar carreras. Se recurrió a ese mecanismo, que es el que se usa en México y en Alemania porque son miles de carreras y un organismo solo no iba a poder dar cuenta de todo. Entonces se pensó en estas agencias que son autorizadas y supervisadas por la CNA, y en la medida que la CNA decide que los procedimientos son los adecuados, quedan autorizadas.

Me acuerdo que los miembros del consejo tuvimos una reunión con el SII y la SVS y les dijimos “qué hacemos con éstas instituciones que claramente están sacando plata”.La respuesta fue que todo lo que estaban haciendo era legal. Pero no sólo eso. Nos argumentaron que desde el punto de vista de las finanzas públicas nos convenía que la plata saliera de las universidades y se fuera a una inmobiliaria, porque la inmobiliaria paga impuestos y la universidad no. ¡Yo quedé sorprendida!

 -¿Quien les paga?

Las universidades le pagan a estas agencias 7 u 8 millones de pesos por carrera. Las diferencias entre agencias tienen que ver con orientaciones, con especializaciones. Por ejemplo, hay una agencia que es organizada con el Colegio de Ingenieros y acredita las carreras de ingeniería, tecnología. Otra que se organiza por un consorcio de decanos más el Colegio de Arquitectos que acredita arquitectura, hay una agencia que es de la Universidad Católica. Yo diría que esas son las tres agencias serias, para mi gusto. El resto, son un desastre. Esa es mi opinión. Hay una que es organizada por un grupo de ex rectores de universidades estatales, está Luís Riveros de la Universidad de Chile, Jaime Pozo de La Serena, Ubaldo Zúñiga de la USACH… Creo que acreditan instituciones estatales y me parece que en eso hay un conflicto de intereses, ¿no? Hay otra agencia a la que uno llamaba por teléfono y te contestaban en la Universidad Mayor. Ahora me imagino que contestan en la UNAB porque la agencia se trasladó para allá. Es por lo menos sorprendente. Alguien tiene que fiscalizar los conflictos de interés. El caso de la agencia de la Universidad Católica (Qualitas), me dijeron que por estatuto no pueden acreditar nada de la Católica ni del DUOC. ¡Era que no! Pero el riesgo de conflictos de interés en las agencias es muy grande, sobretodo porque la supervisión que hace la CNA es muy frágil, es muy formal, es un papel, y los papeles aguantan cualquier cosa. Las CNA es LA agencia nacional. Las otras son agencias especializadas en carreras. La CNA acredita instituciones y postrados.

-¿Me puede explicar por qué es necesario acreditar carreras y universidades?

La acreditación de carreras apunta a dar garantía de que lo que la carrera ofrece es lo que la comunidad profesional, disciplinaria y laboral considera que esos alumnos deben aprender. Entonces, lo que se hace es mirar el perfil de egreso y decir, a ver usted quiere formar un ingeniero civil, muéstreme que están aprendiendo cálculo diferencial, ciencias de la ingeniería, etc.… Usted debe satisfacer las necesidades del perfil de egreso básico. Y eso lo hacen las agencias, pero los perfiles de egreso se supone que están definidos por la CNA, son estándares y las agencias lo acreditan. Si yo quiero estudiar derecho debo saber cuál de estas universidades efectivamente tiene la carrera acreditada y por consiguiente cuando yo tenga el título de esa universidad puedo estar razonablemente tranquilo que lo que me están enseñando es lo que tengo que saber para ser un abogado. La acreditación institucional está mirada desde otra manera, está pensada para promover la responsabilidad de las universidades en su propia calidad, entonces lo que acredita no es cuántos libros tiene la biblioteca o cuántos profesores tienen doctorado, sino cuáles son las políticas de la Universidad para asegurar que su planta académica es la que debe tener, que sus recursos de aprendizaje son los que tiene que haber, que sus resultados son los que promete cuando dice “yo soy la mejor universidad en investigación del país”. Es lo que se llama en la jerga de los que trabajamos en aseguramiento de la calidad una Auditoria de Calidad, y lo que evalúa es la capacidad de autorregulación de la universidad. Ese era el diseño original. Sin embargo, tengo la impresión de que con la CNA la cosa se ha ido haciendo más hacia contar libros, doctores o jornadas y no hacia demostrar que las instituciones son capaces de saber cuándo lo está haciendo bien y de arreglar las cosas cuando se dan cuenta que no lo está haciendo bien. Con la CNAP no se acreditaron un montón de instituciones, incluyendo cuatro estatales.

-¿Usted siente que el paso de CNAP a CNA bajó el nivel de la acreditación?

Yo siento que se deterioró por ignorancia. Cuando nosotros partimos con el tema del Aseguramiento de la Calidad en Chile el año 90’, en el Consejo Superior de Educación lo primero que hicimos fue preguntarnos qué es lo que está pasando en el mundo, así que nos metimos en la red y trabajamos y trajimos gente, hicimos muchas cosas. Con la CNAP seguimos participando en cosas, había experiencia acumulada y sabíamos en qué cosas podíamos meter las patas porque muchas veces tuvimos que decir que nos equivocamos, hay que hacerlo de otra manera. Mi impresión es que cuando entraron los que llegaron a trabajar a la CNA, no tenían la conciencia de que esto era una tarea compleja. Por otra parte, se vieron presionados por cosas como esto de la “acreditación institucional” necesaria para acceder al CAE. Porque eso los llevaba a preguntarse: “¿Qué hacemos con esta Universidad que tiene 10 mil alumnos? Si no la acreditamos se van a quedar sin crédito. ¿Cómo vamos a dejar a 10 mil alumnos sin crédito? ¡No podemos!”. Y la acreditan por un año. Eso es perder el norte.

-¿Qué hay que hacer?

Para empezar, ¡hacer cumplir la ley! Luego podríamos discutir lo del lucro. Pero me imagino que ya cuando empiecen a fiscalizar por lo menos las cosas más groseras se van a acabar. La acreditación exige mirar los estados financieros y ahí debía salir claro cómo lucran. Yo creo que debe haber múltiples triquiñuelas que uno no conoce, resquicios legales hay muchísimos. Otra cosa que yo creo que hay que cambiar es el régimen tributario de este país. El otro día un consultor del Banco Mundial, un danés que ahora es rector de una Universidad, me dijo: “mira, yo en Dinamarca pago 45% de mis ingresos en impuestos, o sea me pagan 100 y yo recibo 55”. Yo le dije “pero qué horror”. “Sí, un horror, pero mis hijos tienen derecho a educación hasta el post doctorado gratis, toda mi familia tiene derecho a la salud que necesiten gratis, mi mamá está vieja y va a necesitar alguien que la cuide, el Estado me va a pagar mi sueldo a mí o a mi hermana, cualquiera de los dos que escoja porque no es que se lo envíen a la hermana por ser mujer, para que la cuide hasta que se muera”. Yo pagaría feliz de la vida ese impuesto si fuera así. ¡Obvio! En cambio aquí te cobran impuestos, ni mucho, pero tienes que pagar el colegio, la salud, la carretera, el peaje; todo lo pagas aparte. Entonces, ¿por qué tendrías que pagar impuestos? Creo que no puedes abordar el tema de la educación superior sin abordar el tema de dónde sale la plata, si las cosas que no paga el sector privado las tiene que pagar el sector público y el sector público tiene que sacar la plata de alguna parte.

 

EDUCACION

 

Bases para un Acuerdo Social por la Educación Chilena

 El sistema educacional chileno se debate en una profunda crisis estructural, sus bases programáticas, sus objetivos y metas, sus formas de financiamiento, así como sus alcances y competencias, fueron concebidos para un momento histórico largamente rebasado.

 Las movilizaciones de los estudiantes, profesores, rectores y trabajadores de la educación, que han conmovido al país en las últimas semanas, han puesto en el centro del debate, la necesidad de abordar integralmente esta crisis estructural y avanzar hacia la Reforma Integral de la Educación Chilena.

 

 


Hoy queremos emplazar a los actores políticos del país, y en particular a los representantes del Congreso Nacional, que se comprometan explícitamente con la demanda social de impulsar y garantizar una reforma estructural al actual modelo educativo predominante en el país, haciendo suyo el compromiso de implementar dicha reforma.

 Nos une la firme convicción de que la educación es un componente esencial para alcanzar un nuevo Proyecto Histórico de Desarrollo democrático que tanto anhela el país y para superar las escandalosas brechas de desigualdad que hoy presenciamos.

  Es así entonces, que se ha planteado la necesidad urgente de recuperar la educación como un derecho social y humano universal, que debe ser garantizado por la Constitución Política de Chile, y que esté estructurado en base a un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, Gratuita, Democrática y de Calidad organizado y financiado por el Estado en todos sus niveles, es decir, desde la cuna en adelante asumiendo un proceso continuo formación.

 El nuevo sistema debe ser autónomo y democrático, para preservar de todo interés particular, ya sea de carácter político partidista, religioso y económico, con una organización interna capaz de autodeterminarse en las esferas administrativas, de gobierno, técnico-docente y financiera. Para lo cual requiere de instancias democráticas como forma de garantizar el derecho a la participación, la libertad de asociación, pero también el empoderamiento de la comunidad en la definición de políticas educativas con independencia del gobierno de turno.

La educación debe ser pluralista, para garantizar el libre y público acceso a las fuentes de información y conocimiento, que permita el tratamiento integral y crítico de los temas, con diversidad de opiniones, visiones y disciplinas. La generación y transmisión del conocimiento en las instituciones públicas debe oponerse a cualquier dogmatismo y práctica adoctrinante.

 La educación debe ser de calidad, entendida esta como la capacidad de educar en contenidos y en valores como la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto por el medio ambiente, la identidad y las raíces culturales e históricas de nuestra sociedad y nuestros pueblos originarios. La educación debe ser capaz de formar sujetos, profesionales, técnicos e intelectuales de excelencia, con capacidad crítica y ética profesional, ciudadanos libres, preparados para el ejercicio de la democracia y la responsabilidad social.

 La educación pública debe ser gratuita, entendiendo que el Estado debe proveer de los recursos necesarios para garantizar de manera plena el derecho sin ningún tipo de restricción socioeconómica.

 En definitiva, necesitamos un Estado garante del derecho a la educación para que nuestra sociedad cuente con una masa de ciudadanos conscientes, críticos y comprometidos en el trabajo intelectual, técnico y profesional para el desarrollo democrático y justo de la cultura, la política y la economía de la sociedad. Esto implica entender la educación como una inversión social y no meramente individual, necesaria para la batalla contra la desigualdad y el alcance de la libertad y la justicia social.

 Para poder hacer viables dichas garantías por parte del Estado, se hace urgente plantear una discusión amplia acerca de las nuevas formas de financiamiento que contemplen desde una reforma tributaria hasta la recuperación de los recursos naturales de nuestro país.

 Ejes Fundamentales

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, proponemos avanzar en los siguientes ejes fundamentales:

 I.- La Reforma Constitucional.

 La Constitución deberá consagrar la educación como un derecho fundamental y un bien público, donde el Estado se hará responsable de proveerla, asegurando el cumplimiento de los principios de gratuidad, universalidad y calidad en la educación pre-escolar, básica y media.

 Asimismo, a nivel de Educación Superior, la Constitución deberá garantizar la existencia de un sistema terciario, sin fines de lucro, donde el acceso, la calidad, y el financiamiento necesario sean garantizados por el Estado para que todo ciudadano pueda alcanzar la un titulo de educación superior.

 II.- Educación Escolar

 La Educación Escolar contempla tanto la educación pre-básica, básica y media. Y en la educación media, tanto la científico-humanista como la politécnica o técnica profesional.

 En este contexto, y sin perjuicio de otras materias, en lo fundamental se impulsara:

 A-. La Desmunicipalización de la Educación.

 Se creará en su reemplazo un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, dependiente del Ministerio de Educación, de carácter descentralizado, con la forma de Servicios Públicos con patrimonio propio y especializado en la  administración de la educación pública escolar.  La creación de esta nueva institucionalidad debe ser discutida con todos los actores: profesores, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados.

 Todos los establecimientos educacionales dependerán administrativa y financieramente de este Nuevo Sistema Nacional de Educación Pública.

 B-. Nuevo Sistema de Financiamiento.

 El Nuevo sistema de financiamiento asegurará un aporte basal para todos los establecimientos educacionales vía presupuesto y no según asistencia, para lo cual se implementará un calendario a través del cual se pondrá fin al sistema de financiamiento compartido y de toda forma de lucro en los establecimientos que reciban financiamiento público.

 C-. Carrera Docente Fundada en la Dignidad y Calidad

 Debe avanzarse en una ley de carrera profesional docente basada en el mérito y la experiencia, que considere etapas de desarrollo profesional, que dignifique a los profesores y profesoras desde el punto de vista de sus remuneraciones, incluidas las de carácter inicial, que incentive los mejores talentos para que estudien pedagogía, que garantice oportunidades de desarrollo profesional, valoración social y formación continua, contando con un fuerte sistema de acreditación, además de una adecuada relación de horas lectivas y no lectivas, todo lo cual permite garantizar una docencia de excelencia en el sistema público de educación.

 Además, debe crearse una normativa para los asistentes de la educación, fundada en la dignidad y calidad. Se debe crear una normativa que regule y reconozca las funciones de estos trabajadores.

D.- Regulación y control de la creación de nuevos establecimientos subvencionadas

 La suspensión inmediata de la creación de nuevos establecimientos subvencionados hasta que se definan parámetros objetivos que justifiquen la creación de nuevos establecimientos y se resuelva la Nueva Institucionalidad de la educación pública. Ambos aspectos son centrales para poder definir un sistema nacional de educación que pueda, efectivamente, operar con la nueva institucionalidad definida. Ello, vinculado, además, a las correcciones al sistema de financiamiento de la educación escolar.

 E.- Transporte Escolar

 Asegurar un servicio eficiente y suficiente de transporte escolar gratuito y seguro para todos los estudiantes-especialmente en regiones, durante los 365 días del año.

 F.- Plan Nacional de Reconstrucción y Habilitación de Infraestructura Escolar

 Diseñar y ejecutar un Plan Nacional de Reconstrucción y Rehabilitación de la infraestructura de los  establecimientos educacionales públicos, de manera de garantizar que el proceso educativo se desarrolle en condiciones elementales de dignidad y sanidad.

 G.- Educación Politécnica o  Técnico Profesional

 En el país no existe una política de Estado en materia de la educación técnica; ni en su nivel secundario, ni en su nivel de educación superior, ni tampoco respecto a la integración entra ambas.

 La educación técnico –profesional o politécnica a nivel escolar deberá contar con un sistema de financiamiento propio, donde se garantice la infraestructura de acorde con los avances científico-técnicos para hacerla calificada y apropiada a las respectivas especialidades.

 Asimismo, a los estudiantes de la educación poli-técnico deberán contar con garantías básicas para el desarrollo integral de sus procesos educativos, incluyendo seguros apropiados y prácticas profesionales pertinentes y fiscalizadas.

 H.- Democratización

 Democratizar los espacios de participación estudiantil secundaria, reformulando el decreto N° 524 con respecto a los Centros de Estudiantes, fortaleciendo así, el rol de estos y reconociendo legalmente Federaciones Estudiantiles Secundarias.

 También, y a través de  Consejos Escolares resolutivos, debe garantizarse la participación de todos los estamentos involucrados en la comunidad escolar, dándoles un marco legal donde se especifique su rol obligatorio y periódico.

 III.- Educación Superior

La educación terciaria en Chile ha crecido de manera explosiva y desregulada durante las últimas dos décadas. Su crecimiento no ha sido fruto de una política nacional que persiga objetivos determinados sino al contrario, ella ha sido inorgánica, con calidades heterogéneas y de altísimo costo, respondiendo a lógicas de mercado y no a un plan de desarrollo nacional.

 Hoy se requiere impulsar una reforma al Sistema de Educación Superior que tenga como principios rectores que:

 – la Educación Superior, en tanto bien público, debe ser fruto de una Política de Estado, abordado con visión de largo plazo y definida con la participación de todos los actores relevantes, avanzando sobre grandes acuerdos y con sentido de urgencia.

 – El sistema de Educación Superior debe ser reconocido por el Estado como un pilar fundamental para el desarrollo social, cultural,   educacional, humanístico, económico, científico y tecnológico del país.

 – El Estado debe asumir el compromiso de aumentar significativamente el monto de financiamiento estatal del sistema de educación terciaria de modo de llevarlo, en un período razonable, al menos, al promedio de los países de la OECD y así no seguir gravando a las familias el costo de esta.

 A.- Educación Universitaria

 1.- Financiamiento Institucional

 a) Creación de un Aporte Basal a las Universidades Públicas, que plasme un nuevo trato entre el Estado y las Universidades que le pertenecen, que reconozcan el compromiso educacional y financiero que para ellas tiene el Estado, frenando así la lógica del autofinanciamiento de dichas instituciones.

 b) Aumentar de manera sustancial los Aportes Fiscales Directos (AFD) de libre disposición, permanentes y progresivos para el crecimiento, desarrollo local y sustentabilidad de las Universidades del CRUCH, con el objeto de garantice sus proyectos de bien público. Asimismo, se deberá reajustar anualmente según el IRSP, para que las justas remuneraciones de los trabajadores, no dependan del alza de aranceles de los estudiantes.

 c) Fondo de revitalización para las Universidades Tradicionales de libre disposición estableciendo que serán las comunidades universitarias quienes decidan el uso de estos recursos. Debe estar orientado con prioridad:

• Propiedad de la Universidades (Estatales/Privadas CRUCH)

• Condición Regional

• Composición socio-económica de sus estudiantes

• Solvencia económica de las Universidades (Deuda/presupuesto)

 2.- Nuevos Sistemas de Accesos: Más Equitativo y que Garantice Igualdad de Oportunidades.

 Avanzar decididamente a un sistema más equitativo y con igualdad de oportunidades para todos y todas, tal que permitan que las universidades del CRUCH cumplan cabalmente el rol social y de vocación pública para la que fueron creadas.

 Es fundamental asegurar una participación más representativa de la realidad socioeconómica del país en las matrículas de cada institución, disminuyendo la ponderación de la PSU en el proceso de admisión y evaluar de manera transparente su pertinencia. Avanzar en la creación de mecanismos complementarios de acceso considerando que sean de público conocimiento y debidamente informados que consideren aspectos como el rendimiento académico en establecimiento de origen (ranking), los propedéuticos y los procesos de nivelación.

 Además, se deberá garantizar el acceso y las condiciones de estudio para los estudiantes con necesidades educativas especiales en la educación superior.

 3.- Nuevos Sistema de Becas y Financiamiento Estudiantil

 a)      Se promoverá una reestructuración integral del sistema de becas, ayudas estudiantiles (en sus montos, cobertura y condiciones de postulación) y créditos poniendo fin a los insostenibles niveles de endeudamiento de las familias. Para este efecto se propone:

Con el fin de avanzar hacia la gratuidad, se debe promover un sistema de becas que cubra a todas los alumnos y alumnas provenientes de familias del 70% de menores ingresos.

 De la misma manera, las ayudas estudiantiles complementarias deberán reajustarse y ampliar su cobertura a los estudiantes pertenecientes al 70% de menores ingresos del país.

 Finalmente se debe crear un sistema único de Fondo Solidario para todos los y las estudiantes pertenecientes al 30% de las familias de mayores ingresos que ingresen a instituciones que en la práctica no lucren, eliminando a su vez, el CAE y a la banca en el sistema financiero.

 b) El financiamiento estudiantil será de asignación exclusiva de las Universidades estatales y las Universidades que cumplan con una estricta regulación por parte del Estado

 c) Las Universidades privadas que reciban financiamiento estatal mediante becas y créditos deberán cumplir los siguientes estándares:

 – Acreditación Institucional, en todas las categorías.

 – Garantizar los principios de libertad de asociación y expresión

 – Asegurar y Promover la existencia de Federaciones Estudiantiles

 – Transparencia total del uso de sus recursos financieros

 – Ausencia total de fines de lucro

 d) Todas las Universidades se deberán someter a una revisión completa de los montos arancelarios de sus planes de estudio, los aranceles se establecerán en el futuro mediante una formula conocida y validada por la Comisión Nacional de Acreditación. Los aranceles no podrán sufrir alzas de manera unilateral por ninguna entidad de educación superior que sean receptoras directa o indirectamente de fondos públicos.

 4.- Nueva Institucionalidad

a)    Creación de Superintendencia de Educación Superior

Esta Superintendencia deberá contar con todas las atribuciones necesarias para hacer trasparentes las situaciones financieras y académicas de todas las instituciones de Educación Superior.

 Tendrá la facultad de fiscalizar y hacer cumplir la ley que establece la prohibición del lucro en toda institución de educación superior.

 Este organismo deberá velar que todas las instituciones de educación superior se sometan a mecanismos de información pública, de fiscalización y control. Será obligatoria la rendición de cuentas públicas de todas las instituciones de educación superior, incluyendo publicación de FECU semestral por cada institución que incluya información detallada de todos sus ingresos gastos y vínculos contractuales

 b)    Nuevo Sistema Nacional de Acreditación

 Se establecerá la acreditación obligatoria para todas las instituciones de Educación Superior y sus carreras, a través de agencias públicas, autónomas y transparentes que incorporen criterios de calidad, de adecuación de la misión de la institución a objetivos educativos de país, el desarrollo regional, la existencia de organismos estudiantiles, académica y funcionaria. Este nuevo y riguroso sistema d acreditación debe ser prioritario y previo cualquier expansión de recursos al sector privado.

 5.- Democratización

 El Sistema de educación superior deberá garantizar y fiscalizar que los Derechos y Garantías  Constitucionales sean efectivos, especialmente la participación de todos los estamentos  involucrados en el proceso educativo; la libre expresión de las ideas con libertad y autonomía; la organización y asociación sin más límites que los impuestos por la propia Constitución.

 Se propondrá a la participación de los distintos estamentos de la comunidades universitarias en los cuerpos colegiados, para lo cual se impulsaran las reformas legales correspondientes, apoyando la derogación de los artículos 56e) 67e) y 75e) del DFL2/2009 MINEDUC, para acabar con las prohibiciones legales que impidan la participación de la comunidad universitaria en este ámbito, garantizando además el derecho a la organización de los estamentos en todas las instituciones de educación  superior.

 6.- Derechos Educativos de los Pueblos Originarios

 Avanzar en un sistema educacional inclusivo y plural que incorpore los derechos educativos y lingüísticos de los pueblos originarios y la interculturalidad en el sistema educativo, en todos sus niveles. Para esto se propone:

 1. Creación de una Universidad Estatal pública e Intercultural

 2. Aumento en el monto de la Beca Indígena y en la cantidad de beneficiarios.

 3. Creación e Incorporación a los planes y programas, mallas curriculares y proyectos educativos Institucionales, contenidos educativos indígena considerando el espacio en el que se desarrollarán en relación a la lengua, historia y cosmovisión de cada uno de ellos.

 4. Reconocimiento jurídico de los espacios utilizados por estudiantes indígenas (Hogares indígenas) además de la implementación de una política pública de Hogares.

 7.- Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales

 El país está en deuda con la formación técnico profesional de la educación superior. Se debe revisar no sólo la transición y acceso desde la enseñanza media, los mecanismos de acreditación de los establecimientos y las carreras que imparte sino también, poner fin al actual sistema de lucro y negocio que se ha apoderado de los CFT y de los IP. Esta realidad afecta en particular a los estudiantes de los sectores más vulnerables del país.

 Se prohibirá que recursos públicos de cualesquier índole sean transferidos directa o indirectamente a los CFT e IP con fines de lucro, estableciendo un plazo razonable pero acotado para cumplirlo.

 Asimismo, y en ausencia de establecimientos que cumplan una función pública, el Estado deberá asegurar la presencia de oferta educativa estatal de centros de formación técnica e institutos profesionales en todas las regiones del país, creando una Red Nacional de Educación Técnica gratuita y de calidad.

 

 

SEMILLAS

    

           EL NEGOCIO DE LAS SEMILLAS EN CHILE Y EL ACTA UPOV 1991           
      
                    

 

                                                                        Ing. Agr. Adel Cipagauta Valenzuela

Gerente General de la Empresa Nacional de Semillas (filial CORFO)   del Gobierno del Presidente Salvador Allende

 

Las excepcionales condiciones agroclimatológicas de nuestro territorio para el desarrollo de cultivos agrícolas explican el alto interés que han tenido desde hace décadas las empresas transnacionales que dominan el mercado mundial de semillas de cultivos agrícolas para establecer negocios en Chile.  Desde los años 60 del siglo anterior sus esfuerzos han estado dirigidos a fortalecer su presencia en Chile para transformarla en plataforma o territorio principal del Hemisferio Sur para la creación de variedades y multiplicación de semillas orientadas al mercado mundial.


En efecto:

a)      El territorio nacional dispone de muy favorables características naturales de aislamiento frente a eventuales propagaciones  de plagas o enfermedades, como pocos lugares del mundo: protegido por la Antártida, el desierto, el Océano Pacífico y la Cordillera de los Andes.  Lo cual representa un atractivo escenario fitosanitario para la creación de variedades vegetales.

 

b)       Por otra parte, la especial características agroclimatológica de presentar períodos de verano (en que fructifican y maduran las especies vegetales ) de altas temperaturas y escasa humedad ambiental, contribuyen a elevar este especial interés respecto de nuestro territorio, de parte de los inversionistas internacionales del ámbito de los agronegocios en general, y de la multiplicación de semillas en particular.

 

c)       En un sentido comercial, además, el territorio agrícola chileno ofrece la especial condición geográfica de estar a contra-estación climática respecto de los principales mercados internacionales demandantes de semillas chilenas: Estados Unidos y Europa. Cuando en esos lugares se viven períodos de invierno que no es época de maduración y cosecha de variadas especies vegetales de amplio consumo en el Hemisferio Norte; en Chile es el período de verano de maduración y cosecha de diversas especies vegetales. Situación que permite a las transnacionales la obtención de más de una cosecha en un mismo año. Es decir, el conocido dicho popular de DOS EN UNO.

En este contexto, el negocio de la multiplicación y venta de semillas en Chile orientado al  mercado mundial ha desarrollado un significativo crecimiento en los últimos 30 años.  Desde entonces Chile ha sido la plataforma de multiplicación de semillas a través de contratos de multiplicación de semillas entre productores agrícolas chilenos y unos pocos y poderosos consorcios internacionales. Hoy “somos” el séptimo país mundial exportador de semillas del mundo y el primer exportador de semillas del Hemisferio Sur. 

Las ventas al mercado externo, de semillas producidas en Chile en el año 2008, se elevaron a 370 millones dólares americanos y su tendencia es un crecimiento sostenido; en tanto, se estima que el mercado nacional asciende a un valor global aproximado de 120 millones de dólares americanos. ESTE ES NEGOCIO EN DISPUTA, AHÍ ESTÁ LA MADRE DEL CORDERO.

En el año 2009, las exportaciones de semillas producidas en Chile alcanzaron un volumen superior a las 100 mil toneladas, de las cuales la mitad corresponde a semillas de maíces híbridos, y un tercio a cultivos industriales y hortalizas. Los principales mercados de destino de estas exportaciones son Estados Unidos de Norteamerica y Europa, los que concentran el 85% de éstas.

Con base en estos antecedentes productivos y comerciales es posible aproximarse a entender las causas y fuerzas determinantes que están impulsando la urgente adopción de un conjunto de disposiciones legales en los principales países productores de semillas de la región americana, que abastecen a las transnacionales de Estados Unidos y Europa.

Son estas poderosas razones, las que permiten  en gran medida entender el interés y apresuramiento de las grandes transnacionales en que nuestro país adhiera a compromisos internacionales que lo obligan al acatamiento de disposiciones comerciales, aunque estas lesionen el interés de las comunidades rurales, de productores agrícolas, afecten de manera irreversible la biodiversidad o pongan en riesgo la salud de los consumidores de productos agrícolas genéticamente modificados.

Al respecto, es importante tener claridad acerca de la existencia en el país de tres procesos jurídicos administrativos que están en curso, que aunque cada uno de ellos está referido a aspectos específicos de la industria semillera agrícola, en su conjunto apuntan en una misma dirección: afianzar en el Chile, país con excepcionales condiciones naturales, un dominio cautivo del mercado de producción, consumo y exportación de semillas  por parte de las principales transnacionales del mundo.

Estos procesos en actual desarrollo corresponden a:

a)  La exigencia derivada de los tratados de libre comercio suscritos por los gobiernos de Chile con Estados Unidos, Europa y Japón, de que nuestro país se adhiera a la última Acta Modificatoria de la Unión Internacional de Protección para las Obtenciones  Vegetales (UPOV), que data del 19 de Marzo de 1991 (organismo dependiente del Sistema de Naciones Unidas, al cual el Gobierno de Chile pertenece desde 1996).

Es ésta la iniciativa de ley hace unos días fue aprobada por el Senado y antes por la Cámara de Diputados, generando un importante debate político – técnico de un  alcance mucho mayor, que llega hasta el riesgo de una eventual siguiente aprobación de una ley que permita a las transnacionales la producción y multiplicación comercial en Chile de semillas transgénicas. 

Es importante señalar que por lo delicado de sus eventuales consecuencias jurídicas para los intereses de la agricultura campesina (en términos de costos de producción y conservación de la pureza del material genético autóctono de nuestras comunidades rurales), de los 67 países miembros de esta UPOV, solo 43 han suscrito dicha Acta Modificatoria, destacando la negativa a suscribirla de los principales países productores agrícolas latinoamericanos: Argentina, Brasil, México y Colombia, entre otros.

Frente a estos hechos, una vez más, nos encontramos como ciudadanos y como país frente a hechos consumados. Derivados de acuerdos inconsultos con la ciudadanía y los directamente afectados, pasando a llevar otros convenios internacionales suscritos por el gobierno de Chile, como es el Convenio 169, relativo al respeto a la soberanía y territorios de los pueblos originarios.

Cabe preguntarse: ¿como es posible que las autoridades de turno se obstinen en hacer aprobar en el Parlamento la adhesión a un Convenio Internacional en circunstancias que aún se encuentra en discusión y trámite legislativo el análisis del Proyecto de Ley que a futuro regulará en el país los derechos de propiedad intelectual sobre obtenciones vegetales. ¿Qué intereses o fuerzas fácticas son las que están generando este absurdo proceso?. A la luz de los antecedentes antes referidos, es obvia la respuesta. Esto obviamente no cuadra, y es como COLOCAR LA CARRETA ADELANTE DE LOS BUEYES.

b) Un segundo instrumento jurídico en proceso de análisis está referido al señalado Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual sobre la Obtención de Nuevas Variedades Vegetales. En este aspecto, nuevamente los intereses entre los grandes consorcios multinacionales por una parte, y el respeto a la biodiversidad, la conservación del patrimonio genético ancestral de las comunidades rurales y a la lógica económica que orienta las decisiones técnicas y económicas de la agricultura campesina, en especial en condiciones de autoconsumo por otra, vuelven a chocar. 

En este sentido, es principal que las definiciones de la nueva ley que emane de este proceso legislativo cautelen la soberanía nacional que representa el germoplasma fitogenético nativo, y los costos de producción de la agricultura campesina frente a la voracidad de los intereses comerciales foráneos.

Que lamentable enterarse por la prensa que el Ministro de Agricultura se permita homologar el derecho de propiedad intelectual de la creación de un software electrónico con la creación de una variedad biológica vegetal, sin detenerse a pensar en las enormes diferencias que existen en términos de riesgos y consecuencias entre un producto informático y la condición biológica que implica la creación o modificación genética de una especie vegetal destinada a la alimentación humana

c) Un tercer instrumento legal, en este proceso de adecuación de las normas jurídicas que regularán la actividad semillera en el futuro inmediato del país corresponde al Proyecto de Ley de Bioseguridad de Organismos Vegetales Modificados, también actualmente en trámite en el Congreso Nacional.

Respecto de éste, con toda razón, la propia Asociación Nacional de Productores de Semillas (ANPROS) de Chile ha advertido en la necesidad de que: “Debe ser seguida de cerca por la cadena de distribución de insumos en la medida que autorizará la siembra de cultivos comerciales transgénicos en Chile”

 

El cultivo de maíces híbridos transgénicos representan una amenaza directa inmediata sobre el material genético de maíces criollos cultivados por generaciones en el campo chileno, que constituyen el patrimonio genético nacional, logrando desarrollar importantes atributos de resistencia a posibles enfermedades y condiciones climatológicas adversas. A través del transporte del polen por el viento, las posibilidades de contaminación de estas especies nativas son enormes e inminentes, dado que las variedades transgénicas requerirían de una amplitud territorial que no existe, para lograr técnicamente el aislamiento mínimo necesario de esas plantaciones frente al resto de la superficie cultivada de maíz. 

 Se trata de una iniciativa que derechamente busca abrir el territorio  nacional  a la penetración de los variedades transgénicas propiciada por los gigantes del negocio mundial de la industria semillera: Monsanto, Nunhems, Pioneer, Tracy, Dupont y Ventrabioscience

 Iniciativa que se está impulsando simultáneamente en otros países de  América, y que en México ha recibido una formidable respuesta soberana de los principales centros académicos de investigación dispuestos a defender el patrimonio nacional genético y la salud de la población consumidora de los alimentos derivados.

Es impresentable que las autoridades del Ministerio de Agricultura y los parlamentarios de derecha intenten vanamente de minimizar la gravedad de estas situaciones, pretendiendo desconocer o invalidar las razones técnicas y  económicas que se han señalado para expresar el rechazo a los propósitos de fondo a que conlleva este conjunto de disposiciones jurídicas que se han puesto en marcha.

Corresponde a todos los segmentos políticos, académicos, investigadores, productores, organizaciones sociales, alzar la voz para detener este nuevo atropello a la soberanía alimentaria, las condiciones de producción agrícola,  a la biodiversidad y a la calidad de vida de los chilenos.

Que contraste tan enorme en los  conceptos orientadores del proceso de investigación y producción de semillas entre estos enfoque oficiales neoliberales, en su afán de percibir los requerimientos alimentarios nacionales principalmente como oportunidades o “nichos de negocios”, frente al enfoque de un desarrollo económico y social de la producción agrícola nacional orientado a satisfacer los requerimientos alimentarios de toda la población. Enfoque que es oportuno reiterar, en los tres años del Gobierno Popular del Presidente Salvador Allende, impulsó al desarrollo estratégico de la industria de semillas en Chile estableciendo Centros de Producción de Semillas, en el sector reformado de la agricultura chilena, con el aporte de los trabajadores del campo y de los mejores especialistas del país del Ministerio de Agricultura y la CORFO: Centro de Producción de Semillas en la comuna de María Pinto, para semillas de alfalfa, Centro de Producción de Semillas Forrajeras en comuna de San Carlos en la Región de Ñuble, y el establecimiento de contratos de multiplicación de semillas con productores y empresas agrícolas en cada región agroecológica del país, para el abastecimiento estratégico de las semillas para las siembras de cultivos comerciales, en el contexto de un  proceso nacional de Reforma Agraria como estrategia de justicia social, soberanía alimentaria y redistribución de la riqueza en el ámbito rural.

    

                                                                                             

Santiago, 4 de junio de 2011.

 

SEMILLAS

    

Senado “CHILENO” vendió a Monsanto la semilla

campesina e indígena

 

Con 13 votos a favor (de la derecha y uno de la Concertación), 5 en contra y 6 abstenciones, el Senado de Chile aprobó el 11 de mayo el Convenio Upov 91 que impedirá a los campesinos guardar la semilla y extenderá el tiempo de vigencia de los derechos y garantías de las transnacionales que vendan semillas híbridas y transgénicas en el país.

                                                                                                                                      

El senador Eugenio Tuma (Araucanía, PPD) se unió a los sepultureros de la agricultura campesina, que aportaron nichos marca UDI y RN, mientras Ximena Rincón (Maule) y Jorge Pizarro (Coquimbo), ambos del PDC junto a José Antonio Gómez (Antofagasta, PR), Alejandro Navarro (BioBio, MAS), y Jaime Quintana (Araucanía, PPD) rechazaron decididamente la iniciativa.

Ximena Rincón fundamentó su voto expresando que serán los campesinos chilenos quienes pagarán el costo de la adhesión a este convenio. Argumentó que antes de votar, debió haberse debatido la Ley sobre Derechos de Obtentores Vegetales que deroga la ley Nº 19.342 por la cual se creó en Chile el registro de especies vegetales. Mediante esa ley, el país firmó la versión anterior de este convenio, cuyos términos eran menos lesivos para la agricultura.

La protección a la que se refiere el convenio es el pago de una suerte de patente, el llamado “derecho de obtentor”, por la compra de semilla campesina registrada por las trasnacionales semilleras luego de ser manipulada genéticamente.

La votación tuvo lugar en medio de un ambiente callejero de rechazo generalizado a la aprobación del proyecto Hidroaysén que puso en relieve el carácter depredador del modelo chileno de negocios y “desarrollo”, ahora refrendado por esta nueva decisión legislativa. El Senado y el gobierno de Chile marcan inequívocamente su postura de alianza con las transnacionales y de entrega del patrimonio del país.

INDIGNACIÓN CAMPESINA E INDÍGENA

La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) y Terram, invitadas a expresar su opinión ante el Senado, habían mostrado ante la Comisión de Agricultura su repudio a esta iniciativa. El año 2010 en la Cámara de Diputados, Anamuri, Ranquil, los productores orgánicos, el obispo de Aysén, Rapal, la Alianza por una Mejor Calidad de Vida, Grain, Olca, y diversas organizaciones regionales y locales ya habían expuesto su rechazo a este convenio y al proyecto de ley de obtentores.

Por su parte, el mismo día de esta votación, la Red Legislativa Indígena y de Políticas Públicas exigió en carta dirigida al Presidente del Senado Guido Girardi, ser escuchada, dado que se omitió la consulta a los pueblos indígenas estipulada en el Convenio 169. La agrupación cree que “esta es la usurpación que quedaba. Ya nos quitaron la tierra, el agua, ahora nos quieren quitar los cultivos y las hierbas medicinales… El Estado roba, y luego aplica leyes antiterroristas o militarización cuando las comunidades protestan”.

Entre otras organizaciones la red incluye a la Corporación Aymara Jach-a Marka Aru, a la comunidad huilliche Pepiukelen, y a representantes del pueblo RapaNui, del Consejo Nacional Aymara, la Alianza Territorial Mapuche, a Lakutun (Región Metropolitana), a Trawun Mapuche-huilliche de Pargua y a comunidades de Tirúa sur.

 Los indígenas también recordaron que “el Upov 91 ha sido resistido por indígenas de todo el mundo, pues ellos también han advertido que es una nueva forma de robo legal de plantas que hemos intervenido, cruzado y modificado a través de técnicas ancestrales y protegido en caso de peligro, sequía o monocultivo. La papa chilota continúa viva gracias a nosotros, no gracias a las transnacionales”.

VIOLACIÓN DE UN DERECHO HUMANO

La selección, mejoramiento e intercambio de semilla –trafkintu en mapudungun– es un derecho humano de los agricultores y pueblos indígenas del mundo, reconocido incluso en el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO y reivindicado por Vía Campesina y por la Cloc, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. De esta manera, las mujeres campesinas e indígenas y las comunidades campesinas son las verdaderas gestoras de la diversidad y riqueza genética que usurpan las cororaciones semilleras, ahora con la venia del Senado de Chile.

La Alianza por una Mejor Calidad de vida ha denunciado que este convenio privatiza la comercialización, la importación y exportación de la semilla. Sostiene Alicia Muñoz, dirigente de Anamuri: “El agricultor deberá comprar todos los años su semilla si no quiere ver confiscada su cosecha, sus cultivos y plantaciones. El convenio no garantiza que las variedades sean mejores o estén accesibles en Chile. Puede darse incluso el caso de que por razones comerciales se impida el ingreso de una determinada variedad en Chile. Para registrar una planta sólo se pide que no esté inscrita antes y que la variedad sea homogénea y estable. Mientras más homogéneas son las plantas, menos capacidad tendrán para resistir fenómenos como la sequía o el cambio climático, al contrario de lo que ocurre cuando hay biodiversidad.”

LOS AMIGOS DE MONSANTO

La iniciativa resistida por todas las organizaciones campesinas con base social, será remitida al presidente Piñera para su promulgación, según el boletín de prensa del Senado. Los votos a favor correspondieron a los senadores Carlos Cantero (Antofagasta, Independiente); a los UDI Juan Antonio Coloma y Hernán Larraín (ambos de Maule), Pablo Longueira y Jovino Novoa (ambos de RM) y Jaime Orpis (Tarapacá); y a los RN Francisco Chahuán (Valparaíso), José García, Alberto Espina (ambos de Araucanía), Carlos Kuschel (Región de Los Lagos), Carlos Larraín (Valdivia), Baldo Prokurica (Atacama), más el PPD Eugenio Tuma (Araucanía, PPD). La cómoda abstención estuvo a cargo de los PS Camilo Escalona (Los Lagos) y Juan Pablo Letelier (O’Higgins), junto a los DC Hossain Sabag (BioBio), Patricio Walker (Aysén) y Andrés Zaldívar (Maule), y Antonio Horvath (Aysén RN).

Los defensores del proyecto aludieron a los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, Japón y la Unión Europea argumentando que Chile estaba obligado a firmar el convenio citado. El senador Alejandro Navarro, criticó estos tratados y agregó que países claves en agricultura en América del Sur como Brasil y Argentina, se han adherido sólo a UPOV ’78 y no al ’91. Asimismo, hizo ver que las implicancias de este convenio debieron haber sido difundidas hacia la comunidad.

Por su parte, el senador Jaime Quintana, se mostró en contra de ratificar este proyecto y explicó que “afectará a los productores agrícolas nacionales”. También criticó la ausencia del Ministro de Agricultura en la discusión en la Sala. A su juicio, “para que este convenio tenga valor, Chile debe contar con la ley de obtentores de vegetales que todavía no lo votamos; si aprobamos este proyecto de acuerdo va a ser letra muerta”.

El senador Eugenio Tuma puso una nota de humor al informar a sus colegas que él conoce a campesinos que salieron de la pobreza por construir invernaderos y pagar semillas de calidad. Sin embargo no entregó estadística alguna en respaldo de su anécdota.

 UPOV Y LOBBY EMPRESARIAL

La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, Upov, es una organización propiciada por las transnacionales comercializadoras de semillas y respaldada por los gobiernos, de la que Chile es parte. En los primeros años producían híbridos y hoy también transgénicos. Entre ellas están las empresas Monsanto –que controla más del 90% del mercado de la semilla transgénica- Syngenta, Bayer, y Dupont/Pioneer. Las ventas de semillas y plaguicidas les reportan enormes ganancias a costa de la destrucción de la agricultura campesina, remplazada por la agroindustria y los monocultivos de semillas transgénicas. El precio de los alimentos, según FAO, se encuentra actualmente en los niveles más altos de la historia.

El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio Upov) ha sido modificado en tres oportunidades: 1972, 1978 y 1991. En Chile el exitoso lobby empresarial para que Chile, firmante de Upov 78, adhiriese a Upov 91 fue encabezado por Monsanto a través de ChileBio con el apoyo de Anpros (la asociación gremial de productores de semilla transgénica de exportación) y del Diario Financiero, virtual vocero del negocio de exportación de semilla transgénica. El Gobierno y senado chileno finalmente se rindieron a la presión adicional del Presidente Obama, cercano a Monsanto, quien traía en su agenda de visita a Chile, el tema del respeto a la propiedad intelectual.

Por Lucía Sepúlveda Ruiz

 

Monsanto ha sido y sigue siendo una de las empresas que ha creado más controversia a nivel mundial debido al peligro potencial o real de sus productos sobre la salud humana, animales, plantas y sobre el medio ambiente en general.

  • En la década de los 60 Down Chemical, Uniroyal, Hercules, Diamond Shamrock, Thompson chemical, TH y Monsanto fueron contratadas por el gobierno de Estados Unidos para producir un herbicida llamado agente naranja utilizado en la guerra de Vietnam con el fin de destruir la selva vietnamita y las cosechas privando a los vietnamitas de alimento y de vegetación donde esconderse. El agente naranja fue un potente químico que causó entre la población vietnamita unos 400.000 muertos y unos 500.000 nacimientos de niños con malformaciones, además de las bajas en el propio ejército estadounidense[1] Debido a que el artículo 38 de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe a los veteranos de guerra demandar al gobierno por lesiones sufridas en la guerra, muchos afectados han intentado demandar a las compañías químicas, quienes en un inicio fabricaron el agente naranja como un herbicida de uso agronómico y no bélico. El gobierno de Estados Unidos ha tratado de evadir su responsabilidad fincándola en las empresas a quienes ellos utilizaron para producir este químico. El problema era que la prisa por estas empresas por producir rápidamente el herbicida y con unos costes mínimos hizo que el producto final contuviera grandes cantidades de la dioxina tetraclorodibenzodioxina, un subproducto altamente cancerígeno que además provoca malformaciones en los fetos. Esto unido a la gran capacidad del agente naranja de permanecer activo en el suelo ha provocado graves daños en las selvas de aquel país, así como generaciones de niños con malformaciones y problemas de cáncer.
  • Monsanto fue productor de la hormona sintética somatotropina bovina (o rGHB recombinante). Existen estudios científicos[2] que prueban que la hormona provoca cambios significativos en la biología de las vacas (mastitis, esterilidad, y un aumento de la hormona del crecimiento y de otras hormonas en la leche producida) y también existen estudios que tratan de probar lo contrario, que la hormona es inocua.[3] Debido a esta divergencia de opiniones, la leche de vacas tratadas con rGHB está permitida para su comercialización en Estados Unidos, México, Brasil, Rusia, Corea, Colombia, Egipto, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Honduras, Kenya, Jamaica, Perú,

 Nambia, Eslovaquia, Turquía, Sudáfrica y Zimbabue, pero está prohibida en Canadá y la Unión Europea, quienes afirman que la hormona puede causar daños no sólo por los problemas ya citados, sino por la dosis extra de antibióticos que contiene la leche de las vacas tratadas con esta hormona suministrados para el tratamiento de las mastitis (infección de las mamas). Grupos de protección al consumidor en Estados Unidos pidieron que se pudiera etiquetar la leche de vacas tratadas, sin embargo el gobierno de los Estados Unidos denegó la petición en un inicio y grupos de activistas atribuyeron esto a políticas de Monsanto, quien habla sobre esto en un comunicado.[4] La negativa del gobierno a esta iniciativa no permitía al consumidor distinguir entre una u otra leche. Después de crecientes peticiones por grupos activistas de protección al consumidor se permitió el etiquetaje de la leche de vacas no tratadas, con la condición de añadir en la etiqueta la información obtenida por los científicos de la Food and Drug Administration (FDA) quienes llegaron a la conclusión de que "la leche de vacas no tratadas con la rGHB no muestra diferencias significativas con la leche de vacas tratadas", aunque no habla de los problemas de salud derivados por la ingesta de antibióticos junto con la leche.

  • En el año 2007 Monsanto fue multado por anunciar que su herbicida Roundup era biodegradable y no tóxico para los animales domésticos y los niños, y la Unión Europea ha clasificado al herbicida de Monsanto como no biodegradable.[5] aunque, Estados Unidos a través de la directiva 1999/45/EC lo clasifica como "no peligroso", existen numerosos estudios que prueban que el glifosato (nombre del herbicida conocido comercialmete como Roundup) es altamente persistente en el suelo, por lo que en ningún caso debió ser considerado como biodegradable. Monsanto tuvo que retirar la palabra Biodegradable de su producto y cambiar su publicidad, para poder continuar comercializándolo. Dos trabajos realizados por la CNRS en el 2004 y 2005[6] demostraron que el compuesto activo del herbicida Roundup estaba relacionado con el cáncer causando desregulaciones en el ciclo celular[7] Las concentraciones usadas en campos de cultivo son entre 500 y 4000 veces más elevadas que la concentración mínima necesaria para causar alteraciones en el ciclo celular.
  • En 1935 Monsanto absorbió a la empresa que comercializaba policloruro de bifenilo (PCB) desde 1927, Swann Chemical Company (inicialmente Anniston Ordnance Company). En su época, el PCB fue un producto útil que tenía gran estabilidad térmica biológica y química, así como una elevada constante dieléctrica. Por sus características anti-inflamables, la mayoría de los aceites dieléctricos con PCB se usaron fundamentalmente en áreas con alto riesgo de incendio, tales como plantas industriales, en transporte colectivo de tracción eléctrica (tranvías) y en la industria petroquímica sin embargo, tras los avances de la ciencia, se prohibió el uso de PCB en 1970, tras descubrir que se trataba de un agente contaminante para el medio ambiente (según el programa de las Naciones Unidas, es uno de los doce contaminantes más nocivos fabricados por el ser humano). Su uso en agricultura e industria junto con su gran capacidad de permanecer en el medio (incluso durante siglos) hizo que este agente llegara a la hidrosfera, donde se acumuló en sedimentos fluviales y marinos. El agua es bebida por los animales, y el químico con ella; el PCB se almacena en el tejido graso animal, de peces principalmente, que luego servirán para el consumo humano. Así el químico entra en nuestra alimentación. Su toxicidad afecta a personas ya nacidas causando erupciones en la piel. El mayor problema aparece en fetos, donde este agente afecta directamente al desarrollo del sistema nervioso y, como consecuencia, a la capacidad intelectual. En EE. UU. y Canadá se ha estimado que el conjunto de población posterior a la difusión masiva de PCB ha podido nacer con entre un 5% y un 7% de disminución intelectual respecto a las generaciones anteriores, sobre todo en lo que afecta a la memoria.
  • El documental El futuro de la comida hace una crítica sobre las políticas de Monsanto.[8] Monsanto ha hablado sobre muchas de las situaciones que trata el documental y también ha expuesto su

 punto de vista.[9] También se exponen algunas críticas sobre Monsanto en el documental La guerra de los cultivos transgénicos (2004) y The Corporation, incluyendo la polémica de Monsanto y su poder sobre los medios.

 

OBAMA GO HOME

 

DECLARACION PUBLICA DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHILE

 El Presidente de Estado Unidos, Barack Obama de visita en Chile no respondió el emplazamiento de la ciudadanía de hacer un “ mea culpa” por la brutal intromisión norteamericana en los asuntos internos de  Chile en la década de los 70 que culminara con el criminal golpe de estado contra el Presidente constitucional de nuestro país, Salvador Allende y que desatara el terrorismo de estado con una secuela de millares de victimas, detenidos desaparecidos, torturados encarcelados, exonerados, exiliados y relegados.

No hay respuesta para los familiares de los detenidos desaparecidos que claman desde hace más de tres décadas por la verdad y justicia. Es más, en una grosera deformación se los compara con las llamadas “damas  de blanco” en Cuba, financiadas por los EE.UU. para tratar de desestabilizar a ese gobierno revolucionario.

 

Más aún, el Presidente Obama no hizo ningún compromiso de no  intervención norteamericana en los asuntos internos de nuestros países que detengan los intentos golpistas que se realizan hacia los países  que EEUU considera contrarios a su esfera de influencia y que tampoco exime a Chile de esa posibilidad.

 

En su publicitado mensaje a las Américas, el presidente Obama reiteró lugares comunes, formulas gastadas- como la Alianza para el Progreso de Kennedy y el ALCA de Bush padre- es decir, “mucho ruido y pocas nueces”.

 

Justifica los ataques a territorio libio aduciendo que EEUU juega en  ello un papel “secundario”, dando a entender que se diferencia de lo que hizo Bush en Irak, queda de manifiesto, sin embargo, que es la misma política que bajo pretextos distintos está destinada a  apoderarse de las reservas de petróleo y gas de la zona.

 

Rechazamos terminantemente el apoyo que  Piñera expreso al ataque al territorio y contra el pueblo libio.

 

La visita de Obama a Chile sólo servirá mediáticamente al gobierno de derecha y para tratar de cerrar el llamado “ proceso de transición” que, indudablemente, contó con el apoyo de los Estados Unidos.

 

El pueblo chileno debe continuar luchando por la verdad y justicia, por la libre determinación y la no ingerencia en los asuntos de los estados y por un tratamiento igualitario en las relaciones internacionales con todos los países del mundo para defender la paz, la protección del planeta y la raza humana en peligro por el modelo económico y social que se pretende imponer desde Washington.

  

Santiago 21 de Marzo 2011

 

PARTIDO COMUNISTA DE CHILE.

 

POLITICA

Reddigital

BALANCE DEL PARTIDO COMUNISTA DEL PRIMER AÑO DE PIÑERA: CRITICA Y PROPUESTA. 

Un completo y crítico balance del primer año del gobierno de Piñera hizo el Partido Comunista, oportunidad en que entregó una serie de propuestas para la reconstrucción, a través de la concejala de la Municipalidad de Santiago, Claudia Pascual, así como también un pormenorizado análisis de la situación de la educación pública, a cargo de la directora del Colegio de Profesores, Bárbara Figueroa.

 

  Intervención del Presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teillier:  

 “Hemos querido entregar una opinión acerca del primer año de gobierno, y lo hacemos en medio de esta expectación por el terremoto en Japón y el posible tsunami; parece que esto es un signo que nos persigue desde el inicio del gobierno.

 

Lo primero que queremos decir es que nos parece que el gobierno fracasó en esto de conformar un gobierno de coalición política, mas allá de la Alianza por Chile y el gobierno se ha visto en la obligación de cambiar ministros y poner ministros políticos -entre comillas- y todo lo que trataron de avanzar hacia la Concertación y especialmente hacia la Democracia Cristiana creo que fracasó con la salida del ministro Ravinet y esto de los puentes que valen callampa, que es una cosa que esta pendiente.

 

Este gobierno se ha caracterizado por enviar reformas que, de alguna manera, han sorprendido a la opinión pública, por ejemplo, la reforma tributaria y el royalty,  que se plantearon con forma de financiar la reconstrucción. Efectivamente estas reformas han ayudado a financiar  la reconstrucción y han significado una gran cantidad de recursos para la reconstrucción.

 

Después nos vamos a referir a eso, que nos parece que está muy atrasado, a pesar de contar con todos estos dineros, pero lo que nos preocupa es que esta reforma, a quienes mas ha favorecido ha sido a las empresas trasnacionales, sobre a todo a las explotadoras de cobre y a la banca. La banca tuvo una utilidad, en el primer año de gobierno de Piñera de tres mil 300 millones de dólares, o sea, un aumento de un 26 % en las utilidades.

 

 ¿A qué trabajador chileno le han subido el sueldo mas allá de un 2 o 3%?   

Esto nos indica que estas políticas, con el aparente propósito de financiar  la reconstrucción, siguen favoreciendo a los grandes grupos económico, a las grandes trasnacionales en desmedro de la población chilena que, también en este año, se han favorecido.

 

En la ultima encuesta Casen, del año 2009, arrojó que la pobreza había subido en Chile de un millón 300 mil personas a un millón 900 mil. El propio gobierno asume que un año la pobreza ha crecido en un millón de personas;  es decir, estamos bordeando los tres millones de pobres, según datos oficiales.

 

¿A qué se debe esto? A los bajos salarios, a que lo reajustes han sido ratones, a los despidos y a las alzas de precios, sobre todo del transporte y en especial en los alimentos. Acordémonos que los mas pobres gastan un 40% del salario en alimentos y los alimentes han subido casi un 12 %.

 

El Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo afirma que en Chile hay cuatro millones de pobres, es decir, de acuerdo los antecedentes que ellos tienen, esto es algo preocupante.

  

Ante esta situación, nosotros propusimos en el Parlamento -y lo hicimos en conjunto con la oposición- que el gobierno entregara de nuevo un bono marzo.

 

Esto fue aprobado en la Cámara de Diputados,  se aprobó un oficio que se le envió  al Presidente. Sin embargo, el gobierno dijo que no, porque no había dinero y  porque van a instalar ahora el programa de ingreso mínimo ético para las personas, que se va a reducir en que le van a entregar 40 mil pesos mensuales a 140 mil familias que están en la extremas extrema pobreza. De ninguna manera, estos 40 mil los van a sacar de la pobreza; esto no es ningún ingreso ético mínimo porque mientras las personas no salgan de la línea de la pobreza no se puede hablar de ingreso mínimo ético.

 

A esto hay que sumar los despidos de más de 8 mil trabajadores de la administración publica que fue un golpe muy serio y el deterioro de la economía y de los propios empleos porque si bien es cierto ha subido el empleo -como dice el gobierno- en alrededor de un 2,8%, el empleo precario ha subido en un 20%. Estos trabajos son un mes al año, de una semana al mes, o de día a día, y que no tienen mayor connotación.

 

En otros temas, el gobierno tampoco ha marcado la pauta en lo que se refiere a la reivindicación de los pueblos originarios.

 Este gobierno prácticamente ha paralizado la entrega de tierras al pueblo mapuche; ha tenido conflicto con el pueblo rapa nui -que se demoró mucho tiempo en solucionar-; la huelga de muchos comuneros mapuche logró revertir una situación de aplicación indiscriminada de la ley antiterrorista  y de procesos militares hacia los mapuche pero, la verdad, las soluciones del pueblo mapuche están absolutamente pendientes y no está resuelta la forma como se va a consultar a los pueblos originarios.

 

El gobierno ha anunciado en estos días que va iniciar la consulta pero nadie sabe, ni siquiera los propios pueblos, cómo va hacer la consulta, que se ve absolutamente parcializada.

 

Otro tema es la tragedia carcelaria en San Miguel con el costo de 81 reos muertos, un incendio que a nuestro juicio se provocó por descuido administrativo que viene de gobiernos anteriores, sobre todo el sistema carcelario. La conclusión de la justicia es que los culpables son los gendarmes que estaban de turno. Alguna  responsabilidad tienen, pero la verdad es que si el Estado, la Dirección de Gendarmería y el Ministerio de Justicia no proporcionan condiciones que resguarden la integridad física de los presos, no se puede culpar a quien no tiene la herramientas para salvar la vida de las personas, pues se comprobó que no había sistema de agua, que no había  red seca, que no estaban operativos etc.

 

Además, este gobierno alega que no sabían de estos problemas. A mi me parece increíble que, después de nueve meses de administración, no se hayan dado cuenta de la tragedia carcelaria. Ahora cambian conceptos de los que  hicieron mucha propaganda como ”delincuentes, les llegó la hora”, o cerrar la famosa “puerta giratoria”. Resulta que ahora los hechos les hace abrir absolutamente esta puerta giratoria, pues van a quedar libres mas de 9 mil personas que han cometido delitos.

 

Nosotros estamos de acuerdo en que el indulto debe ejercerse en delitos menores, pero estamos en absoluto desacuerdo que se quiera hacer un aprovechamiento sobre el hacinamiento en la cárcel para dejar libres a aquellos que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, como lo pretende hacer el Presidente Piñera.

 

El dice que nosotros hacemos discriminación de los militares, que no hay igualdades de los militares con los civiles. No se trata de desigualdad entre los militares y los civiles. Aquí se trata de que hay delitos comunes y crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad no pueden estar sujetos a amnistía, pues hay tratados internacionales muy claros al respecto. Además, los que están presos por crímenes de lesa humanidad no están hacinados en la cárcel. Están en Punta Peuco o en el Penal Cordillera, verdaderos hoteles 5 estrellas comparados con cualquier penal. Ellos pueden perfectamente vivir su vejez y ser tratados dignamente por su enfermedad, lo que nadie tiene en este país.

 

Está también el tema de la reconstrucción que nosotros consideramos absolutamente atrasada. Si uno contrasta los datos estadísticos que da el gobierno con la realidad de los afectados, conversando con ellos, se da cuenta que hay una profunda diferencia.

 

¿Cuántas casas se han reconstruido? El gobierno dio un dato: como mil 500 casas y dice que hay como 8 mil en ejecución; pero la verdad es que uno recorre las ciudades, las aldeas, lugares que nadie llega a verificar, y ve que la reconstrucción está muy dejada de la mano de Dios, y en la práctica, se entrega un subsidio para comprar casas directamente a la persona: 9 millones. ¿Dónde se compra una casa, un departamento de 9 a 12 millones de pesos cuando hay escasez

 

Por ejemplo, en la Villa Futuro de Concepción, donde están en huelga de hambre, les entregaron 9 millones de pesos y les confiscaron las casa, los departamentos ¿Qué hacen con esos dineros? Nada en lo absoluto.

 

Hay una serie de cuestiones que no están definidas, que a todos se les aplica la Ficha de Protección Social. Entonces quedan los pensionados, las mujeres solas quedan fuera, muchas personas que no tienen recursos o personas que tienen  algún recurso pero no le alcanza para comprar una casa pero que no pueden optar al subsidio por esa razón, porque esa ficha los deja afuera sencillamente.

 

En definitiva, lo que nosotros sugerimos es que el gobierno haga un rediseño de la reconstrucción. Aquí yo por ejemplo digo: ¿cuál es el organismo centralizado, colegiado donde esté expresada la unidad nacional, que esté al frente de la reconstrucción? ¿Dónde está el trabajo en conjunto con las comunidades afectadas? No hay ninguno. A muchos alcaldes no se les han devuelto los fondos que gastaron y el gobierno se comprometió. No lo ha devuelto y por lo tanto todavía hay escombros y todavía no se han hecho estudios que se debieron hacer hace tiempo.

 

Me parece que el Ministro del Interior tenía que haber jugado un gran papel en la reconstrucción y vemos que no ha jugado ninguno. El es el ministro político, el jefe de gabinete y está dedicado a perseguir fantasmas más que a la reconstrucción.

 

Está el tema de la reforma educacional ¿Qué hizo el gobierno?. En síntesis, me parece que esta reforma educacional deja las cosas igual o peor porque seguimos viendo el cierre de escuelas, el deterioro de la educación pública. Nuevamente la prueba Simce nos dicen que esto va a ser una catástrofe y se le echa después  la culpa al profesor, pero es el sistema  y la reforma educacional aprobada, en definitiva, no llega a la dirección de hacer desaparecer la educación publica municipalizada..

 

En cuanto a salud,  creo que es el problemas mas sentido de las personas. No ha cambiado la percepción que venía desde antes. Se dice que se van a construir nuevos hospitales concesionados pero, la verdad,  la atención de la salud, la falta de remedios, la falta de especialistas sigue exactamente. No se ha solucionado nada.

 

En el tema de medio ambiente, este gobierno se ha orientado a que la  centrales termoeléctrica sean la industria principal que dote de energía sobre todo a las grandes transnacionales del cobre y la gran minería. Se acaba  aprobando proyecto sin tomar en cuenta a la comunidad que, de una o otra manera hace ver lo que es este sistema y no hay una política de energética clara.

 

 e ha empezado a hablar de energía nuclear, en Japón ahora hay una alerta nuclear a raíz de los terremotos No es llegar y hablar para Chile de instalación de la energía nuclear En relación al agua se está hablando de sequías, hay disputas por el agua en nuestro país, hay pueblos que sufren por escasez de agua. Sin embargo, el gobierno retiró su apoyo a la propuesta de reforma constitucional para declarar el agua y los glaciares como bienes de usos público y siguen entregando agua a las grandes empresas transnacionales.

Está el tema del postnatal. Esta es una reforma largamente esperada. Todavía no la conocemos. Por nuestra  parte nos interesan dos cosas: que no haya discriminación, ya que el gobierno anunció  que no va a existir para mujeres que ganan mas de 650 mil pesos, que no solamente son gerentes -como dice la ministra del Trabajo- y nos parece muy positivo alargar a 6 meses, que llegue al máximo de mujeres trabajadoras. Como sabemos, la empleabilidad de las mujeres más pobres de nuestro país llega apenas a un 23% y la mitad apenas no tiene contrato de trabajo, entonces queda mucho por hacer. Aunque se aprobara la ley, la verdad es que va a ser muy insatisfactorio, de acuerdo a como esté planteado el proyecto.

 En relación al 7% de descuento en salud, la promesa que se ha repetido varias veces que se va a eliminar este 7% que pagan los pensionados. Ya sabemos que la letra chica de este proyecto va a decir que va a favorecer sólo al 20% de los pensionados.  

En relación a la Pymes, 120 mil  pequeños empresarios sufrieron daños con el terremoto. La soluciones no llegan mas allá de las cinco mil ayudas a pequeños empresarios y tenemos grupos de empresarios, comerciantes en Talcahuano, en Concepción, en el Maule que no han recibido absolutamente ningún tipo de ayuda y es muy difícil que lo reciban porque no son ni sujetos de créditos y con el sistema actual como está establecido no van a recibir ningún tipo de ayuda y eso va en directo deterioro de posibilidades de crear nuevas fuentes de empleos y en esa zona por lo menos hay 25 o 26 mil trabajadores que son trabajadores de los Planes de Emergencia lo que es una baja calidad de empleo y se ve muy difícil que  la cesantía estructural se revierta porque, además, las restricciones en industria de la pesca en esa zona van a significar que van a despedir a 4 mil personas.

 Esta el tema de las privatizaciones, se va a privatizar Aguas Andinas, se habla  que se va privatizar Asmar, se habla que van a quedar  unos 700 trabajadores sin trabajo  

Afortunadamente, de los errores que ha cometido el gobierno ha ido surgiendo reacciones de los trabajadores pero también de la ciudadanía -como en el caso  de Punta Arenas-  que indica el fracaso de la política de energía del gobierno.

 

Algún punto bueno hay que tener del gobierno. Debo reconocer que se ha manejado bien en el tema  de la relaciones exteriores.

 

En el conflicto del Perú, el gobierno ha seguido en las aguas de lo que se estaba haciendo en el gobierno anterior que fue un acuerdo y hoy día es transversal de todas las fuerzas políticas cómo enfrentar este conflicto que se ha llevado a los tribunales y creo que en eso ha habido un buen manejo.

 

En el caso de Bolivia, este gobierno también ha continuado con la negociaciones que se abrieron después las diferencias históricas con Bolivia durante el gobierno anterior, que se basan en la discusión de trece puntos que incluyen el tema de la salida del mar.

 

Para mi gusto el hecho de que se mantengan las buenas relaciones es un buen indicador. La duda que tengo es cuánto está dispuesto este gobierno  a solucionar este tema de la salida del mar y si hay una propuesta ¿cuál es esa propuesta y cuán factible es? Como las discusiones son privadas, la verdad que no tenemos puntos de referencias. Creo que una solución que conforme a los dos países podría significar un punto de integración valiosísimo para ambos países y para Chile en especial para un tema, porque Bolivia es un productor neto del gas, que tienen limitaciones para vender el gas y que Chile podría ser el mercado que necesita y Chile podría entonces resolver su tema energético con energía un poco mas limpia que el carbón.

 

El otro tema que yo quiero adjudicarle al gobierno es que ha entendido y ha declarado el reconocimiento del pueblo palestino que, un comienzo, la intención era reconocerlo sin las fronteras que acordaron las Naciones Unidas, la fronteras el año 1967 pero posteriormente el gobierno ha tenido que darse cuenta que era muy popular hacerlo de esa manera porque no le reconocen nada y finalmente quedó establecido que se reconociera de acuerdo a las resoluciones de las Naciones Unidas, por lo tanto se le conocen los limites que debe tener el pueblo palestino como un país reconocido por todo el mundo.

 

 Intervención de la Concejala de la Minicipalidad de Santiago e integrante de la Comisión Política del PC, Claudia Pascual: 

 

En términos de la valoración de la reconstrucción, cuyas cifras son absolutamente lentas queremos entregar, como PC, con dirigentes de distintos ámbitos, algunas propuestas específicas o más concretas en torno a este rediseño del Plan de Reconstrucción.

 

En primer lugar nos parece que se deben dejar de asignar los subsidios de manera personal, individual, parece que eso hoy día están siendo extraordinariamente lento y  tremendamente injusto para la totalidad de damnificados y damnificadas en Chile para poder llegar a la reconstrucción de sus viviendas.

 

En ese sentido nos parece que hay que descentralizar los presupuestos de reconstrucción y generar un presupuesto global destinado a la reconstrucción y reparación de las viviendas que esté administrado por los municipios, el gran actor ausente de esta reconstrucción, prueba de ello es lo que se ha visto en la descoordinación entre los organismos centrales, regionales y comunales, como es el caso de Concepción.

 

Creemos que el tema de la participación de los damnificados y damnificadas con sus organizaciones, como las juntas de vecinos pero también  de los comités de damnificados es absolutamente pertinente y necesario incorporar en este plan de reconstrucción, que también son los grandes ausentes.

 

El aumento del valor de todos los subsidios que actualmente se están asignando. El valor del subsidio de mejoramiento del patrimonio familiar que es el subsidio de reparación de 55 UF, un millón 200 y no alcanza para las reparaciones que los damnificados y las damnificadas tienen; el valor del fondo de subsidio solidario 1 que es de 380 UF (alrededor de 9 millones y medio) tampoco alcanza para la construcción de una vivienda en los terrenos y en la situación de excepción que provocan un terremoto y un tsunami; el valor por supuesto también del subsidio de compra con un máximo de 12 millones de pesos que hoy día ninguna casa se oferta en ese monto en ciudades como Concepción, Talca o Santiago. Es impensable.

 

En otro orden de cosas nos parece tremendamente relevante hoy día abrir nuevamente el Registro Nacional de Damnificados del ministerio de Vivienda. Este registro se cerró a los cinco meses del terremoto, no alcanzaron a ingresar todas las personas realmente damnificadas por la cantidad de requisitos que se les pedía con documentos. Esto implica que hoy día estemos con gente que no tiene la posibilidad siquiera de estar considerados para estar dentro de la reconstrucción.

  

Creemos que es indispensable solicitar a la Subdere, recursos especiales para la contratación de profesionales que vayan a apoyar el trabajo en las Direcciones de Obras Municipales, sobre todo de las comunas más pequeñas, de las comunas rurales, del bode costero, también de las zonas más siniestradas que permitan ejecutar efectivamente  estudios como corresponden estructurales y que, además, permitan clarificar e implementar todas las medidas de excepción que están en la Ley General de Urbanismo y Construcciones es decir, las medidas de excepción que permitan demoler rápidamente, que permitan reconstruir, que permitan hacer las  modificaciones de los planos reguladores con la opinión –por supuesto de la gente- y que permita poner en marcha esta reconstrucción que está extremadamente lenta.

 

Nos parece, además, que tienen que haber recursos excepcionales para las demoliciones. Llevamos un año y todavía, producto de los medios de comunicación, vemos que casi no ha habido ninguna demolición de los edificios que se cayeron y que se necesitan reconstruir.

 

Creemos también que es indispensable eliminar –por así decirlo- y complementar con un valoración distinta, integral, de un damnificado y no sólo en el de la vulnerabilidad en los términos de los cánones tradicionales que tiene la Ficha de protección social. Nos parece que tiene que haber no sólo lo de la Ficha, sino otra ficha o instrumento que incluya efectivamente la vulnerabilidad de todos los damnificados. Hoy día no sólo los sectores más pobres han sido los terremoteados y los que han sido afectados por el tsunami sino que también grandes sectores de capas medias que no tienen como reconstruir.

 

Finalmente, nos parece absolutamente pertinente que el ministerio de la Vivienda se abra a la implementación de nuevos subsidios. Estos tres que he nombrado anteriormente son los que funcionan en tiempos de normalidad. Esta es una situación de excepción, un evento que ocurre en nuestro país con cierta frecuencia y que efectivamente le cambia la vida a los chilenos y chilenas y por lo tanto se necesita abordar programas, modalidades y subsidios diseñados distintos, especialmente, y en particular creemos que también se debe abrir un Programa que existe y que no lo están implementando en este minuto que es la construcción de condominios sociales y , por lo tanto, genera los soluciones colectivas, insistimos y no solo la mera asignación de subsidios individuales.

 

 Intervención de la directora del Colegio de Profesores, Bárbara Figueroa: 

 

Respecto de educación, la evaluación que se realiza es magra. Si uno quisiera trasladarlo a los cánones establecidos dentro de la evaluación uno podría decir que el gobierno y el ministro de Educación están en un rango insatisfactorio puesto que, tanto en las políticas educativas tienden, a partir de la Ley de Calidad y Equidad de la Educación hacia mayor privatización, mayor segmentación, clasificación de los estudiantes entre ricos y pobres y un aporte exclusivo solo a aquellos que tienen mejores condiciones, a ello también sumamos una crítica muy importante respecto a la gestión en educación.

 

De los mil 500 colegios aproximadamente que fueron afectados por el terremoto y tsunami en las regiones sétima, octava, sexta, parte de la quinta y la Región Metropolitana, los mayores avances se han producido en el sector Particular Subvencionado –que recibió aportes del Estado- y las escuelas municipales que han tenido avances en reconstrucción es producto de la alianza que se formó con empresas privadas, por lo tanto el Estado aún no se hace cargo de reconstruir las 500 escuelas que a nivel nacional están inhabilitadas, imposibilitadas de ser ocupadas y que requieren de una reconstrucción absoluta.

 

Por lo tanto, la señal es absolutamente clara: este gobierno no tiene una mínima voluntad de avanzar en fortalecer la educación pública, no va a reconstruir colegios y eso lo estamos viendo hoy día. No existe aún licitación para que muchos de estos establecimiento puedan ser reconstruidos y por lo tanto las escuelas siguen funcionando con dobles jornadas, hacinadas, sin la cantidad de recursos y la infraestructura necesaria para que se produzcan los procesos de enseñanza y aprendizaje en condiciones óptimas y, además, se focaliza el gasto –insistimos en ello- ya no en los sectores más vulnerables sino que en aquellos que tienen mejores resultados.

 

Ese es un cambio drástico en la política que se venía implementando en educación que demuestra que los sectores más  vulnerables van a ser los más castigados y por lo tanto el derecho a educación, el derecho a igualdad, a iguales condiciones y oportunidades hoy día se ve absolutamente mermado.

 

Para nosotros, si se requiere evaluar respecto de una escala de evaluación, el gobierno está en una nota –por lo menos o por lo bajo- en un 3 y de ahí en más. No avanzamos, ni siquiera llegamos al 4 y si lo viéramos en términos de evaluación, el ministro está hoy día en un rango insatisfactorio. Por lo tanto, el llamado que hacemos es a que la autoridad escuche y permita la participación de los actores involucrados.

 

Si hay algo de que la autoridad es absolutamente responsable, es porque no escucha a los partidos, a los sectores de oposición y no escucha tampoco a las organizaciones que estamos directamente involucradas en los procesos educativos. Si la autoridad quiere avances reales debe, en primer lugar, escuchar las propuestas que les hemos planteado, porque aquí se le han planteado propuestas y la autoridad no ha tenido ni la más mínima voluntad  de escucharlas y atender lo que se ha establecido.

 

Como en educación vienen dos grandes mega proyectos, que son Nueva administración y Financiamiento de la educación pública, nuestro urgente llamado de alerta es hacia la autoridad. Si no quiere conflictos, si quiere asumir estos cambios en la política con la participación de todos, lo primero que debe hacer es escuchar nuestras propuestas y estar dispuesto a debatir lo que las comunidades tenemos que plantear.

  

HOMENAJE A GLADYS MARIN

 A SEIS AÑOS DE SU PARTIDA, GLADYS SIGUE CON NOSOTROS

En una emotiva ceremonia en el Cementerio General, se conmemoraron los seis años de la muerte de la histórica dirigente comunista Gladys Marín. La ceremonia fue encabezada por el presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teillier junto a integrantes de la familia Marín, amigos, miembros de la Fundación que lleva su nombre, las juventudes del Partido e invitados. Lea el discurso del Presidente del PC, en el que se pronuncia sobre los temas de contingencia.

En el acto estuvo presente el ex candidato presidencial Jorge Arrate, quien recordó a Gladys Marín como "una gran luchadora. Todos los años venimos a recordar a Gladys, desde hace seis años, ella dejó un ejemplo de consistencia, de coherencia, de no dejar nunca la lucha, esa es la gran herencia de Gladys".

 

La conmemoración  contó con la presencia de la hermana de la dirigente Sonia Marín, el escritor Pedro Lemebel, el diputado ex PS Sergio Aguiló, el presidente de la Anef, Rául de la Puente, el presidente de la Comisión Nacional de DDHH Gonzalo Taborga, los dirigentes sindicales Cristián Cuevas, María Eugenia Puelma, José Santos, los concejales Tamara Hommel, Juan Pastén entre otros.

 

Los hijos de Gladys, Alvaro y Rodrigo hicieron llegar un mensaje.

 Palabras de Guillermo Teillier en homenaje a Gladys Marín 

 Nos convoca hoy el recuerdo de una mujer extraordinaria, nuestra querida compañera Gladys Marín quien no sólo convoca políticamente, sino que convoca también desde el profundo sentido de la fraternidad y de la amistad y por eso, además de los representante políticos diversos que están acá -que agradecemos profundamente su presencia-  además de nuestras compañeras y compañeros del Partido, están también sus amigas y amigos.

 

Ella fue siempre amiga de todos, tenía una mirada abierta a constituir lazos que la verdad es que en tiempos políticos es muy difíciles facilitaban precisamente esa labor, la de hacer política. la de conversar, la de tener cercanía, con quienes quería tener cercanía que era fundamentalmente, los trabajadores, el pueblo, a quienes le dedicó toda su vida.

 Monumento a Gladys 

 El fallecimiento de Gladys coincide con una fecha, que es el Día Internacional de la Mujer, y tuvimos que traerla hasta acá precisamente un 8 de marzo cuando debiéramos haber estado marchando por las calles pero también marchamos y fue una marcha enorme. Yo no sé si ha existido una convocatoria más grande que la que tuvo Gladys  para su funeral, su despedida, no hubo otra.

 

Creemos que es una mujer que se reconoce y ese reconocimiento del pueblo de Chile se ha expresado de alguna manera. Y por eso aunque sabemos que el recuerdo se consigue con algún elemento material,  el recuerdo de Gladys  va a ser imperecedero, hemos decidido enviar al Parlamento un proyectó de ley para levantar monumentos de Gladys Marín no sólo en Santiago, sino que a través de todo el país.

 

En el homenaje del año pasado tuvimos la oportunidad de contarle a Gladys –en los diversos homenajes- que el Partido Comunista de Chile, con el apoyo de la izquierda chilena, del Junto Podemos, de los socialistas allendistas que nos acompañan y gracias a un pacto instrumental, logró elegir tres diputados y romper así -muy parcialmente- la exclusión que pesaba sobre el Partido durante los 20 años de transición.

  

Hoy día le podemos que ya estos tres diputados que están electos están en ejercicios. Ha pasado un año de estos ejercicios y tendremos que hacer un balance de cómo ha sido el desempeño de estos parlamentario, pero podríamos decir que la izquierda ha ganado otro parlamentario y no viene de nuestro Partido, viene a la izquierda. Aquí esta Sergio Aguiló quien por decisión propia, sin ninguna presión,  ha tomado esa decisión que la celebramos, que la celebramos con Gladys. 

 Ojo con el postnatal 

Yo quiera aprovechar este momento que con Gladys siempre son momentos políticos para decir algunas cosas.

 

Primero, respecto a este anuncio que se ha hecho sobre el postnatal, anuncio largamente esperado y que, claro, podremos sentir tal vez algún tipo de escozor porque este anuncio lo hizo un gobierno de derecha, dicho en general, el prolongar a 6 meses el postnatal es un avance y es un proyecto que a lo mejor  probablemente está escrito, pero no se ha enviado al parlamento, no lo conocemos, que no tuvo la discusión suficiente con las organizaciones de mujeres, indudablemte que es así, que trae consigo como alguien lo ha dicho una letra chica que hay que analizar muy bien, también es verdad  y nosotros no vamos aceptar, por ejemplo, discriminación hacia la mujer y hacia el niño.

 

Porque lo fundamental del postnatal es que es un derecho adquirido irrenunciable de la mujer y del niño respecto del cual no se puede flexibilizar.

 

No se puede decir que una mujer tenga mas derecho que otra; todas tienen  este derecho Por otra parte, vamos a luchar por incorporar a todas aquellas mujeres trabajadoras y que algunos cálculos dicen que llega a los dos tercios las mujeres  trabajadores que van a quedar fuera de este beneficio. Es decir, queda mucho todavía que hacer, que luchar, aunque se apruebe la ley para hacer que este derecho irrenunciable de la mujer y el niño se haga realmente efectivo.

 

Y empiezo a partir con esto porque Gladys fue una gran luchadora por los derechos de la mujeres y esto era un tema que esta siempre presente.

  Partido revolucionario 

Nuestro partido acaba de terminar su Congreso nacional que se realiza cada cuatro años.  En ese Congreso hicimos un balance no me voy a referir a todo el balance- pero ha determinado su política, su estrategia y la táctica para los próximos años.

 

A nosotros nos mueve la idea de que debemos que hacer todo lo posible por crear las condiciones en Chile para instalar un gobierno de nuevo tipo, con un programa diferente de lo que ha existido hasta hoy que de alguna manera sea alternativo al neoliberalismo que nos ha regido con tantas consecuencias para nuestro país.

 

La unidad que nosotros vislumbramos para instalar un gobierno de nuevo tipo debe incluir a todos aquellos que estén dispuestos a hacerlo, que tengan la intención de presentarle al país, al pueblo, un nuevo programa de gobierno que contempla reformas profundas, como por ejemplo, como un punto de partida, el cambio de la Constitución y de ahí seguir para adelante, porque es la gran traba para poder profundizar la democracia, para avanzar en participación  y para que el pueblo pueda decir libremente su palabra en Chile.

 

Esa es nuestra perspectiva amplia pero para pesar dentro de esta perspectiva de tanta amplitud se necesita también una izquierda fuerte y por eso es que nosotros –no de manera paralela- sino que en un mismo impulso, insertos en la lucha social, creemos que es necesario –y lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo- fortalecer a esa izquierda que se ha perfilado, que ha tenido algunos momentos de gran altura como en elecciones municipales que hemos alcanzado un 10%, la última elección presidencial con Jorge Arrate a la cabeza que alcanzamos una votación notable y por sobre todo entregar al pueblo cuáles eran los contenidos vitales de nuestros postulados programáticos.

 En eso vamos a realizar un gran esfuerzo.  

 Este mismo Congreso nacional del Partido decidió, para poder cumplir con estas tareas principales, realizar una Conferencia Nacional del PC para discutir el tema de Partido.

 

¿Qué lo que es el PC? ¿Cómo debe regirse?, ¿Cómo debe moverse? ¿Cómo debe aspirar a ser poder, a aspirar a ser gobierno en estos días, en esta etapa de la historia que estamos viviendo?

 Eso es lo que vamos a discutir entre todos. 

 Yo les aseguro una sola cosa: sin duda el PC de Chile va a reafirmar y perfeccionar su carácter revolucionario de acuerdo a la época que estamos viviendo.

 

La historia nos dice que todas las adquisiciones y experiencias que ha tenido el Partido deben discutirse en esta Conferencia y hacer una síntesis porque lo que está ocurriendo en el mundo -y también en nuestro país- nos dice que nada está escrito, que los pueblos aparecen repentinamente diciendo la palabra porque maduran las condiciones objetivas y esos pueblos se levantan –lo hemos visto en Africa- dicen su palabra y la dicen con mucha fuerza.

 

Pero si no hay una fuerza que oriente, que diga hacia dónde hay que caminar, se aprovechan aquellos que siempre se han aprovechado del pueblo y de los reventones sociales.

 

Nosotros tenemos que cuidar que si eso ocurre en Chile que exista un Partido, un movimiento de izquierda, una fuerza unitaria progresista que diga éste es el rumbo, éste es el camino para el pueblo de Chile y que tenga la capacidad, además, de asumir todo lo que tenga que ver con el poder para ese pueblo de forma democrática y participativa.

 Situación económica y social 

Tenemos que prepararnos en Chile -les voy a dar poquitos datos-  la ultima encuesta Casen reveló que la pobreza había subido en Chile de alrededor de un millón 300 mil  pobres a un millón 900.mil por la aplicación del modelo neoliberal,  podemos haber avanzado en muchos aspecto en Chile pero, desde el punto de vista social, se ha retrocedido.

 

En estos días, después del terremoto, después de los reajustes exiguos, tanto para el salario mínimo, para el sector publico, los despidos, el aumento de la cesantía encubierta. Se habla que ha decrecido el desempleo, efectivamente ha crecido  en un 2,5% pero el empleo precario ha aumentado en un 20 %, eso quiere decir que la cesantía ha aumentado porque los empleos precarios duran una semana, un mes, un mes al año y eso está en los registros.

 

O sea no es un invento, la gente lo siente  y lo resiente y después de eso, las alzas de precios de los alimentos, del transportes, la bencina, de los remedios, resulta que los pobres han aumentado en Chile casi en un millón mas y ya estamos bordeando los 3 millones de pobres

  

Y si no se pone atajo al deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores, que va en aumento, en poco tiempo mas vamos a tener 600 mil nuevos pobres en Chile. Ante esta realidad en el parlamento, los parlamentarios de oposición se presentaron una moción  para exigir un bono de marzo, que se repita el bono de marzo del gobierno.

 

El gobierno ha dado una respuesta contundente que no está para derrochar de esta manera el dinero que Chile no tiene plata para ello.

 

La verdad es que yo creo que Chile tiene plata para esto y bastante y que este bono no afecta en  nada el desarrollo económico del país. El gobierno ha anunciado que a cambio de esto va a entregar un bono de 40 mil pesos mensuales a las familias más pobres.

 

El bono que nosotros estábamos pidiendo beneficia a cuatro millones de personas y este que está planteando el gobierno beneficia a 400 mil. A 140 personas que están ya en extrema, extrema pobreza y este bono no las va a sacar de esa situación.

 

Se habla de ingreso ético mínimo familiar ¡Mentira! Cómo puede haber un ingreso ético mínimo familiar si no ha salido de la línea de la pobreza. Una persona pobre no tiene ingreso mínimo familiar ético, eso es mentira. Una vez que sobrepase la línea de la pobreza podremos empezar a hablar de salario mínimo ético.

 

Esto nos hace ver que hay muchos problemas en nuestra sociedad. Yo le contaba al compañero Aguiló que ayer volví de la etapa de vacaciones -pero que no fueron todas vacaciones porque anduve desarrollando otros trabajos fuera de mi distrito pero volví al distrito, recorrí algunas poblaciones populares y uno, al tomar el pulso a las situaciones, al conversar con la gente se da cuenta que actualmente la situación es mucho más mala, de más desesperanza, de más rabia y desgraciadamente también con un alto contenido de no creer en nada ni en nadie.

 

Eso es algo que nos tiene que preocupar y por eso en esta discusión que vamos a hacer como partido, una de las primeras cosas que vamos a plantear es cómo ir a representar a esos sectores, cómo formar parte de ellos para poder avanzar, no podemos andar dando recetas en el aire y cómo cambiar la situación, tenemos que hacerlo con aquellos que sufren esto.

 La reconstrucción 

Quisiera decir algunas palabras sobre la reconstrucción. Me tocó a mi como tarea de mi partido, apenas se produjo el terremoto y el tsunami, visitar las zonas afectadas, partiendo por la metropolitana –que a mi me corresponde atender- y la octava, la sexta y la sétima. Y ahora fuí a hacer parcialmente ese mismo recorrido –a la octava región- Y lo que me decían las personas con las que había conversado, “Compañero, por qué no nos va a ver de nuevo para que se de cuenta que las cosas están igual o peor.

 

Están peor porque la gente, ante del terremoto vivía en casas, tenía la esperanza que algo le iban a devolver, ahí los tienen en las famosas aldeas, que son las poblaciones callampa de entonces.

 

Las mediaguas no tienen luz, electricidad, otras están metidas en el barro con un calor insoportable dentro de esos poquitos metros cuadrados para familias que son muy grandes; sin trabajo para muchas.

 

En todo el litoral de la octava región, la certeza –no el peligro- de que hay cuatro mil personas cesantes en la industria pesquera porque se ha tenido que bajar la cuota de pesca del jurel porque está extinguiéndose por la irresponsabilidad también del sistema. Van a explotarlo todo pero no pensemos en el futuro del país.

  

No se ha reconstruido una sola casa. El gobierno dio una cifra al final, para salvarse: mil 500 casas que no existen, donde uno vaya.

 

Además se han cometido errores increíbles, por ejemplo a personas que vivían en departamentos, se los expropiaron, sin erradicarlas primero a un lugar donde vayan a tener un terreno, etc. Me dijeron ahí en la población Futuro que estuve en Chiguayante, les dijeron: “ahí tienen nueve millones de pesos, arréglenselas” y empezaron a buscar casas por 9 millones de pesos, departamentos, en un lugar donde faltan casas, entonces, imposible.

 

El famoso bono de reparación –que son 55 UF parejas- a la mayoría no les alcanza para reparar las casas no les alcanza para repararlas pero es tan engorroso y lento el sistema que las casas que se han reparado son muy pocas.

 

Tienen mucha suerte aquellos que han logrado reparar las casas porque para repararlas tienen que pasar por las EGIS, por los visados, les exigen no sé cuantas gabelas y las Egis tampoco se preocupan de apurar porque se gana muy poca plata, es muy poco el subsidio. O a los que viven en departamentos le pasan para arreglarlo pero ¿el edificio, quién lo arregla?

 

Hay municipalidades que han gastado mucha plata en  retirar escombros y la gente se queja que todavía quedan, es que el gobierno todavía no les ha devuelto esas platas a los municipios como se comprometió, para que puedan seguir retirando los escombros.

 

La situación es compleja y por eso es que cuando nosotros hemos hablado de que es preciso desarrollar una oposición fuerte en este país, una primera obligación que tiene esa oposición es tomar las demandas sociales y no dando recetas por arriba, sino que conociendo directamente la realidad porque cuando uno compara las estadísticas, los datos que da el gobierno, con la realidad que le dice la gente, hay una brecha enorme de distancia entre un mundo donde parece que está todo arreglado por el gobierno y el martirio para la gente que está viviendo por abajo.

 

Creo que Gladys ya conoce todo esto, pero sería bueno que nos dé una manito para adelante. Siempre recurrimos a Gladys en momentos difíciles, complejos y este momento que está viviendo hoy día nuestro partido se lo debemos en gran medida a Gladys porque ella dio la línea, dijo: hay que hacer un pacto instrumental –en su momento, por allá por el año 96-97- que no nos hicieron caso.

 

Hubieran cambiado mucho las cosas, probablemente mucho antes. Pero ese pacto instrumental que se hizo finalmente es un pacto a medias, no iba al fondo de la situación.

 

Tenemos que llegar a algo que llegue al fondo, es decir, ese camino que señaló Gladys está todavía en ciernes, está comenzando y a nosotros nos corresponde terminarlo.

 

Con estas palabras, entonces, agradeciéndoles una vez más, yo termino instándolos solo a seguir luchando y como decía Gladys: ¡Unidos, mil veces venceremos!”

 

 

  

REDDIARIODIGITAL

 

EL DERRUMBE DE UN MONTAJE IRRESPONSABLE

Francisco Herreros

 Mediante un fallo cuya contundencia deja mínimo espacio a una eventual apelación del Ministerio Público, y que ciertamente sentará jurisprudencia sobre la materia, el Ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, mandó al basurero de la historia, de donde, en rigor, nunca debió haber salido, el atroz montaje contra Manuel Olate, el Partido Comunista y la causa mapuche, ensayado por Sebastián Piñera, Alberto Espina, y otros políticos de menor tonelaje, así como por los diarios La Tercera y El Mercurio, que durante dos años condenaron sin pruebas a un inocente.

 

Mediante un fallo cuya contundencia deja mínimo espacio a una eventual apelación del Ministerio Público, y que ciertamente sentará jurisprudencia sobre la materia, el Ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, mandó al basurero de la historia, de donde, en rigor, nunca debió haber salido, el atroz montaje contra Manuel Olate, el Partido Comunista y la causa mapuche, ensayado por Sebastián Piñera, Alberto Espina, y otros políticos de menor tonelaje, así como por los diarios La Tercera y El Mercurio, que durante dos años condenaron sin pruebas a un inocente. 

 Cuando el Ministro Muñoz pronunció los tres considerandos del fallo, “de conformidad a lo expuesto, las disposiciones legales citadas y lo normado en los artículos 440, 449 y 452 del Código Procesal Penal se declara:  

I.- Que se rechaza la solicitud de extradición de la República de Colombia del ciudadano chileno Manuel Francisco Olate Céspedes;

 

 

 II.- Que cesan las medidas cautelares personales dispuestas en este procedimiento de extradición respecto de Francisco Manuel Olate Céspedes, y

 

 

 III.- Que, en su oportunidad, se realizarán las comunicaciones legales al Ministerio de Relaciones Exteriores”; el rostro de Manuel Olate permaneció impasible. 

 De una parte, siempre confió en su inocencia, y en el juez Muñoz; de otra, el daño, vale decir, el asesinato de su imagen pública perpetrado por los medios de comunicación, en especial los dos mencionados, ya estaba consumado. Pero la ovación que brotó incontenible entre los asistentes en la sala, donde la tensión, si tuviera un peso físico, podría haberse medido en toneladas, se reprodujo momentos después en el más de un centenar de manifestantes que se habían agolpado frente al palacio de los tribunales, aquel histórico mediodía del sábado 15 de enero de 2011.

  Entre los asistentes a la sala, y luego confundido con los manifestantes, estaba el Presidente del Partido  Comunista, el diputado Guillermo Teillier, quién manifestó: "El fallo era de esperar, ya que no había ninguna prueba con la que pudieran llevarse adelante la extradición de Manuel Olate. El fallo desvirtúa en términos absoluta la campaña montada en contra de Olate y en contra nuestra por ciertos políticos de derecha y los medios de comunicación controlados por la ella.

El fallo demuestra, además, que siempre nosotros hemos manifestado nuestras opciones políticas de frente, y de acuerdo a la ley; lo que no pueden decir quienes nos acusaron sin pruebas. Lo menos que espero es que aquellos que presentaron las acusaciones tanto en el Congreso como ante la justicia le pidan disculpas a quien han acusado con tanta levedad”.

  El abogado defensor de Olate, Alex Caroca, estimó que la solicitud de extradición no estuvo bien fundamentada, y que si se hubiese acogido se habría puesto en peligro lo que es la libertad de expresión en Chile:  "Habría puesto en peligro la facultad que tienen todas las personas para manifestarse políticamente en la forma que estimen conveniente y habría puesto en peligro el sistema de justicia penal oral garantista que hemos construido".  Manuel Olate enebró sencillas palabras:  "Esto de alguna manera nos ayuda a la gente que está en el ámbito internacional en la búsqueda de la paz. He sentido el apoyo durante todo el tiempo que he estado preso. Pero, bueno, estos son los costos que hay que pagar por hacer el trabajo". 

 A su turno, el abogado del Ministerio Público, Eduardo Picand, expresó:  “Lo primero, es que el fallo tiene más de 170 páginas, lo que es casi el doble del fallo de Fujimori en primera instancia; entonces de lo que alcancé a hojear el fallo es muy completo así que hay que ver qué se dio por acreditado y que no. Respecto a estas últimas hay que ver si el ministro, en nuestra opinión, tiene o no la razón". 

 Principio de inocencia 

Aunque el Ministro tiene la razón, como puede colegir cualquiera que lea el fallo de 175 páginas, es casi seguro que el Ministerio Público irá de apelación, aunque más no sea para guardar las apariencias. Pero cuando el abogado Picand lo analice, caerá en cuenta de que el fallo de ministro Muñoz no deja espacio a una eventual revocación.  De hecho es un fallo histórico, por lo ejemplar, tanto en lo que se refiere a los aspectos formales y procesales, como al encadenamiento lógico de su argumentación y razonamiento jurídico. 

 Desde ese punto de vista, la eventual revocación de parte de una sala, equivaldría a un atentado al derecho inaceptable en una sociedad democrática.  En los aspectos sustantivos de su fallo, el Ministro Muñoz se cargo de las premisas del alegato del representante del Ministerio Público, quién pese a insistir en que no se pronunciaría sobre la culpabilidad de Olate, sino de la “seriedad” de las pruebas aportadas por la Fiscalía colombiana, definió el siguiente esquema: 

1.      La FARC es una organización terrorista.

2.      Roque es parte de la FARC

3.      Roque financia la FARC.

4.      Roque es Manuel Olate Céspedes

5.      Manuel Olate financia la FARC.  Esto sin perjuicio de considerar los delitos por los cuales se solicitó la extradición: 

 “1.- Financiación del Terrorismo y Administración de Recursos Relacionados con Actividades Terroristas. Artículo 345 del Código Penal, Modificado por la Ley 1121 de 2006, Artículo 16”(…) y 2.- Concierto Para Delinquir Agravado Artículo 340 Modificado Ley 733/2002 Art. 8”.  El impecable razonamiento jurídico del juez Muñoz se inicia, en el considerando 29º, con la invocación al principio de inocencia, sistemáticamente atropellado por Piñera, Espina, la fiscalía colombiana, El Mercurio y La Tercera:  “Antes de iniciar el análisis particular de los medios de prueba rendidos en este procedimiento, resulta del todo apropiado señalar que entre los derechos ampliamente reconocidos por las sociedades contemporáneas se encuentra el principio de inocencia, que ha pasado tal vez inadvertido, pero que la Excma. Corte Suprema, en su fallo de doce de julio último, en los autos rol N° 3.613 – 2.000,  nos recuerda fue proclamado en nuestro país. (…) 

 El Tribunal Excelentísimo agrega, que recién el legislador de 1989 incorporó este principio a nuestra legislación y lo desarrolló en el artículo 42 del Código de Procedimiento Penal, al disponer que “a nadie se considerará culpable de delito ni se le aplicará pena alguna sino en virtud de sentencia dictada por el tribunal establecido por la ley, fundada en un proceso previo legalmente tramitado”; principio reiterado en el Código Procesal Penal, en su artículo 4º el que señala: “Presunción de inocencia del imputado. Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por sentencia firme”. Este sólo hecho está indicando que los políticos y los medios de comunicación mencionados, incurrieron, de manera flagrante, en delito de opinión; el que por tanto, debe ser perseguido. 

 En efecto, no se puede permitir que en virtud de una paranoia ideológica de dudosa justificación, políticos de diversos pelajes y medios de comunicación, atenten de esa manera contra derechos ciudadanos, sin los cuales es inútil proclamar convivencia democrática y civilizada. 

 Ilegalidad de origen

 Enseguida, el fallo de ministro Muñoz asume el crucial problema de la legalidad de la prueba presentada por la parte colombiana, en tanto procedente de un acto violatorio del derecho internacional, como lo fue el artero bombardeo del campamento de Raúl Reyes, en territorio ecuatoriano, el 28 de febrero de 2008: “Es un hecho afirmado por el Estado requirente que sus efectivos militares y policiales se adentraron 1.500 metros en el territorio soberano de otro país, en este caso Ecuador, para destruir un campamento del Frente 48 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en donde se dio muerte a diferentes personas y se recogieron evidencia consistente en computadores y memorias portátiles.

 Es por este origen externo al territorio  soberano de Colombia que no resulta procedente invocar la aplicación del principio de legalidad en la producción de la prueba invocado por el Ministerio Público, conforme a las disposiciones colombianas, por cuanto si bien fueron efectivos militares y policiales de Colombia los que recogieron la evidencia, lo hicieron fuera de su ámbito jurisdiccional”. A mayor abundamiento, el ministro Muño agregó en su fallo: “Aceptar la teoría de los ataques preventivos de los países en los territorios soberanos de otros, importa reconocer la legitimación de la fuerza en las relaciones internacionales, circunstancia que nuestro país no aprobó al formar parte del Consejo de Seguridad de las Naciones con motivo de la invasión armada de Estados Unidos a Irak. (…) 

El informe de la Comisión de la OEA que visitó Ecuador y Colombia, encabezada por su Secretario General, dejó consignado en su informe que las tropas colombianas ingresaron 1.800 metros en territorio de Ecuador, en donde, previamente se lanzaron seis bombas, resultando 25 personas muertas y tres mujeres heridas, “hecho que constituye una violación de la soberanía y de la integridad territorial del Ecuador y de principios de derecho internacional”. Por si todo esto fuera poco, añadió: “El análisis no concluye aquí, puesto que si bien es cierto que las argumentaciones expresadas demuestran claramente el proceder contrario a derecho del Estado colombiano al incursionar efectivos militares y policiales en territorio de la República del Ecuador, actividad con la cual le fue posible obtener la evidencia que ahora invoca en contra del requerido Olate Céspedes, sin embargo, resulta necesario avanzar en la ponderación de los antecedentes. 

 En este análisis se descarta, desde luego, cualquier relativización de la gravedad de los hechos sucedidos y sus consecuencias, así como también cualquier alegación de falta de perjuicio de Olate Céspedes, ya que los afectados serían terceros.   Relatividad que no es posible atender, puesto que se han violado las garantías de Manuel Olate, desde el momento que se hicieron conocidos registros fotográficos y de texto que podrían relacionarse con su persona, sin que haya consentido él en ello, como tampoco la persona que mantenía tales registros, tercero que incluso falleció al momento de recolectarse la prueba. 

 Es más en el relato del testigo Parra de la defensa del requerido, afirma que según los informes de las autoridades ecuatorianas  se habría asesinado a efectivos de las FARC desarmados y ya prisioneros; hecho ejecutado por las tropas que invadieron territorio ecuatoriano, suceso que, en su concepto, constituye crimen de guerra, al dar muerte a personas detenidas y desarmadas”.  El fallo del ministro Muñoz concluye sobre este crucial problema:  “Por lo anterior se priva de valor y efecto a la prueba impugnada, la que deriva de los computadores portátiles, discos duros externos y memorias USB obtenidas en el campamento de la Comisión Internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en territorio de la República del Ecuador”. 

 Olate es Roque ¿y qué? 

El considerando 43º es particularmente relevante, por cuanto da por hecho que “Manuel Francisco Olate Céspedes puede ser vinculado con el uso del seudónimo o código de identificación “Roque”, lo cual se vincula con el considerando 44º: “Se puede tener por acreditado que esta persona es militante del Partido Comunista de Chile, el cual mantiene relaciones calificadas de solidarias con el pueblo colombiano, las que se concretan en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia desde la fundación de esa organización, en sus aspectos políticos, sin que existan antecedentes que permitan vincularle en los aspectos operativos y prácticos de las formas de lucha armada por la que han optado las FARC, las que en todo caso los testigos, integrantes de dicho Partido Político, niegan y sostienen que buscan el reconocimiento de la calidad de fuerza beligerante para las FARC, como la celebración de un acuerdo de paz con el gobierno de Colombia, pues consideran que es la única vía que permitirá poner fin a la situación de violencia de ese país”.

 Este es, probalemente, uno de los aspectos centrales del fallo. Aún asumiendo que Olate es Roque, el Ministro concluye que la actividad de Olate en apoyo de las FARC, que por lo demás el nunca negó, no es constitutiva de delito, como afirmaba la paranoica versión de la parte colombiana y la dócil prensa chilena

.  Goles con chanfle 

Luego, el fallo del Ministro Muñoz se hace cargo del fondo del problema, esto es, la acusación de que Olate financia a las FARC. Sobre este punto, señala en el coniderando 46º: “Que el Ministerio Público de Chile ofreció la prueba acompañada a la solicitud de la República de Colombia, para establecer los hechos en que se sustenta la petición de ese Estado, la que concretó en las audiencias destinada a la recepción de la misma. Pero, además, ofreció y produjo prueba nacional.

Sin embargo, sobre la base de complementar la anterior, ha pretendido acreditar nuevos hechos, distintos de aquellos expresados por el requerimiento colombiano, especialmente en lo relativo a precisar que Manuel Francisco Olate Céspedes es Roque y que Manuel Francisco Olate Céspedes financia a las FARC”.  O sea, el ministro Muñoz dice, claramente, el Ministerio Público chileno se excedió en sus atribuciones, en el dudosamente patriótico cometido de extraditar a un connacional a uno de los estados más controvertidos del concierto internacional. 

  Peor aún, el representante del Ministerio Público chileno, intentó meter goles con “chanfle”:  “Agrega el Ministerio Público que se ha “probado la realización de una serie de actividades efectuadas por el núcleo chileno de las FARC (léase Comité de Solidaridad con el Pueblo Colombiano) y del capítulo chileno de la Coordinadora Continental Bolivariana” consistente en la “realización de fiestas donde se cobraba por ingreso y consumo; la venta de CD`s con películas alusivas a la causa de las FARC; la venta de poleras y otros objetos; o la venta de la Revista Resistencia”, todo lo cual generaba ganancias.

Al respecto se pregunta: “¿Dónde fueron a parar esos dineros?” y el mismo fiscal del Ministerio Público formula las siguientes hipótesis, que tiene como antecedente de sustentación que las FARC son una organización terrorista y que las leyes colombianas sancionan el terrorismo: “Si fueron entregados por Manuel Olate a las FARC, hay financiación del terrorismo”; “Si el Comité de Solidaridad Chileno con el Pueblo Colombiano es parte de las FARC, y las ganancias financiaban a dicho Comité, entonces también hay financiación del terrorismo”, y “Si el dinero sirvió para pagar los viajes de Manuel Olate a los campamentos de las FARC, para que este realizara videos de propaganda o acompañara a personas que buscaban entrenamiento armado o realizaran entrevistas – muchas de las cuales sabemos eran pagadas –, hay financiación del terrorismo”. A lo que responde el juez Muñoz: “En todo caso, de estimarse que tales hechos están comprendidos en la alusión genérica al financiamiento de las FARC y que éstas son una organización terrorista, lo cierto es que las hipótesis planteadas por el Ministerio Público no tienen respuesta en los antecedentes, no se ha establecido que se percibieron dineros y que éstos fueron enviados a las FARC”.

 A mayor abundamiento, el fallo añade: “Que anexo a todo lo anteriormente expuesto, no es un fundamento serio para convencer a este Tribunal, aun para el solo efecto de formular una eventual acusación, que con las actividades a que alude el requerimiento, venta de la revista Resistencia o las que agrega el Ministerio Público chileno, realización de fiestas, venta de discos compactos, poleras, chapitas, muñecas, películas, y fotos en actividades dirigidas a un reducido número de personas y con un mismo ideal político, como con una entrevista televisiva, se financie a las FARC, organización que conforme a los dichos del propio perito señor Ochoa ha llegado a tener más de 20.000 personas en armas y en la actualidad alcanzaría a 8.000 efectivos movilizados – cifras mayores expresa el testigo Parra –, debidamente organizados, con recursos y capacidad de enfrentar permanentemente a las fuerzas armadas y policiales regulares de Colombia, con presencia y control en diferentes lugares del territorio de ese país, en el que mantiene esta situación que afecta a la población desde hace ya cuatro décadas”. . 

De lo cual concluye: “Las acciones expresadas y atribuidas a Olate Céspedes, en concepto del Tribunal, tienden a respaldar el proyecto e ideal político de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y efectuar labores de difusión y propaganda de tales ideales, sin que se advierta el dolo directo e intención manifiesta que exige la legislación nacional e internacional para estar ante un ilícito de la naturaleza del que es objeto del requerimiento de extradición: financiamiento de las acciones terroristas desarrolladas por integrantes de las FARC”.

 Más grave aún, el representante del Ministerio Público chileno mintió en al menos dos ocasiones: al aseverar que en Colombia hay un proceso formal contra Olate, y al decir que en Chile no lo hay; es decir, proceso distinto al de extradición, lo cual llevó al Ministro Muñoz a formularle el siguiente reproche: “El principio de objetividad y exhaustividad que afecta al Ministerio Público ha debido llevarle a exponer con mayor acopio de antecedentes la situación”.  En suma, el fallo del Ministro Sergio Muñoz ni siquiera encuentra mérito para enviar los antecedentes a un tribunal chileno, lo que significa la proclamación de la total inocencia de Manuel Olate. 

 Implicancias 

Ahora, deben ponderarse las implicancias.  Por de pronto, en el plano político, este fallo representa acaso el fiasco más notable de un gobierno que en su primer año los acumula en número considerable.  Más aún cuando Piñera se involucró personalmente en la operación.  En segundo término, como se encargó de señalar el abogado Carocca, el fallo defiende valores democráticos fundamentales, como la libertad de expresión y la posibilidad de manifestar opiniones políticas sin ser perseguido por ello.

  Pero en lo fundamental, interpela de manera radical el abuso en que incurren los medios de comunicación monopólicos en Chile, cuando consideran amenazado el injusto orden social que posibilita su posición monopólica.

 Hablemos en serio: la paranoia de los sectores dominantes no basta para tipificar delito.